miércoles, 18 de julio de 2012

El IVA en el mercado energético

Las eléctricas temen el impacto 
sobre beneficios y financiación. 

Publicado en "El País" por Santiago Carcar. 

Torres de Alta Tensión/ Fred Dafour (AFP)


Con el decreto de ajuste aprobado el viernes y el borrador de anteproyecto de ley —aún no aprobado— elaborado para reducir el déficit del sector eléctrico (24.000 millones de euros), el Gobierno ha logrado enfadar a todos los afectados: eléctricas tradicionales y su patronal, empresas de renovables con sus asociaciones, consumidores y Administraciones autónomas. Un pleno. Si esa circunstancia fuera prueba de equilibrio, se podría afirmar que los planes del Ejecutivo para aplicar nuevos impuestos al sector y rebañar 6.800 millones de euros, son equilibrados. Nadie está de acuerdo con ellos. 

Las empresas eléctricas agrupadas en Unesa han rechazado de plano el paquete fiscal con el que el Gobierno pretende tapar el agujero del déficit. No quieren que se grave la facturación del régimen ordinario con un 4%, ni que se impongan tasas a las nucleares (10 euros por MWh) y a las centrales hidroeléctricas (15 euros MWh). Ni siquiera ampliando la duración de las concesiones como ofrece Industria. 

Los argumentos de Unesa son gruesos: según sus cuentas, el beneficio de la actividad de generación en España de las empresas que representa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON España y HC-EDP), en torno a 3.000 millones de euros, desaparecerá. Más aún, las compañías, castigadas en Bolsa, deberían advertir a los mercados de cambios en la valoración de activos (impairment), lo que afectará a su calificación crediticia (la deuda conjunta es de 70.000 millones) y, lógicamente, a su financiación. La secuencia, de aplicarse el plan del Gobierno, según las eléctricas, sería como sigue: nuevos impuestos, impairment, rebaja de calificación, dificultades de financiación, fin de la inversión y riesgo para la prestación de un servicio esencial. Todo ello en un contexto de caída de la demanda (a niveles de cinco años atrás), exceso de capacidad (100.000 megavatios instalados para un pico de demanda que ronda los 40.000 MW) y centrales de gas infrautilizadas (25.000 MW que funcionan un tercio de las horas estimadas).

Para el sector de las energías renovables tampoco caben análisis templados de las medidas de ajuste adelantadas. Tras la moratoria a las primas en nuevos proyectos aprobada en marzo, el sector rechaza la imposición de nuevos impuestos que oscilan entre el 3% a las centrales minihidráulicas y el 19% a las instalaciones fotovoltaicas, pasando por el 13% a las plantas termosolares. 

La presión ha dado algún fruto e Industria estaría buscando fórmulas para compensar los nuevos impuestos al sector, según explicó ayer la asociación de productores e inversores en renovables Anpier. 

La Fundación Renovables, por su parte, calificó ayer mismo de “suicida” la política energética del Gobierno y consideró que las medidas propuestas, si se aplican finalmente, conducirán al “abandono definitivo” y a la “ruina” del sector de las renovables en España. El sector más afectado, el fotovoltaico (4.300 MW instalados), ha advertido de que los planes del Gobierno serán un golpe mortal si se aplican. La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) sostiene que hay 200.000 familias inversoras que están afectadas por la incertidumbre sobre proyectos que muchas entidades vendieron como si se tratara de productos financieros. Las cuentas de UNEF son rotundas: están en riesgo 25.000 millones de inversión, apoyada en una deuda bancaria de 20.000 millones de los que tres cuartas partes corresponderían a entidades españolas. 

Las críticas de la asociación que agrupa a las empresas con proyectos termosolares, Protermosolar, tampoco son suaves. El 13% del impuesto que prevé aplicar el Gobierno lo califica, directamente, de “confiscatorio”. Y contrataca: “Algunos costes del sistema eléctrico —pagos por capacidad, 1.500 millones; interrumpibilidad, 500; transporte, 1.500; distribución 5.400, etcétera—, no han sido suficientemente revisados, cuando ofrecen posibilidades de recorte notables”. 

