miércoles, 28 de noviembre de 2012

Evolución del precio de la electricidad en viviendas


Un excelente articulo publicado en ABC de un periodistas que pienso seguir: 
Luis P. Arechaderra.

Cuando un consumidor abre el buzón y lee la factura de la luz, ve cifras que no dejan de subir trimestre tras trimestre, año tras año, y no conceptos de política energética ni del mercado eléctrico. Le preocupan las cuentas. 
La mayoría de las viviendas españolas pagan a través de la Tarifa de Último Recurso (TUR) -a la que están sujetos aquellos consumidores que tienen contratada una potencia inferior a 10 kilovatios y no deciden acudir al mercado por su cuenta-. En teoría, es lo más cómodo y lo más barato. Pero esta factura lleva años sufriendo las consecuencias de un sistema eléctrico complejo, un jeroglífico difícil de entender pero que rasca el bolsillo. Este recibo ha crecido un 69,14% entre 2006 y 2011, según los datos de Eurostat; en el mismo período, la subida en la zona euro ha sido del 13,1%, y en la Unión Europea, del 19%. 
Aunque pueda parecer lo contrario, esta tendencia no ha sostenido el equilibrio del sistema. Ni mucho menos. Desde 2004, los consumidores han acumulado una deuda de 24.000 millones de euros con las compañías eléctricas. Es lo que se denomina técnicamente déficit de tarifa, la diferencia entre los costes y los ingresos, que crece año a año. Y que la ley obliga a cortar en 2013. 
Para entender este desajuste, hay que arrojar luz sobre el «oscuro» mecanismo de formación de los precios de la electricidad, que se liberalizó en su mitad en 1997. La tarifa se compone de dos apartados. Una parte regulada por el Gobierno, que cubre actividades indispensables para evitar abusos sobre la red, como el transporte y la distribución, y otras actividades que se asumen que el Gobierno debe impulsar, como la introducción de las energías verdes en el mix energético, razón por la que se incluyen las primas a las energías renovables. Una partida que se ha convertido en uno de los dolores de cabeza del sector. El impulso de estas tecnologías requiere fuertes inversiones iniciales, que se compensan a largo plazo. Pero la crisis ha incendiado la polémica. Sus representantes las defienden a capa y espada, con la misma intensidad con que las critican sus detractores, las eléctricas tradicionales. El debate se entiende como una guerra entre dos sectores empresariales que se reparten una tarta que está saturada de comensales. Y es que desde hace años la potencia instalada no deja de crecer al tiempo que cae la demanda. 
La retribución de estos conceptos la fija la Administración cada tres meses. Y uno de los problemas del desequilibrio aparece cuando los gobiernos son tímidos en el ajuste de esta parte del recibo. Subir la luz nunca es popular. Pero no hacerlo, hasta que no se reforme el sistema actual, solo retrasa el problema. Las eléctricas siempre reclaman esta congelación del recibo. Y el Tribunal Supremo les ha dado la razón en el último caso: para el último trimestre de 2011 y el primero de 2012. Por eso, las compañías están incluyendo esta refacturación -lo que no se incrementó en su día- en las facturas actuales, desde agosto a diciembre, lo que está encareciendo el recibo una media del 7%. Otro pellizco más. 

Nuevos impuestos 

La otra parte del recibo se fija en el mercado a través de una subasta trimestral. Esta parte liberalizada se establece según la oferta y la demanda y cubre la producción de energía. La Comisión Nacional de Energía (CNE) ha investigado este proceso ante la sospecha de que las compañías manipulan la formación del precio con operaciones de compra y venta en los días previos a la subasta. La conclusión de la investigación negó esta hipótesis. Pero la CNE propuso reformar «los mecanismos de supervisión» ante la poca información que tiene de dicho mercado previo. La poca transparencia del proceso sigue sembrando dudas según fuentes del sector. 
Con el objetivo de incrementar los ingresos del sistema, el Gobierno aprobó el 14 de septiembre nuevos impuestos a las empresas. Pero su intención de no cargar todo el esfuerzo sobre los consumidores no es realista. El precio de mercado lo marca la tecnología más cara. Y, según un artículo de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), cualquier incremento en sus costes se traslada totalmente al precio final. Estas tecnologías se verán afectadas por el impuesto general del 6% y por los impuestos sobre los combustibles fósiles, argumenta Fedea. Un impacto que subirá la tarifa doméstica en torno a un 5% a partir de enero y entre un 10 y 15% para los consumidores industriales. 
El expresidente de Red Eléctrica Española (REE), Luis Atienza, afirmó que las eléctricas van a trasladar el 80% de estos nuevos impuestos a los consumidores. Un incremento que tendrá un efecto diferente en la cuenta de resultados de las empresas, según el artículo de los economistas Natalia Fabra y Gerard Llobet. Las centrales nucleares, las de carbón y fueloil y las de ciclo combinado compensarán el impuesto con la subida del precio; mientras que el coste neto sobre la producción hidráulica será de 200 millones de euros al año, debido sobre todo al canon específico para esta tecnología. Para las energías renovables, absorber el impuesto será más complicado, dado que «algunas reciben tarifas fijas y otras ven complementadas sus primas con los precios de mercado». Las primeras tendrán que asumir íntegramente el impuesto, dice Fedea; en las segundas, «el impacto dependerá de lo que represente el precio de mercado en su retribución». 
Una realidad compleja que, hasta que no reforme su esencia, seguirá apuntando al mismo lugar: el bolsillo de ese consumidor que abre asustado el buzón y que solo ve cifras.

¿Tendremos por fin un sector eléctrico liberalizado?

Es interesante sobre todo el repaso que hacen sobre la creación de la TUR y su evolución en esta tan tortuosa liberalización del sector eléctrico. Podríamos decir que como tantas cosas esta muy claro que en este país las liberalizaciones van un poco como el resto de las cosas. Más bien complicadas y no funcionando como deberían y algo que puede resultar un duro golpe al bolsillo del consumidor.

