viernes, 28 de marzo de 2014

La pobreza atrapa a siete millones de españoles por el recibo de la luz


En España casi un 17% de hogares tiene un serio problema para afrontar el pago de los recibos de luz y gas para garantizar condiciones de habitabilidad aceptables. La pobreza energética es responsable de 7.200 muertes prematuras cada año.


Indice de personas y porcentaje de hogares incapaces de mantener una temperatura adecuada en su hogar. Fuente: Asociación de Ciencias Ambientales.

Cinco años de crisis han dejado una España empobrecida. Esa España de la crisis, el país del paro disparado y la precariedad creciente, ha empujado a muchos ciudadanos a la pobreza… y también ha hecho más evidentes otras formas de pobreza. Entre ellas, una que pasa inadvertida en las estadísticas oficiales y que se vive de puertas para dentro en muchas casas: siete millones de españoles tienen serias dificultades para asumir el coste de la energía necesaria para asegurar unas condiciones de habitabilidad de su vivienda aceptables. 

Millones de españoles han caído en la trampa de la denominada pobreza energética. Un término de larga tradición en otros países europeos, pero que en España sólo muy recientemente ha empezado a tener una relativa notoriedad, apenas durante el último año. 

Diversas ONG españolas y movimientos civiles vienen alertando de la expansión de este nuevo tipo de pobreza que tiene menos visibilidad porque se vive (se sufre) en la intimidad del hogar. E incluso se han producido numerosas movilizaciones en la calle y ha habido iniciativas legislativas (aprobadas en algunos parlamentos regionales y que han quedado en nada en las Cortes españolas) que buscaban soluciones específicas para abordar el problema.

En España un 16,6% del total de hogares se encuentra en esa situación de dificultades severa para pagar el recibo de la luz o del gas para garantizar unas condiciones de habitabilidad adecuadas, especialmente en materia de calefacción. Así se recoge en el informe Pobreza energética en España 2014, elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) y presentado ayer en Madrid. Se trata del único estudio específico sobre la materia que se realiza en el país y su primera edición, publicada en 2012, fue el verdadero detonante que ha hecho ganar relevancia y repercusión pública a este problema. 

ACA confirma así que el problema ha ido a más. En su anterior informe, que incluía datos a cierre de 2010, la pobreza energética alcanzaba al 12% de los hogares del país, lo que suponía que eran unos cinco millones los españoles afectados. En sólo unos años, las cifras se han disparado, con dos millones más de ciudadanos con dificultades serias para costear sus gastos energéticos. Antes de la crisis, en 2007, los hogares con problemas eran un 7% del total, y eran unos 2,5 millones los ciudadanos afectados. 

Menos ingresos por la crisis y subidas de precios 

La frontera para estar o no en una situación de pobreza energética se encuentra, por un lado, en estar obligado a destinar más de un 10% de los ingresos totales para cubrir los gastos energéticos anuales de la vivienda (el doble que la media nacional) y, en paralelo, en ser incapaz de mantener el hogar a una temperatura adecuada sobre todo en los meses fríos (al menos entre 18 y 21 grados).

El golpe que ha supuesto la crisis económica para el nivel de ingresos de muchos hogares, el encarecimiento de los precios energéticos (con subidas de más del 70% en la última década en el caso del recibo de la luz) y los problemas evidentes de eficiencia energética en el parque de vivienda español han derivado en un agravamiento de este nuevo tipo de pobreza. 

La crisis, según se ha ido alargado, no ha hecho sino agravar el problema. Las cifras que ofrece el último informe de ACA, correspondientes al cierre de 2012 (último ejercicio con datos disponibles), muestran que las personas que gastan más de un 10% de sus ingresos a costear sus gastos vinculados a la energía se ha disparado un 34% en dos años (hasta alcanzar esa fatídica cifra de 7 millones de ciudadanos). 

Indice de ingresos y gastos en energía por hogar. Fuente: Asociación de Ciencias Ambientales.
Y el volumen de personas que se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses fríos se ha disparado un 50% entre 2008 y 2012, hasta alcanzar un 9% de los hogares del país, afectando así a un total de 4 millones de españoles. Y con "temperatura adecuada" el estudio se refiere no sólo a confort térmico (a alcanzar una temperatura suficientemente cálida), sino a encontrarse por debajo de un estándar suficiente para garantizar la salud de los habitantes. 

El escenario macroeconómico español, con la tasa de desempleo por encima del 26%, ha complicado este problema. Al cierre de 2012, un tercio de los hogares en que el cabeza de familia estaba en paro destinaba más de un 10% de sus ingresos totales a pagar las facturas de electricidad y gas: en concreto, un 34% de los hogares (lo que afecta a 1,2 millones de personas), frente al 14% que se registraba en 2007. 

No obstante, hasta un 11% de los hogares en que la persona de referencia mantenía su empleo también tenía problemas para asumir sus recibos energéticos (frente al 3% de cinco años antes, de antes de la crisis). De igual modo, los hogares de jubilados con un gasto desproporcionado en su factura de energía ha pasado desde el inicio de la crisis del 13 al 21%. 