Las medidas de ajuste en el sector eléctrico repercutirán en los consumidores. Para empezar, la subida del IVA del 18% al 21% encarecerá el importe del recibo medio, según la organización de consumidores Facua en 1,98 euros. Será en septiembre, cuando entre en vigor la subida, que se sumará a los 3,20 euros de incremento registrados en julio por la subida del 4%. 

Según Facua, un usuario con 4,4 kilovatios (KW) de potencia contratada y un consumo mensual de 366 kilovatios por hora (la media en España, según un análisis sobre más de 50.000 facturas de viviendas ocupadas) pagará al mes 79,66 euros 62,63 euros más el 27,19% que representará la aplicación del impuesto sobre la electricidad y el IVA.

jueves, 12 de julio de 2012

Las cuentas pendientes de la energía

Publicado en la sección de economía del diario "El País" por Santiago Carcar. 

La cirugía sin anestesia, de combate, que está practicando el Gobierno en la economía ha tocado hueso y se acerca al nervio. Tras la reforma financiera y la del mercado de trabajo, toca reformar el sistema energético. Es un asunto delicado en un país con un sistema solo nominalmente liberalizado, con una dependencia exterior brutal (80%) y un consumo de energía que es un 20% superior a la media europea por unidad de PIB. 

La reforma es crucial. No solo porque afecta a uno de los núcleos de poder e influencia más importantes del país, sino por la delicada situación que atraviesa, con una fuerte caída de la demanda de electricidad (2,1% en 2011, hasta el mismo nivel que 2006), un exceso evidente de potencia instalada (100.576 MW) y una fuerte competencia —forzada, según las empresas tradicionales— de las energías renovables, que el pasado año cubrieron el 33% de la demanda. 

Con todo, el gran problema a resolver se llama déficit tarifario, una deuda contraída —por todos— con las grandes compañías eléctricas, que supera los 24.000 millones de euros acumulados en poco más de una década y que nadie sabe muy bien cómo resolver sin conflictos. Esa deuda convierte a España en una excepción. Es “el único país del mundo en el que los clientes mantienen una deuda con el conjunto del sector eléctrico, que se acumula creciendo de forma crónica año a año”. La descripción es de la consultora PwC en su informe Diez temas candentes del sector eléctrico español para 2012

Pero hay que aclarar qué es el déficit tarifario. Y nadie mejor para contestar que la Comisión Nacional de la Energía (CNE): “Es la diferencia entre el coste real de la electricidad y el precio que los usuarios están pagando por ella”. Bien. Y ¿por qué se produce? “Hasta 2007”, explican los expertos de PwC, “porque la tarifa eléctrica vigente en esos años no recogía adecuadamente el coste de adquisición de la energía”. A partir de julio de 2008, por la diferencia entre los ingresos que se obtienen de los peajes que pagan los clientes y los costes reconocidos a las actividades reguladas del sector eléctrico (transporte, distribución y primas a las renovables, fundamentalmente). 

La dimensión del nudo que debe desatar el nuevo ministro de Industria, José Manuel Soria, se comprende mejor si se comparan los números. La deuda contraída y reconocida a las eléctricas es la mitad del saneamiento impuesto a la banca (52.000 millones de euros) y casi el doble de la deuda del sistema sanitario público (15.000 millones). En números redondos, casi un 3% del producto interior bruto español. 

Más como manifestación de voluntad que como medida efectiva, Soria aprobó a las pocas semanas de hacerse cargo del ministerio una moratoria temporal de las primas que reciben y que este año se situarán en 7.200 millones de euros. Pero la moratoria, que no afecta a los proyectos termosolares ya registrados, apenas supondrá un ahorro anual de 160 millones de euros. Una gota en el mar. Aunque sí lanza un mensaje claro: las cosas van a cambiar, y mientras cambian, la cartera estará más cerrada. 