Publicado originalmente en ABC por: Luis P. Arechaderra y Luis M. Ontoso.


La tarifa regulada del recibo de la luz fue pensada como una balsa que debía ayudar a cruzar de una orilla a otra: del sistema eléctrico centralizado al liberalizado. Pero era eso: una balsa que había que abandonar al llegar a la otra orilla y a la que los consumidores se han acostumbrado. Ahora ha llegado el momento en que el Gobierno ha decidido abordar la otra orilla: acercarse más a la liberalización. Para ello, quiere reducir el número de consumidores subidos a la balsa, los que están refugiados en la Tarifa de Último Recurso (TUR). 
A la tarifa regulada se acogen los consumidores que contratan una potencia inferior a 10 kilovatios y que no quieren acudir al libre mercado, lo que incluye a la mayoría de los consumidores domésticos. La potencia media contratada por un hogar español es de 4,4 kilovatios. Y, mientras el hogar no tome la iniciativa de acudir al libre mercado, está automáticamente sujeto a la tarifa regulada. Según datos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), el 76% de los usuarios de electricidad pagan la TUR. Esto incluye a casi 20 millones de consumidores de un total de 27 millones. 
Los planes inmediatos del ministro de Industria, José Manuel Soria, pasan por limitar el acceso a la TUR a millones de hogares reduciendo el límite de potencia permitida para esta tarifa, según fuentes del sector. La TUR se creó en 2009, cuando se culminó el proceso en el que las empresas distribuidoras cedieron su función de suministrar electricidad a las empresas comercializadoras. El objetivo actual es avanzar en una reforma eléctrica que se ha convertido en una espiral interminable donde no dejan de saltar chispas. 
Mientras todos los agentes del sector (eléctricas tradicionales, renovables, industrias y consumidores) se sienten maltratados por las medidas gubernamentales, la Comisión Europea exige soluciones tempranas. Fuentes cercanas a los reguladores europeos avisan de que la preocupación por el déficit tarifario es cada vez mayor. No se confía en los nuevos impuestos aprobados como fórmula para arreglar el desequilibrio que genera el mecanismo de formación de los precios. 

¿La luz más cara? 

En principio, la intención de la liberalización de las tarifas pretende abaratar los precios del recibo de la luz. Cuantos más consumidores acudan al mercado libre, más (y mejores, supuestamente) ofertas pondrán en juego las compañías que comercializan la electricidad. Al menos a medio o largo plazo. Algo que ya pasa en otros países, y de lo que todavía estamos muy lejos en las condiciones actuales. 
Según un informe de la consultora PwC sobre los retos del sector eléctrico, el potencial de ahorro que ofrece la libre competencia en España es de 5 euros al año. Una cantidad insignificante. Esta dificultad de encontrar en el mercado libre ofertas mejores que la TUR pone de manifiesto, dice el informe, que esta tarifa es «extremadamente competitiva» y que constituye una barrera para la liberalización efectiva del mercado eléctrico. De hecho, solo un 0,8% de los clientes domésticos cambia de comercializador en España. Una cifra muy por debajo de la media europea: tanto en aquellos países que tienen tarifa regulada (4,6%) como en los que están totalmente liberalizados (7,7%). 
El economista y profesor del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) Gerard Llobet cree que la regulación del mercado debe hacer innecesarias este tipo de tarifas. Pero avisa: «esto no se soluciona simplemente reduciendo el acceso a la misma. Hace falta una reforma integral». En opinión de Llobet, la limitación de la TUR «no parece que vaya a comportar precios más bajos». El economista argumenta que, en la actualidad, las empresas «ya podrían ofrecer precios más bajos», pero que no lo hacen. 
Esta falta de heterogeneidad en la oferta es precisamente el principal lastre que convierten a la tarifa regulada una fórmula «de entre lo malo, lo mejor», a juicio de Ileana Izverniceanu, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que considera la rebaja de la TUR «peligrosa».
La organización advierte de que el consumidor sufrirá un encarecimiento del recibo al ser transferido a un mercado en el que «no existe verdadera liberalización». Asegura que si se comparan las tarifas «libres» la diferencia anual máxima de ahorro es de 20 euros. En concreto,la OCU calcula que en aquellos hogares con una potencia contratada de 5,75 kilovatios el recibo subirá un 20%, hasta los 1.405 euros anuales. Para esta estimación, se toman como referencia las ofertas de compañías como Iberdrola o Endesa, un 17% más caras que las de la TUR. 
El anterior impulso liberalizador, que se remonta a 2009, sirve también como modelo ilustrativo de las consecuencias de un nuevo tajo en la tarifa regulada: la OCU denuncia que los suministradores aplicaron entonces un incremento del 20% sobre el recibo, porcentaje idéntico con el que se sancionaba a los hogares con más de 10 kilovatios de potencia contratada que no acudían al mercado libre. 
Las compañías, por su parte, prefieren no pronunciarse sobre un proyecto que en la práctica no es más que una declaración de intenciones. Fuentes empresariales subrayan que «la liberalización solo debería traer ventajas a los clientes, al propiciar una mayor competencia». Pero de momento, se mantienen a la espera. La clave ahora es no cometer los mismos errores que en el pasado.

Ante el déficit tarifario, liberalización

Un articulo bastante bien razonado para mejorar el gran problema que tenemos en el sector de la energía eléctrica. Hemos resaltado en negrita algunas de las conclusiones a las que llega el autor porque nos parece muy razonable que con la gran expansión y problemas que nos ha causado el incremento de generación de electricidad a través de fuentes renovables es un despropósito que no se aproveche al máximo su principal virtud, su impacto sobre el medio ambiente y la calidad de vida de la sociedad en general.

