miércoles, 30 de julio de 2014

El sector eólico instala en España un solo molino en lo que va de año



Ya no tiene ningún pedido pendiente. Las empresas renuncian a desarrollar 928 MW del registro de preasignación tras el "fuerte castigo regulatorio". 

El sector eólico apenas instaló un aerogenerador de 0,08 megavatios (MW) en el primer semestre del año y se ha quedado sin pedidos para el mercado nacional como consecuencia del "fuerte castigo regulatorio", indica en una nota la Asociación Empresarial Eólica (AEE). 

Tras la incorporación de este aerogenerador, instalado en Galicia, la potencia eólica total del sistema eléctrico nacional se sitúa en 22.970 megavatios (MW) a cierre del primer semestre. 

Durante los seis primeros meses del año también han entrado en funcionamiento los 11,5 MW de Gorona del Viento, en la isla de El Hierro, un parque experimental único en el mundo por su carácter híbrido eólico-hidráulico, con una retribución específica asignada exclusivamente a esa instalación. 

La AEE, que recuerda que la nueva regulación no incluye más incentivos para proyectos experimentales, considera que la reforma energética "hace muy difícil que se acometan nuevas inversiones en el país" debido a la inseguridad jurídica y a que la norma "no garantiza la rentabilidad razonable". 

"No está claro si acabarán por ponerse en marcha los 177 MW no instalados pero inscritos en el registro de preasignación", advierte la asociación, antes de asegurar que las empresas titulares de 928 MW inscritos renunciaron a instalar la potencia asignada como consecuencia de la nueva regulación. 

Cierre de fábricas 

La "sequía de nuevas inversiones" ya tiene un impacto directo en la industria eólica, que se ha quedado sin posibilidades de nuevos pedidos para el mercado doméstico y se enfrenta a la disyuntiva de cerrar fábricas y quedarse o marcharse de España, afirma la asociación. 

Ante esta circunstancia, AEE considera fundamental que el Gobierno reserve un "ligar destacado" a la eólica dentro del nuevo plan de impulso a la industria. "La difícil tesitura en que se ha situado a la eólica como consecuencia de la nueva regulación exige que se tengan en cuenta sus nuevas y difíciles circunstancias de cara a las nuevas decisiones regulatorias en ciernes", afirma, antes de recordar que esta tecnología ha sido la más afectada por los recortes en el sector eléctrico. 

Regulación pendiente 

El sector teme que las órdenes ministeriales pendientes de la reforma energética, entre ella la de interrumpibilidad o la de los pagos por capacidad, impliquen nuevos costes "con efectos devastadores" para la eólica. 

"En la segunda parte de la reforma fiscal en la que trabaja el Gobierno se deberían tener en cuenta las peticiones del sector en torno a la racionalización de los impuestos autonómicos de supuesto carácter medioambiental o la eliminación de la tasa del 7% sobre la generación eléctrica", afirma.


Fuente: Expansión

martes, 29 de julio de 2014

Las eléctricas empiezan las rebajas


El ahorro en la factura energética está en nuestra mano. / ÁLVARO GARCÍA

Tras la tormentosa retirada del sistema que establecía los precios del mercado eléctrico, el famoso sistema de subastas CESUR, que fue eliminado abruptamente por el Gobierno el pasado mes de diciembre tras comprobar irregularidades en dicho sistema. De hecho, según Industria, los consumidores, de media han pagado anualmente 300 millones de euros de más en el coste de la energía en su recibo eléctrico debido a las coberturas financieras que entraban en juego en el sistema de subastas, medido entre el precio medio del mercado y el efectivamente pagado. Esto supuso un sobrecoste de 1.160 millones de euros para los consumidores en los cuatro años de vigencia del modelo de subasta. 

El real decreto (PDF) aprobado en marzo fijó el nuevo mecanismo para determinar el precio de la energía en la tarifa eléctrica regulada, es decir, algo así como el 40% del recibo eléctrico que pagan unos 16 millones de consumidores, los usuarios de la antigua Tarifa de Último Recurso (TUR), que desde enero ha pasado a llamarse Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). 

¿Cómo se calcula el precio ahora? 