Así pues, son dos los problemas inmediatos a resolver: el déficit de tarifa —que no deja de ser una factura aplazada a 15 años— y el desarrollo de las energías renovables. Los dos problemas están relacionados. Para las grandes compañías energéticas agrupadas en la asociación patronal Unesa, las renovables son la causa principal de la deuda que oprime el sector por una doble vía: reciben primas en una cuantía que no está justificada y se benefician de una regulación que expulsa del mercado a unas tecnologías tradicionales que, en cualquier caso, son necesarias para respaldar el funcionamiento de sistemas todavía inmaduros. 

Hasta el momento, Soria y su equipo para el área energética, dirigido por el exvicepresidente de la CNE, Fernando Martí, han encarado los problemas sin concretar medidas. “No nos ha recibido”, se quejaba esta misma semana el consejero delegado de una de las grandes compañías. Por parte de Soria, silencio y una idea repetida de varias formas y maneras allí donde ha habido ocasión: la solución a los problemas no recaerá solo sobre los consumidores. La idea no es original de Soria; el primero que la manejó fue el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su discurso de investidura. 

Mientras Soria y Martí estudian cómo tratar la delicada y cara vajilla energética sin romper piezas, el ministro ha deslizado algunas líneas de lo que piensa aplicar: reformar el mercado gasista para evitar que se reproduzca la situación creada en el sector eléctrico; mantener las ayudas al carbón —un asunto que cuesta más de 500 millones al año y con evidente impacto político en las zonas mineras del país— y aprovechar al máximo todas las tecnologías de generación disponibles, lo que incluye las centrales nucleares y la anunciada renovación del permiso de funcionamiento de Garoña. 

Son pinceladas gruesas, aún por afinar, pero que han bastado para inquietar a las grandes compañías energéticas, que temen, con fundamento, que tras la moratoria “temporal” a las renovables, les haya llegado la hora del sacrificio. Si Economía (Luis de Guindos) logró imponer el gesto de recortar el salario de los banqueros apoyados con fondos públicos, no hay razón, admiten en el sector, para que el Ejecutivo no tenga otro gesto con fácil rédito de imagen al imponer supuestos sacrificios a las grandes empresas. 

Una puerta abierta a la quita 

El ministro Soria, sin despejar la incógnita, ha dejado la puerta abierta a lo que más temen los grandes empresarios del sector eléctrico: alguna forma de quita en la deuda reconocida a las empresas. Lo hizo, sin ir más lejos, la pasada semana en el transcurso de un almuerzo en el Foro Nueva Economía: “No se puede admitir que el déficit tarifario se convierta en un problema de déficit público”, argumentó. De alguna forma, sostiene el exconsejero de la CNE Jorge Fabra, ya lo es. Porque en su opinión, “el déficit tarifario a través de la titulización [colocación en los mercados con aval del Estado], compite con el Tesoro en la colocación de la deuda soberana”. 

Fabra considera que no puede haber quita en la deuda reconocida “porque ese dinero, incorporado al balance de las empresas, ya se ha repartido, entre otras cosas, en forma de dividendo”. Sí se puede actuar, asegura, en el proceso de colocación de la deuda, que debería, en su opinión, correr a cuenta de las empresas. En un sector tan especializado los números se examinan al céntimo para armar las críticas. Sobre el termosolar, los números caen de punta Fabra, como otras voces (Asociación de Grandes Consumidores, AEG; Protermosolar, de empresas con proyectos termosolares, o Unef), consideran necesario revisar la situación de las centrales nucleares e hidroeléctricas, bien para rebajar los precios a los que son retribuidas por generar electricidad, bien para soportar una tasa que contribuya a aliviar el déficit. Lógicamente, las empresas propietarias se oponen ferozmente con todo tipo de argumentos: niegan que las instalaciones estén amortizadas y destacan que son indispensables para garantizar el suministro. 