Publicado por Antonio Canseco Viejo en Expansión.

El creciente déficit de la tarifa eléctrica es reflejo, entre otras cosas, de la falta de desarrollo del sector tal como se preveía en la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico. 

Esta ley pretendía la liberalización del mismo, en línea con la práctica generalizada por muchos de los países de la UE. Esta liberalización se apoyaba en varios principios: 

  1. La liberalización de la generación, es decir, que cualquier empresario podía generar electricidad sin más cortapisas que cumplir las leyes que le aplicaran y venderla en un mercado organizado al efecto. 
  2. Los comercializadores podrían comprar en ese mercado la electricidad y vendérsela libremente a los clientes finales a un precio mutuamente acordado. 
  3. La existencia de una red de transporte y distribución con libertad de acceso de cualquier agente a la misma previo pago de los peajes establecidos. 
  4. Un mercado de electricidad organizado con subastas horarias en el que se casaran las ofertas de compra y de venta y se fijaran los precios. 
  5. Un operador técnico encargado del funcionamiento del sistema. 
  6. Un regulador independiente que vigilara y controlara todo el proceso. 

En este sistema se contemplan pues dos negocios, uno liberalizado que comprende la generación y la comercialización y otro regulado que sería el transporte, la distribución y los costes de los órganos necesarios para el correcto funcionamiento del mismo. La intervención de la Administración se debería haber limitado a fijar los costes de las redes de transporte y distribución, la gestión del acceso a las redes, y los costes de los órganos de operación del sistema y del regulador. A partir de ahí el sistema debía funcionar por sí mismo, trasladándose los costes de la energía y los peajes al precio de la electricidad y en definitiva al consumidor final. 
Sin embargo, los peajes se convirtieron en un cajón de sastre que incluía además de los costes antes citados, que este año 2012 representan unos 7.500 millones de euros, otros como: moratoria nuclear (54 millones), interrumpibilidad (561), costes extrapeninsulares (1.636), primas a las energías renovables (7.221), financiación del déficit tarifario (2.237). Es decir, que se han añadido casi 12.000 millones a los 7.500 que se necesitan para cubrir los peajes. 
Este intervencionismo de los sucesivos gobiernos ha distorsionado el mercado de tal forma que los precios de la electricidad, lejos de recoger los costes se alejan cada vez más de ellos. Todo este despropósito ha generado un déficit tarifario de más de 24.000 millones que, por otra parte, nadie quiere asumir. Es por lo tanto necesario, en aras de la sostenibilidad del sistema, arbitrar una serie de medidas para eliminar este déficit y evitar que se produzca en el futuro. 
Entre las medidas que se impongan hay que diferenciar las que afectan a las instalaciones existentes y con derechos adquiridos, a las que habrá que aplicar acciones que permitan corregir las desviaciones respecto a la filosofía inicial, de las aplicables a instalaciones que todavía no han entrado en funcionamiento, a las que podría tener sentido considerar un régimen de moratoria con las compensaciones económicas estrictamente necesarias o las futuras para las que habría que diseñar un marco completamente nuevo. 
En cualquier caso, los peajes de acceso deberían cubrir los costes regulados relacionados con el suministro eléctrico, y no los derivados de decisiones de la política energética. Estos deberían buscar acomodo en otras fuentes de financiación, o vía presupuestos generales del estado a través de impuestos. Un régimen adecuado de impuestos a los distintos eslabones de la cadena de generación eléctrica, así como a otras fuentes de energía, permitiría recaudar suficientes recursos para hacer frente a los compromisos políticos a los que los gobiernos se enfrentan y, por otra parte, sería un sistema más transparente que adecuaría ingresos a gastos de forma más correcta. 
En este sentido es razonable gravar la generación hidráulica y nuclear para evitar situaciones beneficiosas provenidas del pasado, o imponer una tasa a las emisiones de CO2, o un céntimo verde a los productos petrolíferos por su contribución a las emisiones del transporte o un impuesto a determinadas producciones renovables que se benefician de un exceso de cálculo en las primas que le corresponden, etc. También es necesario sacar de la tarifa todos aquellos costes que se han añadido por cuestiones políticas, sociales o estratégicas, como decíamos antes. El mercado de generación debería recoger toda la oferta, en competencia unas energías con las otras. 
Los compromisos de consumo de energía renovable deberían ser asumidos por los comercializadores de electricidad que tendrían obligación de que un determinado porcentaje de sus suministros procediera de fuentes renovables. Los generadores de este tipo de energía dispondrían de un “certificado” que podrían comercializar a un precio que dependería de la oferta y la demanda. 
Para finalizar, en el futuro la utilización de la energía eléctrica debería contemplar la posibilidad del “autoabastecimiento”, con generación por los consumidores finales que utilizarían las energías renovables de forma económicamente más justificable. Habría que desarrollar los contadores y redes inteligentes. En definitiva habría que tener el coraje político necesario para afrontar este reto, que sin lugar a dudas alteraría de forma sustancial el negocio eléctrico.

La subasta para la tarifa eléctrica de enero se celebrará el 21 diciembre con los precios al alza

Como vemos muy posiblemente para Enero los clientes de Iberdrola de la zona en la que vivimos, la Comunidad Valenciana, puedan ver incrementadas sus facturas de forma significativa si se cumplen las previsiones de la Comisión Nacional de la Energía CNE, lo que va a repercutir sin ninguna duda en la calidad de vida de la mayoría de la población. Tal y como están las cosas lo que se esta fraguando es que muy posiblemente los usuarios con más recursos y potencias contratadas superiores van a tener el precio de la luz mucho más económico que los usuarios de Iberdrola y las otras compañías que comercializan la TUR, si han sido lo bastante inteligentes, o estaban bien informados, y tienen contratos firmados con compañías que no generan electricidad y a los que por lo que se ve no se les aplica esa tarifa del 6%. De todas formas no es algo decidido y lo vamos a estudiar y contrastar con más fuentes de información.