Mediante este modelo, los consumidores pagan la electricidad consumida a un precio medio del mercado en el periodo de facturación. Aquellos que dispongan de contador con discriminación horaria, es decir, lo que se ha venido en llamar un “contador inteligente”, pagarán cada hora de consumo al precio exacto que haya tenido el mercado en ese momento, midiendo el consumo por horas. Si el usuario no tiene contador inteligente, la eléctrica calcula la media de todos los días del periodo de facturación, que seguirá teniendo carácter bimestral. Sin duda este es uno de los puntos más conflictivos en este comienzo de nuevas tarifas: sólo 7 millones de usuarios, un tercio del total, tienen este tipo de contador y ni siquiera todos están conectados para el nuevo sistema, por lo que el precio se fija por una media. De hecho, será para el 2018 cuando este sistema esté funcionando plenamente, tras la renovación de todo el parque de contadores. Según el Ministerio de Industria, este sistema supondrá una media de un 10% de ahorro para los consumidores, siempre que no se modifique la parte regulada de la tarifa; algo que, por otra parte ya ha ocurrido. 

El operador Red Eléctrica de España (REE) es el encargado de calcular y publicar los precios horarios y de poner a disposición del ciudadano las herramientas para gestionar su consumo. Asimismo, para los usuarios sin contador inteligente, se encarga de elaborar los perfiles de consumo que se elaboran de acuerdo con unos patrones de comportamiento, son públicos y se actualizan cada jueves. Existen tres perfiles (general, nocturno y vehículo) que responden a un tipo de tarifa y cubren tanto a los consumidores de tarifa (16 millones) como de mercado (más de nueve millones). Estos perfiles informarán de lo caro que es consumir más electricidad a las 10 de la noche en comparación a hacerlo a las ocho de la mañana (entre el 20% y 30% más caro). La información que publica REE da a conocer que hay un precio horario y la existencia de varias tarifas; ofrece la posibilidad de comprobar la factura; aclara el patrón de consumo que se va a aplicar al que no tiene contador inteligente y para qué sirve este, así como que está cobrando por la energía lo que cuesta. Igualmente, en el mismo sentido, la CNMC ha puesto a disposición de los usuarios acogidos al PVPC un simulador para que éstos puedan calcular los importes de facturación no incluyendo los que se encuentren en el mercado libre y a los que han aceptado las tarifas planas, aunque realmente estos últimos son muy pocos. 

Las eléctricas deberán compensar económicamente a los consumidores

Por otro lado, parece que el sistema se va a instaurar a partir de este mes de julio con una buena noticia: las eléctricas deberán devolver a los consumidores 153 millones de euros por haber cobrado de más en el segundo trimestre de este año, según los cálculos que maneja el sector. Tras establecer el Gobierno un mecanismo de compensación que fijó el precio de la luz para el primer trimestre en 48,48 €/MWh y que luego se amplió al segundo, resulta que las eléctricas tendrán que devolver lo facturado de más al haber sido el precio en el mercado inferior. La cantidad a devolver depende del consumo y la potencia contratada por cada consumidor, pero se calcula una media de 10-12 euros. Eso sí, siempre hablando de los consumidores acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, los casi 10 millones de usuarios acogidos a tarifas libres estarán a lo dispuesto en sus tarifas. 

De hecho, este es un paso más en la liberalización del sector perseguida por el Gobierno y que trata de fomentar a las empresas eléctricas y a los consumidores, unas a ofertar tarifas eléctricas competitivas, y otros a acogerse a las mismas, de modo que acabe desapareciendo la tarifa regulada. Sin embargo, tanto la patronal del sector, como las asociaciones de consumidores coinciden (y debe ser en lo único en que lo hacen) en que aún queda para que esto ocurra, ya que ninguno de los agentes está preparado todavía.


Autor: Manuel González
Fuente: El País

La CNMC concluye que el sobrecoste eléctrico iba a ser 400 millones en enero


El informe definitivo del regulador se reafirma en la invalidación de la subasta mayorista de diciembre por presentar numerosas anomalías 

El presidente de la CNMC, José María Marín. / EFE

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe sobre la subasta eléctrica Cesur (con el que se fijaba anteriormente el precio de la luz) celebrada en diciembre en el que ratifica los motivos para proponer la invalidación del proceso e incorpora cinco nuevas circunstancias que contribuyeron a arrojar "valores anómalos" en los resultados. 

En el informe, el regulador cifra además en 392,5 millones el sobrecoste que habría tenido para el consumidor la validación de esta subasta entre comercializadoras de último recurso. Este importe, señala, se hubiera trasladado a los consumidores acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC)". 

La CNMC reconoce que “no se observan estrategias coordinadas para la elevación de precios por parte de las empresas que acapararon mayores cuotas en las posiciones abiertas” en la subasta eléctrica celebrada el 19 de diciembre y que suspendió tras encontrar “circunstancias anómalas” en su funcionamiento, según el informe de la CNMC sobre la subasta. No obstante, el organismo que preside José María Marín Quemada señala que sí hubo algunas “anomalías” que confirman sus razones para proponer invalidarla. 