La cuestión es que, con el ajuste a la vista, cada cual defiende sus intereses lo mejor que puede y sabe. Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa, los grandes, apuntan sin disimulo a una tecnología, la termosolar (centrales que utilizan espejos durante el día para calentar fluidos, generar vapor y producir electricidad) como la principal responsable de los desequilibrios que amenazan al sistema en el futuro. El hecho de que en la moratoria para las renovables recién aprobada se haya respetado el plan de instalación de plantas termosolares preregistradas (2.525 megavatios) no ha hecho más que aumentar las críticas. “Nueva burbuja”; “una locura”; “un agujero imposible de financiar”. Las descalificaciones vuelan como cuchillos. 

Los destinatarios de tanta crítica son un puñado de empresas que acumulan 2.525 megavatios autorizados en preregistro. Se trata de Abengoa, ACS, Acciona, Grupo Solar Milenium, Samca, Elecnor y Torresol. Los tres primeros grupos controlan más del 50% de los megavatios autorizados. En el modelo ideal, con sobrecapacidad de generación y demanda a la baja, los precios deberían tender también al descenso. Y sin embargo, no es así En un sector tan especializado como el eléctrico, los números, para bien y para mal, se examinan al céntimo para armar las críticas. Y sobre el sector termosolar, los números caen de punta. Como chuzos. Según las cuentas que circulan por las grandes empresas, la termosolar es la más cara de las renovables (320 euros MWh) y tendrá un coste para el sistema de 2.000 millones de euros al año si se cumplen las previsiones y se instalan los 2,5 GW autorizados. Un coste que se extendería durante al menos 25 años. En 2011 las empresas cobraron en torno a 400 millones de euros y en 2012 la previsión apunta a 553 millones. 

Por supuesto, las empresas agrupadas en la asociación Protermosolar también manejan números. Favorables, faltaría más. Según las cuentas elaboradas por la consultora Deloitte, en 2020 los proyectos termosolares contribuirán al PIB con 3.516 millones al año, ahorrarán la importación de 140.692 toneladas equivalentes de petróleo (tep) y en 2015 su actividad habrá ahorrado la emisión a la atmósfera de 3,1 millones de toneladas de gases. 

Visiones absolutamente divergentes en un sector, el energético, que ha registrado un importante proceso especulativo con los huertos solares y que tiene poco que ver con lo que, en numerosas ocasiones, se ha publicitado para el sector eléctrico: una actividad teóricamente en competencia, liberalizada y moderna. 

Escasa competencia y fiscalidad elevada 

Aunque la teoría se quiebra. En el modelo ideal, con sobrecapacidad de generación —las centrales de ciclo combinado, que suman más de 25.000 megavatios, solo funcionan una cuarta parte de las horas posibles— y demanda a la baja, los precios deberían tender también al descenso. Y sin embargo, no es así. Las razones son múltiples. La escasa competencia y la fiscalidad de la electricidad explican en parte el problema. Hasta un 28% de la factura son impuestos. Y de los costes totales del sistema (en torno a 31.000 millones), más de un tercio tienen que ver con decisiones de política energética o lo que es lo mismo, con decisiones que toma el Gobierno de turno. Un error, como sucedió con la estimación del negocio solar fotovoltaico, o una decisión política arriesgada —contener artificialmente las tarifas eléctricas, como se hizo en 1998— puede hipotecar el futuro. 

Y luego toca enmendar errores. El consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, es uno de los representantes del sector eléctrico y gasista que ha solicitado “limpiar” la tarifa eléctrica de todo aquello que, estrictamente, no es electricidad. Desde el coste de mantener el sistema en Baleares y Canarias, los llamados extrapeninsulares, hasta las subvenciones al carbón, pasando por la llamada interrumpibilidad (descuentos a las grandes industrias por admitir restricciones de suministro en caso necesario), que suman, según sus números, 600 millones por año.

Pero en un contexto de crisis, el responsable de Industria lo tiene difícil para taponar agujeros sin soliviantar ánimos. Y no se trata solo de empresas. En el descontrol de los huertos solares, que en 2010 ya sobrepasaban en un 800% el objetivo fijado en 2005 para su desarrollo, además de la favorable retribución, tuvo mucho que ver la duplicidad de competencias entre el Estado central y las comunidades autónomas. Es algo a solucionar. Pendiente. 