Noticia tomada de el diario digital económico: Expansión.



La vegesimoprimera subasta de electricidad entre comercializadoras de último recurso (Cesur) para fijar el coste de la energía en la revisión de la tarifa de luz de enero se celebrará el 21 de diciembre en un contexto de previsibles subidas de precios. 
El previsible encarecimiento de la electricidad se debe a la entrada en vigor a partir de enero de la nueva fiscalidad eléctrica, que incluye un impuesto del 6% a la producción cuyo impacto podrán trasladar al consumidor final las empresas verticalmente integradas, esto es, las que producen electricidad y la venden al usuario. 
En un informe reciente, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ya constató que la aprobación por parte del Gobierno de la nueva fiscalidad eléctrica provocó en un primer momento una subida en los mercados a plazo del 3,6%. 
Las cinco comercializadoras con capacidad para suministrar la Tarifa de Último Recurso (TUR), que son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC y E.ON, adquiririrán en la subasta del 21 de diciembre 6.063 megavatios (MW) de carga base y 345 MW de punta para cada una de las horas del primer trimestre de 2013, según consta en una resolución publicada este martes en el BOE por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
El precio resultante de la subasta tendrá un peso cercano al 50% en la revisión de la TUR en enero. La otra mitad del recibo corresponde a los peajes eléctricos, que recogen los costes regulados del sistema y cuya fijación corresponde al Gobierno. 
En la última revisión trimestral de la tarifa, en octubre, la bajada de precios en la subasta eléctrica y la decisión del Gobierno de no revisar los peajes provocó un descenso de la TUR del 2%. 
Esta bajada contrasta con la subida de la tarifa del 3,9% en julio y con otra del 7% en los últimos meses del año en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo. 
En su resolución, el Supremo dictaminó la revisión retroactiva del recibo eléctrico para aplicar, de forma prorrateada, la subida necesaria para garantizar la suficiencia del sistema eléctrico desde octubre del año pasado. De esta forma, se revierten las congelaciones de la TUR en octubre de 2011 y enero de 2012 realizadas por los gobiernos del PSOE y del PP. 
Además de estas dos subidas, en septiembre comenzó a aplicarse el incremento del IVA, que en el caso de la electricidad ha pasado del 18% al 21%.

martes, 27 de noviembre de 2012

Cien mil consumidores reclaman que se mantenga la tarifa regulada de la luz

Cien mil consumidores se han adherido a la campaña de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para que se mantenga el precio regulado de la luz y evitar así nuevas subidas. 
Con el respaldo de cien firmas a través de la web http://www.change.org/SubidadelaLuz-, la OCU ha superado el primer objetivo de la campaña que puso en marcha el pasado 16 de octubre. A partir de estos apoyos, la OCU pretende entrevistarse con el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para que se replantee la decisión de eliminar la tarifa de último recurso (TUR) y dejar, a su juicio, "en el mejor de los casos, a cinco millones de hogares sin esta tarifa". 
Estos hogares, según esta organización de consumidores, "se verían abocados a un mercado eléctrico sin una competencia real y donde tres o cuatro compañías en régimen de oligopolio subirían el precio de la luz en más de un 30 por ciento". De esta forma, se produciría "algo parecido a lo ocurrido en el sector de las gasolinas", según esta organización, que considera que la "TUR es la mejor opción para la mayoría de los usuarios, mientras no se garanticen las condiciones adecuadas de competencia y transparencia en el mercado eléctrico". 
Según la OCU, en la situación actual, el mercado se reparte prácticamente entre tres compañías (Endesa, Iberdrola y Gas Natural-Fenosa) y el incremento del recibo eléctrico, en su opinión, supondría pagar mil euros al año en lugar de los 753 de media que paga un hogar actualmente.

Como se las arreglan para bajar la luz, que no lo notemos y al mismo tiempo que suba el recibo (El Gobierno promete no subir su parte del recibo de la luz en todo 2013)

Es un articulo muy bueno y muy claro, lo complicado del asunto energético en este país en crisis es de tal calibre que cualquier cosa es posible ya. Lo decimos sobre todo por el tema de la TUR, la tarifa que regula el Gobierno y la que tienen la mayoria de los usuarios domésticos españoles. Estamos desde hace tiempo con un modelo energético con muy graves problemas y eso puede un problema bastante importante.

Noticia publicada en el diario económico Expansión:

La mitad de la factura eléctrica depende de la decisión unilateral del Ejecutivo. La otra mitad está sujeta al precio que fijan las compañías eléctricas en una subasta. 

El Gobierno parece dispuesto a dejar la 'pelota' de futuras subidas de la luz solo en el 'tejado' de las eléctricas. El secretario de Estado de Energía, Fernando Martí Scharfhausen, ha ratificado hoy el compromiso del Ejecutivo de no subir los peajes de acceso en todo 2013. 
Los peajes de acceso son la parte regulada de la tarifa eléctrica, que depende de la decisión unilateral del Gobierno y que determina aproximadamente el 50% del recibo de la luz de la Tarifa de Último Recurso (TUR), que es la que se aplica a más de 20 millones de consumidores. La otra mitad del recibo de la luz está sujeta al precio que se fija en una subasta en que participan las grandes compañías eléctricas. 
El Gobierno -el actual, y también el anterior- ya ha decidido en otras ocasiones mantener congelados su parte del recibo y dejando que sea la subasta el único factor que determine la evolución de la tarifa que pagan los clientes. Las eléctricas han demandado en varias ocasiones al Ejecutivo por esta decisión, al considerar que no garantiza que el sistema cubra costes. El Tribunal Supremo ha dado la razón a las compañías y, de hecho, actualmente los clientes están pagando de forma retroactiva anteriores congelaciones de los peajes. 