Además de ratificar los motivos para esa suspensión, la CNMC incorpora una serie de circunstancias que “confirman y completan” la decisión, según el análisis completo de las transacciones del mercado en la 25ª subasta, tras cuya suspensión se modificó el método para calcular el precio de la electricidad. Competencia, que había requerido estos datos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para completar el informe previo publicado el 7 de enero, detalla las circunstancias tras analizar la negociación de uno de los contratos a futuros en diciembre, el denominado Q1-14 (primer trimestre de 2014). 

Entre esas circunstancias, señala elevados niveles de concentración en algunas posiciones, reducidas presiones a la baja o valores anómalos en algunos diferenciales y precios en estos mercados. En el detalle del informe, destaca que los agentes pudieron tener “incentivos a la elevación continuada de precios” de uno de los contratos cerrados, el denominado Q1-14, en estos mercados previos a la subasta. 

La subasta Cesur para el suministro de electricidad a los hogares y empresas acogidos a la tarifa cerró con un encarecimiento del componente energético del 25,6%, lo que, de aplicarse al recibo de la luz, se habría traducido en un encarecimiento superior al 10%. De haber aprobado la puja, el sobrecoste habría sido de 392,5 millones de euros que se habrían trasladado a los consumidores acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), según el informe de la Comisión de la Competencia. 

El importe se habría repartido entre los operadores en la citada subasta, que fueron las instituciones financieras, las empresas intermediadoras específicas y las eléctricas, a través de sus comercializadoras, que tuvieron alrededor del 15% de la misma. 

Ante esta situación, el Gobierno tachó esta subida de la luz de exagerada y pidió a la CNMC que investigara la subasta al considerar que había “una clara manipulación” y “falta de competencia”, algo que fue inmediatamente rechazado por las eléctricas. La respuesta de la Comisión fue la recomendación de la no validación de la subasta, por primera vez desde que se fijó este mecanismo para determinar las revisiones de tarifa, debido a “la concurrencia de circunstacias atípicas y en un contexto de precios elevados en el mercado diario durante las semanas previas”. 

El pasado 7 de enero, la CNMC publicó el informe preliminar en el que constataba la concurrencia de “circunstancias atípicas”, pero evitaba hablar de manipulación. Con todos los datos nuevos, que “confirman y complementan las razones que llevaron a proponer la no validación de la subasta”, el organismo tiene prácticamente cerrada su investigación sobre esta subasta.


Fuente: El País

Las nuevas tarifas eléctricas indignan a los regantes del Guadalquivir


Un agricultor en uno de los regadíos de la zona de Nueva Jarilla, en Jerez. / ROMÁN RÍOS

En la campiña jerezana se barrunta un otoño caliente. Más de 2.000 regantes de la comunidad del Guadalcacín han dado la voz de alarma tras anunciarse la que puede ser la segunda subida eléctrica en un año. En 2013 soportaron un encarecimiento del recibo de la luz del 20% y ahora temen que la nueva orden del Gobierno, publicada en el BOE el pasado 19 de julio, suponga más incrementos de hasta el 40%. Una situación que retrata los agitados ánimos en toda la cuenca del Guadalquivir, donde se concentra la mayor parte de los 100.000 regantes y del millón de hectáreas de regadío que hay en Andalucía. Los agricultores han visto incrementado su recibo de la luz en 37 millones tras el tarifazoeléctrico del pasado agosto, a lo que hay que añadir el sobrecoste de los cánones por la construcción de los embalses de la Breña II y Arenoso. 

La subida del recibo la aplica el Estado, que recuperó las competencias del Guadalquivir en 2011. El regadío supone el 80% de los usos del agua y un 50% del empleo agrario andaluz. 

“Nos quieren subir tres céntimos el kilovatio, una auténtica burrada”, protesta Jacinto Carrasco, presidente de la comunidad del Guadalcacín en Jerez. Este comunero aporta un dato que refleja la situación de los regantes en la comarca: el 18% de los recibos de luz ya no se pagan en periodo voluntario. En su opinión, la falta de viabilidad está haciendo que muchos regantes abandonen sus explotaciones y otros sopesan volver al riego tradicional. “El problema es que los sobrecostes de luz no se pueden pagar con lo que se siembra”, agrega Carrasco. Los cultivos más perjudicados en la zona son el algodón, el maíz, la remolacha y, sobre todo, las hortalizas, que ya arrastran un invierno “desastroso”, según estos trabajadores, por la caída de la demanda en los países europeos. 