Cuando las facturas matan 

Un estudio del Observatorio de Energía de la Fundación Repsol desvelaba esta misma semana que la inmensa mayoría de españoles, hasta un 75% de la población, está optando ya por ahorrar en su consumo de energía por razones económicas aun a costa de perder confort en el hogar. Pero el problema de la pobreza energética va mucho más allá de intentar ahorrar unos euros en el recibo bajando unos grados la calefacción o utilizando bombillas de bajo consumo.

Y es que hablamos de un escenario alarmante en que familias con niños o ancianos renuncian a condiciones de habitabilidad siquiera razonables por no poder pagar el recibo de la luz y el del gas. Situaciones dramáticas que no sólo tienen implicaciones económicas, sino también ataca directamente a la salud de los afectados: la pobreza energética sería la causa de más de 7.200 muertes prematuras año tras año en España. 

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un 30% de las muertes adicionales que se producen en invierno estaría vinculado a los problemas para garantizar la habitabilidad de las viviendas por los costes energéticos que requiere. En 2012, la moratalidad adiconal en invierno -de diciembre a marzo- en España alcanzó los 24.000 fallecimientos, de los que más de 7.000 estarían vinculados a la pobreza energética (los accidentes de tráfico se cobraron ese año 1.129 víctimas mortales). 

Esos 7.000 fallecimientos, subrayan los responsables del estudio de ACA, no se trataría casos de personas que mueren de frío en su hogar, sino que se son casos en los que por no contarse en la vivienda de las condiciones de habitabilidad mínimas los habitantes contraen enfermedades o sufren un agravamiento de afecciones ya existentes que derivan en su fallecimiento. 

Amparados sólo por el bono social 

En España no existe una definición legal –negro sobre blanco, en documentos oficiales- sobre qué es la pobreza energética, sobre qué condiciones determinan estar en esa situación o no. Mientras que en más de la mitad de los países de la Unión Europea está vigente la denominada tregua invernal (por la que se impide los cortes de luz en los meses más fríos para evitar casos dramáticos), el Congreso español, con el único voto del PP, rechazó el pasado diciembre una iniciativa que proponía implantar esta medida.

Proporción de ingresos del hogar destinado a energía. Fuente: Asociación de Ciencias Ambientales.

La legislación española sólo contempla bono social (la aplicación de tarifa de la luz con descuento para colectivos vulnerables) como medida de prevención, o simplemente paliativa, de la pobreza energética. Y con la reforma eléctrica que sigue desgranando el Gobierno parece que no cambiará y no se introducirán otras iniciativas. España es el tercer país europeo, tras Rumanía y Malta, con mayor proporción de clientes acogidos a precios bonificados por causas sociales. En torno a un 10% de los hogares están acogidos al bono social, que pagan una tarifa eléctrica por debajo de los precios actuales, cerca de un 27% menos, ya que está congelada desde 2009. 

Sergio Tirado, director académico del estudio de ACA, reclama que el bono social se deje de vincular a sólo colectivos concretos y por la potencia eléctrica contratada para pasar a aplicarse en función de los ingresos del hogar; pide que su aplicación sea automática, y que no requiera la iniciativa del consumidor; y propone que estos precios bonificados no se apliquen sólo a la luz, sino que se amplíe también al gas natural o el butano. 

Junto a las medidas meramente paliativas de los efectos de la pobreza energética (esto es, el bono social), los expertos de ACA subrayan la necesidad de desarrollar iniciativas que busquen soluciones a largo plazo. Unas medidas que muy singularmente pasarían por la rehabilitación de las viviendas para hacerlas más eficientes desde el punto de viste energético, haciendo posible así reducir las facturas energéticas al contener el consumo necesario. 

Diferente impacto por CCAA 

No todas las comunidades autónomas muestran el mismo nivel de vulnerabilidad frente al problema. Murcia, Andalucía, Extremadura, Cataluña o Castilla-La Mancha son las que acumulan una mayor proporción de hogares afectados en ambos baremos utilizados para medir la pobreza energética (utilizar más de un 10% en costes energéticos o la imposibilidad de garantizar las condiciones de habitabilidad por cuestiones económicas). En el extremo contrario, se sitúan Asturias, País Vasco y Madrid, como las regiones menos afectadas por esta problemática. 

En paralelo, estudio subraya la diferencia incidencia de la pobreza energética entre las zonas urbanas y las rurales, siendo mayor en el caso del campo. A pesar de que las zonas urbanas densamente pobladas aglutinan un porcentaje de población mucho mayor que las zonas rurales (22 millones frente a 11 millones de habitantes, respectivamente), son estas últimas las que tienen un mayor número de habitantes con gastos deproporcionados en el pago de las facturas de luz de gas. 


Escrito por: David Page
Publicado en: Expansión.com

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