El precio baja, pero la tarifa sube 

El precio de la electricidad está compuesto por dos partes que tienen un peso más o menos del 50%: los peajes eléctricos (que fija directamente el Ministerio de Industria) y otro componente variable que se determina a través de una subasta con las grandes eléctricas que se realiza trimestralmente. La última puja se saldó con una caída de los precios del 4,6% y, como el Ministerio de Industria decididó congelar su parte del recibo, el precio de la luz que se aplica desde el 1 de octubre y hasta el final de año se rebajó un 2,29%. 
Sin embargo, el cliente lo nota poco. Tan poco que, en realidad, paga más. Y es que la caída del precio llegó en un momento en que los clientes también encajar en sus recibos el impacto del alza del IVA que se aplica desde el 1 de septiembre y el pago retroactivo de otras subidas que la justicia obliga al Gobierno a aplicar a los consumidores. Desde el mes pasado, el IVA que se aplica a la comercialización de la luz ha sufrido el incremento del tipo impositivo general, esto es, ha pasado del 18 al 21%. Y, además, el Tribunal Supremo obligó al Gobierno a subir la luz de forma retroactiva, por haber congelado los peajes (como también ha hecho ahora) en anteriores ocasiones. Por este motivo, las eléctricas refacturan desde agosto hasta diciembre en los recibos de sus clientes esas subidas retroactivas, correspondientes al último trimestre de 2011 y el primero de 2012. La subida por este concepto es un auténtico 'tarifazo' del 7%. 

30 años para pagar el agujero eléctrico 

En su comparecencia en el Senado en la Comisión que analiza los Presupuestos Generales del Estado para 2013, Fernando Marti ha asegurado que los consumidores, "sus hijos y sus nietos" van a tener que devolver la actual deuda eléctrica durante "20 ó 30" años, y ha defendido las medidas adoptadas por el Gobierno para controlar el déficit de tarifa y evitar una "quiebra". El agujero eléctrico -la diferencia entre costes e ingresos del sistema- es ya de 24.000 millones de euros y podría alcanzar los 30.000 millones a final de año. 
"¿Sabe cuánto tiempo van a pagar nuestros hijos y nietos el exceso de primas y de déficit de tarifa? Veinte o treinta años", ha dicho Martí. El secretario de Estado atribuyó el déficit de tarifa a "decisiones regulatorias anteriores mal hechas", y consideró que su departamento se enfrenta a "un bache provocado por un endeudamiento no deseado", de modo que "el Estado tiene ahora que cubrir la deuda subiendo tarifas, poniendo impuestos eléctricos o atendiendo a un parón de energías porque no se pueden desarrollar más". 
"Nos dicen que no tenemos política energética. La mejor política energética del país es poder pagar todos los costes. Se ha formado un déficit de tarifa tan grande que probablemente el sistema quebraría" si no se hubiesen adoptado las decisiones aprobadas este año por el Gobierno, señaló. El secretario de Estado de Energía aseguró además que su departamento ha sido el primero en "quitar" dinero al "oligopolio" eléctrico, en concreto 3.000 millones, para evitar con ello una "quiebra" del sistema provocada por el abultado déficit de tarifa.
"Por primera vez se quita al oligopolio de Endesa e Iberdrola 3.000 millones. Y usted dice que protegemos al oligopolio", afirmó Martí en respuesta al portavoz del PSOE. No obstante, en una intervención posterior negó haber reconocido la existencia de un oligopolio y elogió a las empresas del sector. "No he reconocido ningún oligopolio. Son cinco empresas, grandes empresas generadoras, y miles de pequeños generadores. No he reconocido que haya oligopolio", aclaró el secretario de Estado, quien aseguró además que su departamento sí dialoga con el sector.

jueves, 22 de noviembre de 2012

La CNE dice que es un "error" liberalizar la tarifa de luz si no hay competencia

Nos parece que estas declaraciones son reveladoras de la actual situación. Fundamentalmente lo que va a suceder con el ADIOS A LA TUR es que se pasarán a mercado libre un montón de clientes domésticos pero no habrán frecuentes cambios de suministrador haciendose la competencia unos a otros para hacer mejores precios y servicios a los usuarios finales.
Dice el mantra habitual sobre el "excesivo subvencionismo a las renovables" que se llevan la culpa del "presunto problema" del deficit de tarifa.
Por cierto las mayores "subvenciones" que se han llevado las renovables no son precisamente a clientes domésticos normales y corrientes que tienen sus placas solares encima del tejado.

El presidente de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), Alberto Lafuente, considera que liberalizar la tarifa eléctrica es un "error" si no se dan antes condiciones de competencia "efectiva" en el mercado, lo que "aparentemente" no está ocurriendo en la actualidad.
"Liberalizar los precios cuando no existe un grado suficiente de competencia efectiva yo creo que es un error", afirmó Lafuente a los periodistas, tras participar en la presentación en Madrid del World Energy Outlook de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), organizada por Enerclub. 
"La CNE se ha pronunciado sobre este asunto. Entendemos que en un mercado los precios deben estar liberalizados, pero para que aquello pueda producirse es preciso con carácter previo que se cumplan determinadas condiciones que tienen que ver con la existencia de competencia efectiva", afirmó. 
Tras aludir al "error" de liberalizar sin competencia, aseguró que "todos los datos apuntan a que efectivamente las tasas de 'switching', de cambio de empresas suministradoras, son todavía muy limitadas". "Existen dificultades para cambiar de empresa suministradora y los niveles de competencia efectiva en los mercados minoristas aparentemente todavía son limitados", añadió. 
Durante su intervención en el acto, Lafuente indicó que "España está a la vanguardia" en integración de renovables, pero advirtió de que esta circunstancia "invita a una reconsideración", ya que el crecimiento de estas tecnologías se ha hecho "a costa de subvenciones muy elevadas". 
Por este motivo, consideró "necesario" la creación de "mecanismos competitivos para la asignación de nuevas capacidades para determinadas tecnologías". "Se ha dicho, y estoy de acuerdo, que es preciso limitar las subvenciones si queremos que los mercados globales funcionen", ya que "la competencia en general está reñida con las subvenciones públicas", indicó. 
"La limitación de las mismas es una condición sine qua non para la penetración ordenada de las renovables. El modelo de incentivos deberá considerar la madurez tecnológica facilitando una transición suave", aseguró. 
Lafuente también calificó de "tremendamente importante" la nueva directiva europea de eficiencia energética para España. "Lamentablemente, la eficiencia energética es una asignatura pendiente que requiere la adopción de políticas robustas", afirmó.