La gota que ha colmado la paciencia de los regantes ha sido la circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de la electricidad y que regula nuevos periodos y modalidades tarifarios. Aunque el alcance final de esta normativa se conocerá cuando se aprueben los nuevos peajes de acceso, los agricultores se temen lo peor. “Aún hay que esperar, pero vemos que puede haber aspectos negativos como la penalización en los consumos de agosto, aunque puedan atenuarse los tramos de junio y julio”, indica Pedro Parias, secretario general de Feragua, la principal federación de regantes. No obstante, esta organización recomienda a los agricultores que se preparen ante el nuevo escenario tarifario que les obligará a optimizar la potencia contratada y a modificar los hábitos de consumo para ajustarse a los nuevos periodos tarifarios. 

El sector desconfía de que el Gobierno central vaya a frenar a a las eléctricas. “Ya les habíamos pedido a los ministerios el IVA reducido y una tarifa especial para los regadíos. Y ni lo uno ni lo otro. Hablan mucho de crear empleo, pero esta nueva normativa sólo trae ruina y más paro”, se lamenta Carrasco. 

Junto al incremento de las tarifas eléctricas con carácter general, los regantes soportan además los sobrecostes derivados de los cánones de explotación de la Breña II y Arenoso, que suponen casi 20 euros por hectárea adicionales. Feragua, que plantea a los regantes un plante fiscal, ha anunciado que recurrirá el canon anunciado para 2015 ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía, al igual que hizo con las tasas impuestas en los dos últimos años, que contemplaban una subida del 30%. 

De igual forma, Feragua ha exigido al ministerio que rectifique y elimine la intermediación de Acuaes, la antigua Acuavir, en la explotación de estos embalses, al entender que esta intermediación solo provoca “un encarecimiento artificial del coste de explotación y de mantenimiento de medidas medioambientales que soportan los usuarios”. Feragua estima que una gestión directa por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir permitiría reducir el canon a una tercera parte al ampliar el periodo de amortización de 25 a 50 años, como ocurre en todas las presas estatales, que se amortizan en 50 años según la Ley de Aguas. Parias pone un ejemplo: por 16 presas del sistema de regulación general, la Confederación del Guadalquivir traslada unos costes de explotación de 4,3 millones, mientras que por solo dos presas, la sociedad Acuaes traslada 1,3 millones. 

Mientras, en el plano político el PSOE andaluz ha criticado que el PP rechazara en el Senado la moción presentada para reducir las tarifas eléctricas al regadío, para que paguen solo por la potencia real utilizada y no por la contratada, además de permitirles producir energías renovables para el autoconsumo. 

En alerta por los robos de cobre

Los transformadores de cobre de las comunidades de regantes se han convertido en uno de los objetos favoritos de los cacos. Tanto es así que los agricultores alertan del incremento de los robos en los últimos meses, y la sospecha de que se trata de bandas organizadas que actúan con impunidad en varios puntos de Andalucía. El secretario general de COAG en Jaén, Juan Luis Ávila, lo tiene claro: “Actúan siempre con el mismo método, de noche, y desconectando los sistemas de alarma. Entran en los centros de transformación de las comunidades de regantes, los desconectan y los vacían, llevándose el cobre de las instalaciones, añadiendo además toda la herramienta que puedan llevarse a su paso. Algunas comunidades ya han sido asaltadas varias veces”. 

La COAG y varias comunidades de regantes de la provincia de Jaén han mostrado su preocupación por esta escalada delictiva al subdelegado del Gobierno en Jaén, Juan Lillo, a quien le han pedido un plan de seguridad específico para el regadío, además de una mayor vigilancia también en los desguaces para que se controle la procedencia del cobre que entra y que se asegure que no es robado. El cobre se paga en el mercado negro a poco más de cinco euros el kilo, pero el coste para reponerlo resulta millonario para los agricultores. 

El Gobierno se remite al plan de vigilancia puesto en marcha en 2013 en el campo bajo la denominación de Equipos Roca. Son 25 grupos con un total de 96 agentes de la Guardia Civil, más unidades de refuerzo hasta alcanzar los 200 efectivos.


Autores: Ana Huguet y Ginés Donaire
Fuente: El País

El "fracking" o la sordera hacia la ciencia


Habrá pasado desapercibido para muchos, pero el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC en sus siglas en inglés) publicó en abril el informe Cambio climático 2014. Mitigación del cambio climático. Como parte de sus conclusiones, los expertos de las Naciones Unidas confirman que el desarrollo del gas no convencional ha jugado un papel determinante en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los Estados Unidos. 