Como pendiente está una apuesta decidida por el ahorro energético. Es una cuestión económica fundamental, mal resuelta hasta ahora y que ha hecho perder competitividad al conjunto de la economía. 

Y aunque con las dificultades económicas las cuestiones medioambientales parecen haber pasado a un segundo plano, no conviene perderlas de vista. Lo recuerda en sus documentos la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que, para frenar el cambio climático, considera que el 60% de las medidas a adoptar deberían ser acciones relacionadas con la eficiencia energética; el 20% relacionadas con las energías renovables; en un 10%, con la energía nuclear, y en otro 10%, con el secuestro de carbono.

Política energética en tiempos de crisis

Sobran razones para recortar ya el exceso de retribuciones que siguen percibiendo las eléctricas.


Articulo de opinión publicado en "El País" por Martín Gallego Malaga,
 ingeniero de minas y economista, ha sido secretario general de la Energía.

En España, al encender la luz, cada día se pone en marcha un contador virtual que reconoce al suministro de las empresas eléctricas una retribución excesiva que no puede luego cobrarse aumentando unas tarifas que son de las más elevadas de Europa. Por ello, se va acumulando un déficit eléctrico, que podría llegar este año a 30.000 millones de euros, cuyos principales damnificados no son las cinco grandes empresas eléctricas, que pueden financiar y titulizar el déficit con el aval del Estado y hasta repartirlo como dividendo, sino los consumidores, que adquieren la obligación de pagarlo en los próximos 15 años.

No es de extrañar que la prioridad del Gobierno sea “atajar el déficit” y que a ello se dirijan sus primeras medidas, pero lo más importante es identificar correctamente los componentes a cambiar.

1. Revisar el contador del déficit. El déficit se genera porque hay un exceso de retribuciones reconocidas, tanto por el mercado de precios de la energía como por los ingresos regulados que adicionalmente reciben las centrales convencionales y la producción renovable, así como por la remuneración del transporte y la distribución.

Todas ellas son las causantes del déficit, por lo que este no puede achacarse básicamente al sobrecoste de las energías renovables como hacen las empresas eléctricas, ya que, desde que entró en vigor la Ley Eléctrica, las actividades liberalizadas también han recibido ingresos regulados en cuantía muy superior (1,6 veces) a las renovables.

Para reducir el déficit hay, por supuesto, que revisar muchas retribuciones reguladas, pero para atajarlo es imprescindible cuestionar también los ingresos reconocidos en función del precio de mercado. Entre estos, los de mayor cuantía, según el análisis riguroso efectuado por Economistas Frente a la Crisis, son los beneficios no justificados que están obteniendo las empresas desde 2005, por el elevado margen entre los precios de mercado percibidos por las hidráulicas y nucleares y sus únicos costes remanentes que son los variables. Ello constituye un claro ejemplo de beneficios inesperados causados por un cambio de regulación, con un valor estimado desde 2006 hasta 2011 de 16.000 millones de euros, sin que tenga ninguna consistencia el pretexto de sus propietarios de no haber completado su amortización, ya que solo indicaría que han dedicado los ingresos a otros fines.

Por tanto, dicha sobrerretribución, que debió haber sido eliminada en 2006, debe desaparecer ahora sin más dilación, pues no sería de recibo que, en la presente situación, las eléctricas fueran las únicas que no contribuyeran a la salida de la crisis. Ello no lesionaría su seguridad jurídica, al no alterar sus expectativas de ingresos cuando realizaron sus inversiones, y, en cambio, vela por la seguridad jurídica de los consumidores, que solo estaban obligados antes de la Ley Eléctrica de 1997 a retribuir las inversiones con un margen muy inferior al hoy obtenido por las eléctricas.

Al déficit contribuyen también los 3.396 millones de euros de Costes de Transición a la Competencia (CTC) que la Comisión Nacional de la Energía estima han cobrado en exceso las eléctricas, así como el procedimiento de titulización del déficit, que hay que cambiar para que su sobrecoste de 5.000 millones de euros no sea soportado por los consumidores, bien porque vuelva a ser responsabilidad de las empresas o, en caso de gestionarlo el Estado, paguen ellas los gastos de colocación y el descuento financiero por adelantar su cobro.