miércoles, 21 de noviembre de 2012

Las eléctricas y el déficit de tarifa (Tomandolo con sentido del humor, eso que no falte nunca)

En parte es una simplificación, ya que estamos en un mercado de electricidad liberalizado hemos de asumir unas reglas de juego que no siempre entendemos del todo bien. El deficit de tarifa se ha generado antes de la liberalización del sector eléctrico entre otras razones por la llamada moratoria nuclear. La pelota ha ido engordando y no ha existido mucha voluntad política de darle remedio en tiempos de bonanza por lo que la sentencia a favor de las eléctricas del Tribunal Supremo no era de extrañar. Lo malo es que ha estallado en un momento muy delicado para el bolsillo de los usuarios comunes y corrientes. De todas formas algo de humor siempre es bueno para entender lo que nos esta sucediendo y nos sucederá con la energia eléctrica. El adios a la TUR se nos hara muy interesante y no hay que perder el sentido del humor.

martes, 20 de noviembre de 2012

Según la Comisión Nacional de Energia el ahorro en la factura de la luz al pasar al mercado libre es sólo de 13 euros al año

Los consumidores que dispongan de Tarifa de Último Recurso (TUR) de electricidad y quieran contratar el suministro en el mercado libre apenas lograrán ahorrar entre 12 y 13 euros al año con la opción más ventajosa, lo que da muestras del "insuficiente" atractivo de las ofertas, según un informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sobre la actividad de comercialización de luz y gas. 
El descuento de la mejor oferta de electricidad apenas equivale a entre el 2% y el 4% de la facturación, mientras que en el caso del gas el consumidor puede ahorrar, si se pasa de la tarifa regulado al mercado libre, entre 15 y 36 euros al año, o entre el 4% y el 6% de su facturación. 
Estos importes pueden suponer en algún caso "incentivos insuficientes para iniciar un cambio de suministrador", señala el organismo presidido por Alberto Lafuente, antes de considerar que "los ahorros obtenidos con respecto a la TUR no son muy significativos". 
El regulador también aprecia cierta resistencia de los clientes a acercarse al mercado libre. A la escasa ambición de las ofertas se suma la tendencia de los consumidores, sobre todo de luz, a permanecer con la misma compañía por motivos que van desde el conocimiento de la marca a la escasa información, pasando por la baja disposición a cambiar de suministrador. 
Todas estas circunstancias hacen que, a marzo de este año, casi el 75 y el 36% de los consumidores de electricidad y gas, respectivamente, con derecho a TUR, sigan siendo suministrados por un comercializador de último recurso. 
En todo caso, entre la oferta más barata y la más cara sí existen diferencias notables. En el caso de la electricidad, la diferencia oscila entre 80 y 170 euros anuales, mientras que en el gas se sitúa entre 40 y 120 euros. 
La CNE realiza los cálculos a partir del comparador de ofertas de electricidad y gas que el propio regulador pone a disposición de los consumidores en su página web.

Fuente: Europa Press y El Mundo.

jueves, 15 de noviembre de 2012

¡La energia se nos escapa de las manos! (Consejos para evitarlo)

Profesor José Javier Andujar Márquez

Hay una gran cantidad de energía que tiramos sin utilizarla, sobre todo porque las casas no están acondicionadas. Y porque tenemos una serie de costumbres que no controlamos: 
  • A veces se climatiza toda la casa cuando los habitantes están solo en una habitación. 
  • Dejamos luces encendidas que no son necesarias. 
  • Dejamos los cargadores de móviles, ordenadores y tabletas conectados a la red eléctrica cuando no los usamos. 
  • Apagamos la televisión con el mando a distancia, dejándo el aparato en ’stand by’ y consumiendo energía. 
  • Etc… 
Con todo, es el derroche de energía térmica el que es más evidente. “De todas las casas se escapa una gran cantidad de energía. Necesitamos que las casas sean estancas, herméticas”, explicó. El profesor puso sobre la mesa un ejemplo práctico, que cualquier usuario puede hacer en su casa. Basta con pasar la mano por los bordes de las ventanas y puertas de una casa para notar frío por donde el calor se está escapando. “En el mercado hay productos que hacen las casas más herméticas”, aconsejó el profesor.

La bombilla que no se apaga

Una bombilla, del parque de bomberos de Livermore, en California, lleva 111 años sin apagarse (mayo de 2012). Esta bombilla, de tan solo 4 W de potencia, lleva más de un millón de horas sin apagarse, y para los bomberos de este parque, simboliza el valor de estar de servicio las 24 horas del día. La bombilla fue fabricada por la hoy desaparecida Shelby Electric y su filamento de carbono está perfectamente aislado por la ampolla de vidrio. El filamento opera en vacío y no en un espacio relleno de algún gas noble, como las bombillas que conocemos hoy. 
Cuando la encendieron por primera vez, iluminaba una arcaica estación de bomberos donde los coches iban aún tirados por caballos. El objetivo era permitir que los bomberos pudieran encender sus lámparas de queroseno cuando se producía una emergencia por la noche.

miércoles, 14 de noviembre de 2012

¿Qué significa Switching?