Más recientemente, el 26 de junio de 2014, la Agencia de Salud Pública de Reino Unido (Public Health England) publicó un informe donde analiza el impacto potencial sobre la salud pública de la producción de gas no convencional. Las conclusiones, basadas en una revisión profunda de la literatura científica existente, son reveladoras. En palabras del director del Centro de Riesgos Radioactivos, Químicos y Medioambientales de la Agencia, John Harrison: “La evidencia científica disponible a día de hoy indica que los riesgos potenciales para la salud pública de la exposición a las emisiones relacionadas con el proceso de extracción de gas de esquisto son bajos si las operaciones se ejecutan correctamente y bajo un marco normativo adecuado”. 

Para asegurar el éxito de las operaciones, los autores señalan que es extremadamente importante estudiar con detenimiento la localización exacta de las perforaciones, garantizar la integridad del pozo mediante las correspondientes barreras protectoras, ofrecer información sobre los productos químicos utilizados y mantener un monitoreo constante del entorno, incluyendo mediciones previas de las aguas y la calidad del aire. Estas recomendaciones siguen la misma filosofía que las presentadas por la Agencia Internacional de la Energía en su informe de 2012 Reglas de oro para una edad dorada del gas (Golden rules for a golden age of gas) y por la Comisión Europea en enero de 2014. 

De vuelta en España, Adecagua (la asociación española para la defensa de la calidad de las aguas) organizó recientemente en la sede del CSIC una jornada técnica centrada en la fracturación hidráulica y los usos del agua, que reunió tanto a expertos como a la industria y ONG. La asociación concluye que hoy existe “una extraordinaria experiencia sobre esta actividad, desarrollada en EE UU y Canadá, avalada por años de práctica y buen control”. Añade, una vez más y como punto clave, que los riesgos asociados con estos proyectos “resultan, de acuerdo con la experiencia acumulada, controlables y mínimos siempre que la actuación de los operadores sea acorde con las buenas prácticas y mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles”. 

Esta es, básicamente, la misma conclusión a la que han llegado, tras largas reflexiones y debates internos, tanto el Colegio Oficial de Geólogos como el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España. Y otros muchos organismos reconocidos a nivel nacional e internacional como la Real Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia Natural, la Real Academia de Ingeniería de Reino Unido, el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea o la Academia de las Ciencias de Francia, por citar tan solo algunos ejemplos. 

El gas no convencional tiene un gran potencial; no solo para estimular nuestra economía mediante la atracción de inversiones o la creación de puestos de trabajo directos e indirectos, sino también como energía puente hacia una economía baja en carbono. Desde el punto de vista técnico, no debemos temer los proyectos de exploración o la técnica de la fracturación hidráulica. Como cualquier actividad energética, industrial o casi podríamos decir humana, los proyectos de exploración conllevan riesgos. La buena noticia es que hoy en Europa contamos con la tecnología, el marco regulatorio y los conocimientos necesarios para gestionarlos. La experiencia norteamericana nos debe servir para extraer las lecciones pertinentes y avanzar en la búsqueda de soluciones cada día más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. 

La comunidad científica y técnica trabaja sobre la base de la objetivación científica del medio ambiente. Politizar la investigación de los recursos estratégicos no beneficia a nadie a largo plazo. Deberíamos, por el contrario, centrar nuestros esfuerzos en asegurar que los trabajos sobre el terreno sean técnicamente impecables en su planificación y desarrollo y que se lleven a cabo con las máximas garantías, con la máxima transparencia y en base a lo que dicta la ley. Hoy, por ejemplo, cualquier empresa que desee utilizar la técnica de la fracturación hidráulica está obligada a presentar un estudio de impacto ambiental completo (algo que, por cierto, no ocurre en todos los países europeos) y aportar una serie de estudios del entorno: estudio geológico, hidrológico, arqueológico, biológico, sísmico, de gestión de residuos y así un largo etcétera. 

España es uno de los países que, según las estimaciones existentes, cuenta con un potencial en recursos de gas natural, convencional y no convencional, suficiente para cubrir nuestra demanda durante varias décadas. Escuchemos lo que dicen los expertos y no cerremos la puerta a una oportunidad única para conocer mejor nuestros recursos y determinar su verdadero potencial. 


Autores: Luis Suárez es presidente del Colegio Oficial de Geólogos y Ángel Cámara es decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de España.
Fuente: El País

¿Qué es la energía?




Proceso de transformación de gas en electricidad




Un metro cúbico de gas ¿es mucho o poco?