Además, hay que eliminar otros ingresos ocasionados por la forma de determinar algunos precios de mercado. Por ejemplo, regulando el precio ofertado por centrales con funcionamiento imprescindible, para impedir que lo hagan a precios abusivos (a veces, más de 1.000 euros/MWh) y también eliminando los sobreprecios que pagan los consumidores por la fijación de la Tarifa de Último Recurso.
En resumen: sobran razones para recortar ya, sin más dilaciones, el exceso de retribuciones que siguen percibiendo las eléctricas, utilizando transitoriamente técnicas jurídico-fiscales no recurribles, hasta establecer por ley una nueva regulación global.

2. Crisis y política energética. Las sobreinversiones sin sentido en diferentes sectores causantes de la actual situación económica —aeropuertos sin aviones, viviendas sin vecinos, bancos sin préstamos solventes— se han dado también en el sector energético —regasificadoras infrautilizadas o paradas, almacenamientos sin gas…—, en la generación eléctrica, que está liberalizada, sobre un tercio de la potencia instalada, lo que muestra el fracaso del actual mercado para asignar recursos eficientemente. 
Lo que ahora se requiere es no solo ajustar a corto plazo el déficit, sino visión estratégica para enmarcarlo en una política energética que salvaguarde la seguridad y sostenibilidad del suministro futuro y que tenga la ambición de apoyar la industrialización y el crecimiento en España. Hay que afrontar la desaparición del déficit eléctrico con el mismo vigor que el presupuestario y aprovechar que no hay que construir nuevas centrales térmicas para efectuar otras inversiones que hagan más eficiente el sector, a la vez que dinamicen y hagan más competitiva la economía española.

Entre esas inversiones, priorizaría tres: mejorar la eficiencia energética, promoviendo la rehabilitación de edificios y el almacenamiento de energía; reducir la dependencia del petróleo, sustituyéndolo por biocombustibles, electricidad y gas, y en tercer lugar, promover más eficientemente las energías renovables.

Merece la pena detenerse en estas últimas, que atraviesan tiempos de tribulación en los que algunas actuaciones, mal planteadas y peor resueltas, no deberían ofuscar la conveniencia de apoyar un sector que no solo presenta muchas externalidades y ventajas comparativas en España, sino que va a seguir creciendo en el ámbito mundial, donde Bloomberg New Energy Finance proyecta que la actual inversión en renovables de 150.000 millones en 2010 superarán los 350.000 millones en 2030, en que estarán instalado 1 millón de megavatios eólicos (equivalentes a 1.000 centrales nucleares) y 1 millón de megavatios solares.

¿Cómo podría plantearse en España este apoyo? Efectuando periódicamente convocatorias acotadas en su cuantía, que introduzcan competencia de proyectos mediante subastas adjudicadas no solo al menor precio, sino por su innovación tecnológica y planes de industrialización.

Este nuevo sistema, que permitiría dar continuidad a los agentes más competitivos, requiere un borrón y cuenta nueva para liberar derechos sin desarrollar otorgados territorialmente, o reservas de conexión a red y replantear algunos proyectos especialmente onerosos con una negociación que salvaguarde la debida seguridad jurídica.

Ese conjunto de inversiones prioritarias podría financiarse mediante exacciones que gravaran el alargamiento de vida de las nucleares, comenzando por Garoña, la regularización de las concesiones hidroeléctricas y las emisiones de combustibles y carburantes fósiles.

Con todo lo anterior se conseguiría aprovechar la experiencia y ventaja comparativa de nuestro país en energías renovables para ser un agente activo en su desarrollo, de forma que, cuando su coste de producir electricidad iguale al de las centrales térmicas, España disponga de tecnología propia, en vez de la habitualmente importada, y de una industria competitiva que contribuya al crecimiento y al empleo.