La frecuencia de cambios de comercializador es una medida generalmente aceptada como indicativa del nivel de competitividad existente en los distintos mercados minoristas o al menos de si éstos se comportan o no de una forma dinámica. De hecho la posibilidad de cambiar de comercializador en un corto periodo de tiempo y sin obstáculos es un requisito indispensable para que el mercado minorista funcione eficientemente. 
Además dicha información, si se estandariza, permite realizar comparaciones entre distintos mercados. En general, a nivel europeo, se utilizan los conceptos de switch y ratio de switching. Un switch o cambio de comercializador se define como el libre movimiento de un consumidor de un CUR a un comercializador libre o entre comercializadores libres. Switching activity o número de cambios, se define como el número de switches o cambios de comercializador en un determinado periodo de tiempo. 
Adicionalmente, parece interesante calcular la siguiente definición alternativa de switch, el libre movimiento de un consumidor de un CUR a un comercializador libre (distinto del incumbente) o entre comercializadores libres. Esta definición alternativa, ofrece una idea de la movilidad del mercado sin tener en cuenta el paso natural de CUR a comercializador libre fruto de la supresión de la tarifa regulada (migración a comercializador libre de los consumidores sin derecho a TUR).


martes, 13 de noviembre de 2012

Lo que dice la Comisión Nacional de Energia en su último informe sobre los "consumidores vulnerables"

Medidas relacionadas con el suministro a determinadas categorías de consumidores 

Consumidores vulnerables y bono social 
Definir el concepto de consumidor vulnerable, en línea con el enfoque de pobreza energética indicado por la Comisión Europea, incluyendo una aclaración de los requisitos que deba cumplir este colectivo, así como las medidas a adoptar para el mismo 

Tipo de actuación: 
modificación con rango de Ley y desarrollo reglamentario mediante Real Decreto. 

La protección de los consumidores vulnerables se recoge en las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE, pero la caracterización exacta de dichos consumidores se deja a cada Estado Miembro. 
La nota interpretativa de la Comisión Europea sobre mercados minoristas aclara el objetivo de la Directiva al establecer la obligación de definir un grupo de clientes como vulnerables. Este objetivo no es otro que proteger a estos clientes de cualquier desconexión de la red de gas o de electricidad y de cortes de suministro en momentos críticos. Se cita, por ejemplo, el caso de consumidores con muy bajos ingresos en invierno. Nótese, que la figura del suministrador de último recurso se crea en la Directiva en relación con los clientes vulnerables para asegurar una protección adecuada de los mismos. 
La figura de cliente vulnerable no debe confundirse con la del consumidor acogido a la tarifa de último recurso o con los servicios esenciales, ambas incluidas en nuestra normativa. 
Por tanto, en España, es necesaria una definición de cliente vulnerable que abarque a la población que realmente necesita medidas de apoyo. En este sentido, la CE entiende que el número de consumidores incluidos en tal categoría debería representar una fracción reducida del mercado relevante. 
La CE reconoce la dificulta de medir el concepto de pobreza energética y analiza dos posibles formas de identificar este colectivo de consumidores: 
  • Aquellos con un gasto energético superior a un determinado umbral (por ejemplo, dos veces el gasto energético medio nacional) 
  • Aquellos consumidores con problemas de impago durante los últimos 12 meses Ninguna de dichas medidas está exenta de problemas de medición e implementación. 
En relación con la medida anterior, realizar un desarrollo normativo que regule la aplicación del bono social como medida de protección de los consumidores vulnerables, en función de la pobreza energética. 

Tipo de actuación: 
desarrollo reglamentario mediante Orden Ministerial. 

El artículo 2 del Real Decreto-Ley 6/2009 crea el bono social para determinados consumidores de electricidad, acogidos a la tarifa de último recurso, que cumplan determinadas características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se determinen por Orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio. Asimismo, indica que, a estos efectos, se establecerá un umbral referenciado a un indicador de renta per cápita familiar. 
Se necesita por tanto un desarrollo reglamentario de lo establecido en este artículo, abandonando la definición provisional de consumidores con derecho a bono social que se está empleando en la actualidad, de acuerdo con la Disposición transitoria segunda de dicho Real Decreto-Ley. La ayuda que se introduzca no debería suponer una minoración directa de la factura por el suministro eléctrico, con objeto de que los consumidores reciban una señal de precio adecuada. 
En la Unión Europea existe una gran variedad de experiencias de los distintos Estados Miembros con respecto a la tipología de medidas de protección aplicadas a los consumidores vulnerables y a la financiación de las mismas. En un documento comparativo de 2009, ERGEG ponía de manifiesto, entre otros aspectos, que, en la mayoría de los países de la UE no existía un sistema de apoyo económico específico para consumidores vulnerables de electricidad o gas, aunque existían, en todos los países sistemas de apoyo de tipo general para consumidores con dificultades económicas (por ejemplo: sistemas de beneficios sociales, con cargo a los Presupuestos del Estado o de los Gobiernos locales y, en algunos casos, sistemas financiados por las empresas). Asimismo, se señalaba la existencia, en muchos países, de medidas no-económicas de protección (por ejemplo, la prohibición de interrupción del suministro a consumidores vulnerables, especialmente en los meses de invierno). 