3. Hacia un nuevo sector energético. Conviene recordar el pronóstico del Jeque Yamani —“la edad de piedra no terminó por escasez de piedras, y la del petróleo terminará, pero no por falta de petróleo”— para visualizar un sector energético diferente cuando se instaure la edad de la electrificación con energías renovables. Hablamos de un horizonte de 20 años, para el que hay que empezar ya a tomar decisiones, que no deberían ser frenadas por las grandes empresas eléctricas, que tendrán que asumir un marco de mayor competencia, por la generación distribuida basada en renovables y la fusión de redes inteligentes con Internet. Esto hará posible que cada edificio produzca electricidad y la venda o la compre en cada momento según el precio de su mercado local. ¡Eso sí que son mercados útiles a los consumidores!

Ese mundo que asoma ya en California, Tejas, Florida… donde son inteligentes más de la mitad de los contadores instalados, contrasta con la situación de España, donde la relación de quién necesita una nueva acometida eléctrica es de vasallaje feudal con la distribuidora local, a la que tiene que construir la conexión hasta su centro de transformación y regalársela luego. Esto es consecuencia de la reintegración vertical de las grandes eléctricas, que generan y venden la energía a sus clientes utilizando la información privilegiada de su filial de distribución.

La desintegración vertical de las actividades de red, llevada a cabo en el transporte, debe completarse en la distribución, que, al ser un monopolio natural, es también una actividad regulada que tiene que ser desempeñada por operadores independientes de las productoras y comercializadoras.

Como conclusión: una distribución independiente puede facilitar el desarrollo de las renovables y la implantación de redes inteligentes que, junto con el recorte a la remuneración de la generación convencional, den lugar a un suministro eléctrico más eficiente y a una industria competitiva.

jueves, 5 de julio de 2012

Eficiencia energética: Ética y negocio

Estoy convencido de que la gestión inteligente de la energía constituye un elemento decisivo para salir definitivamente de la crisis económica, además de ser un requisito indispensable para la sostenibilidad de nuestro entorno.

Desde una perspectiva global, cabe advertir que en la actualidad, de los 6.000 millones de habitantes de nuestro planeta únicamente 2.000 millones tienen un acceso de "primera clase", regular y sin interrupciones, a la energía. Al mismo tiempo, hay otros 1.600 millones de personas que no tienen ningún tipo de acceso a la electricidad, lo que constituye un grave problema ético, económico y social. Es indudable que en los próximos 25 años más de 2.000 millones de personas reivindicarán su derecho a ser consumidores de "primera clase". Eso nos obligará a duplicar en ese tiempo nuestra capacidad actual de generación de energía.

Frente a esa certeza, proyectando a largo plazo el actual contexto económico, político y geoestratégico, y considerando la creciente escasez de recursos naturales, vemos que los costes de la energía aumentarán fuertemente como consecuencia del aumento del precio de las materias primas y la necesidad de realizar importantes inversiones para su generación y distribución.
Sabemos también que si deseamos construir un planeta sostenible, en los próximos cuarenta años habrá que dividir por cuatro las emisiones de carbono actuales. 

A menudo se aborda el problema energético desde una visión excesivamente centrada en la generación de energía (renovables, debate sobre la energía nuclear, materias primas...) y, aunque obviamente esta cuestión es fundamental, voy a centrarme en el lado menos visible del debate: el del consumo de energía. 

La ecuación global "+ kilovatios / habitante / - CO2" descrita anteriormente tiene una difícil solución. Pero si analizamos esta aparente paradoja desde la demanda y con visión emprendedora, resulta evidente que la respuesta reside en la eficiencia energética, que además es una muy buena oportunidad de negocio a largo plazo. La eficiencia energética puede ser definida de diversas maneras; en Schneider Electric la definimos así: "La combinación de tecnología, procesos y conductas de las personas que permite ahorrar energía manteniendo o aumentando los niveles de productividad y confort". 

El desafío es de una envergadura y complejidad colosales. Habrá que enfrentarlo tratando de segmentar el análisis para poder centrarnos en las principales oportunidades de mejora. Propongo pues, centrarnos en un sector fuertemente consumidor de energía y altamente emisor de CO2: los edificios comerciales y residenciales (privados y públicos).