TUR por Comunidades Autónomas


Damos resaltada en amarillo los datos de la Comunidad Valenciana que es la que nos interesa aqui. El volumen de negocio que puede suponer para las comercializadores de mercado libre la bajada de la TUR de 10 KW a 5 KW puede ser muy importante si nos atenemos a lo que dicen esas cifras. Vamos a publicar unas cuantas entradas sobre este tema que tanto nos afecta. La CNE ha recomendado que la TUR vaya suprimiendose progresivamente para liberalizar totalmente el mercado electríco en nuestro país.
Pero tambien se tienen en cuenta a los consumidores más vulnerables que es una categoria de dificil definición. Viene a ser lo que seria el "resto" de la actual TUR y no es lo mismo que el llamado "bono social" pero si que tiene relación con el mismo.
De momento con la que esta cayendo con la crisis no parece que sea el mejor momento para bajar la potencia de la TUR. Lo que estan ofreciendo las comercializadoras tradicionales y en especial IBERDROLA es pasar a sus clientes de toda la vida a mercado libre ofreciendoles que firmen un nuevo contrato en el que les bajan durante un tiempo el Termino de Potencia. ¿Hasta que punto es eso una buena política comercial? El mercado libre esta para que unas comercializadoras den mejores precios y servicios ¿Es lo que esta sucediendo? o ¿sólo se estan partiendo el pescado que ya han vendido previamente?

miércoles, 7 de noviembre de 2012

La próxima revolución americana

SOBRE EL AUTOR
José Ignacio Torreblanca es Profesor de Ciencia Política en la UNED, director de la oficina en Madrid del European Council on Foreign Relations y columnista de EL PAIS desde junio de 2008. Su último libro "La fragmentación del poder europeo" (Madrid / Icaria-Política Exterior) ha sido publicado en julio de 2011. 

Aunque desde Alexis de Tocqueville (“La democracia en América”) admiramos los logros democráticos de los estadounidenses, en muchos sentidos su sistema político es sumamente disfuncional. Véase como ejemplo las tensiones que genera la separación radical de poderes entre ejecutivo y legislativo, que a punto están de llevar al país a una crisis fiscal sin precedentes al imponer el Congreso al Presidente un recorte drástico de gastos caso de no lograr reducir el déficit en virtud del aumento de la recaudación derivada de la mejora de la economía. Por no hablar de un sistema electoral sumamente ineficiente y arcaico, donde se elige a un sólo presidente bajo cincuenta normativas electorales distintas y un sistema de votos electorales que no sólo carece de cualquier sentido práctico hoy en día sino que puede generar un problema de legitimidad de enormes magnitudes al posibilitar, como en el año 2000, que salga elegido Presidente el candidato que tuvo menos votos pero más “votos electorales”. ¿Y qué decir de la posibilidad de que los votantes por correo enmienden su voto el día de la votación, lo que obliga a un laborioso cotejo de las firmas para evitar que se vote dos veces? No es una anécdota, pues al menos 300.000 personas en Florida y 250.000 en Ohio, dos estados clave, parece que se podrían acoger a esta posibilidad, generando una incertidumbre tremenda en caso de empate técnico entre los candidatos. 
Pero detrás de esas miles de anécdotas y el, en ocasiones, mísero día a día del politiqueo capitolino en Washington, hay una revolución americana que está pasando inadvertida y que va a transformar el papel y poder de Estados Unidos en lo que queda de siglo. Se trata de la revolución energética, una revolución que va a permitir al próximo presidente contemplar el futuro con un inmenso optimismo, dejando atrás el “declinismo” que invadió el ánimo estadounidense en los días álgidos del empantanamiento en Irak y Afganistán y el resurgir de China. 
Esa revolución hunde sus raíces en la combinación de una capacidad tecnológica de primera fila, que ha permitido a los estadounidenses desarrollar tecnologías que les permiten recuperar gas y petróleo en lugares donde antes se considerable impracticable técnicamente e inviable económicamente, con una industria financiera capaz de encontrar las tecnologías financieras que permitan acometer esas enormes inversiones en infraestructuras energéticas combinando adecuadamente capital riesgo y seguridad a largo plazo para los inversores. 
El resultado es que, según las estimaciones, la “reindustrialización” de Estados Unidos podría suponer sólo en esta década hasta 3.5 millones de nuevos puestos de trabajo y un 3% del PIB. Pero esta revolución no sólo supondrá nuevos puestos y más riqueza para Estados Unidos sino que tendrá consecuencias geopolíticas de primera magnitud. Primero porque permitirá contemplar con mucha más tranquilidad el auge de China. Segundo, porque significará que Estados Unidos estará en condiciones de cortar el ponzoñoso cordón umbilical que desde hace décadas le une con Oriente Próximo (del cual las relaciones con la cada de Saud son seguramente la mejor muestra). 
En un mundo donde la dependencia energética explica una gran parte de la política exterior de los estados, resulta que Estados Unidos se encamina hacia la suficiencia energética, habiendo ya reducido sus importaciones de petróleo del 60 al 45% y aumentado la producción de gas de esquisto autóctono hasta suponer el 22% de la producción de gas. Sí, aunque el dinamismo de Asia sea impresionante, el hecho de que Estados Unidos y Canadá hayan descubierto estar sentados encima del equivalente de uno y dos billones de barriles de petróleo en gas de esquisto y arenas bituminosas, respectivamente, tendrá repercusiones geopolíticas de primer orden ya que, de repente, Norteamérica se configura como el nuevo Golfo Pérsico del Siglo XXI en términos energéticos. 
Desconozco a la hora de cerrar y subir a la web esta entrada quién ganará las elecciones en Estados Unidos. Pero lo que es indudable es que el próximo presidente de los Estados Unidos presidirá un país en auge, no uno en declive. Una vez más, gracias a su capacidad de innovación, pero también a los extraordinarios recursos naturales de los que dispone, Estados Unidos se aleja de la decadencia y vuelve a reinventarse a sí mismo. Sería desde luego sumamente injusto para Obama no conseguir la reelección y no poder disfrutar de ese porvenir de prosperidad, pero la política no se rige por criterios de justicia sino por las cábalas de última hora de unos pocos cientos miles de votantes indecisos.