La mala noticia es que está globalmente aceptado que los edificios comerciales y residenciales representen alrededor del 40% del consumo mundial de energía y un nivel similar de las emisiones de CO2. La buena es que, siguiendo las recomendaciones de The Fourth Intergobernmental Panel for Climate Change Assesment Report, los citados edificios representan el potencial más alto de reducción de consumo y de emisiones de carbono entre todos los sectores económicos revisados... ¡La oportunidad está servida y la solución, en nuestras manos! 

La eficiencia energética mejora progresiva y permanentemente el rendimiento de los edificios: 
  1. Optimizando el uso de equipos y potencias instaladas mediante planes de adaptación progresiva. 
  2. Reduciendo drásticamente el consumo y las emisiones de CO2. 
  3. Dotando de fuentes locales de energía renovable 
  4. Asegurando la disponibilidad y la continuidad, especialmente en aplicaciones críticas de la energía. 
  5. Mejorando la productividad y el confort de sus ocupantes. 
  6. Mejorando el control del edificio y la seguridad de sus ocupantes. 
La eficiencia energética en los edificios abarca: 
  1. El control global del edificio (supervisión, redes, fuentes locales de energía renovable). 
  2. Aplicaciones específicas de control (calefacción, aire acondicionado, alumbrado, ascensores, escaleras mecánicas...). 
  3. Distribución eléctrica (distribución de electricidad, protección de personas e instalaciones, aplicaciones críticas...). 
  4. Seguridad (circuito cerrado de TV y alumbrado de emergencia). 
Para evitar la demagogia y la superficialidad en el análisis, me permito ofrecerles un par de datos basados en la realidad: 
  1. Se pueden conseguir ahorros de hasta un 30% en el consumo energético de la mayoría de edificios existentes. 
  2. El retorno de una inversión ligada a los ahorros en el consumo energético se suele situar entre 3 y 5 años... ¡Les puedo asegurar que en las empresas se hacen muy a menudo inversiones mucho menos rentables! 
En España tenemos bastantes ejemplos concretos y singulares, pero déjenme darles el último de ellos de carácter internacional por lo emblemático del edificio. Schneider Electric ha contribuido a la reducción de un 20% en las emisiones de CO2 en el Bella Center de Copenhague, mediante el diseño de una arquitectura activa e integrada de gestión de la energía. Como saben, el Bella Center es el centro de congresos donde los principales líderes mundiales celebraron la pasada Conferencia del Cambio Climático (COP-15). En otras palabras: en un edificio de 122.000 metros cuadrados, Schneider Electric contribuyó a reducir las emisiones de CO2 en 1.150 toneladas por año y los costes energéticos en alrededor de 270.000 euros, también por año..., y ¡hablamos de un solo edificio! 

Ese ahorro viene motivado en gran parte por una nueva concepción de la eficiencia energética con sistemas técnicos de última generación, que en Schneider Electric llamamos "EcoXtructure". En efecto, el avance espectacular de las tecnologías de la información y la conectividad, junto a una mayor experiencia en el proceso de generación, distribución y consumo nos permite la creación de arquitecturas integradas que elevan a niveles hasta ahora desconocidos la capacidad de ahorro energético. 

Pero aunque tenemos la tecnología y los resultados empiezan a ser prometedores, la incertidumbre actual, ligada a la grave crisis económica, hace que algunos factores actúen como barreras para la mejora de la eficiencia energética: falta de información objetiva, falta de suficientes incentivos, distorsiones introducidas por cambios en las políticas, intereses a veces conflictivos entre diferentes actores e incluso factores psicológicos. 

Por otra parte, las actuales directivas y la mayoría de regulaciones se centran excesivamente en aspectos de diseño de los nuevos edificios dejando de lado las grandes reducciones de consumo, y por tanto de costes, que se pueden obtener a lo largo de la vida útil del parque actual de edificios en funcionamiento, incluso si, tal y como ya he comentado, los sistemas de medida, control y monitorización requieren niveles de inversión y ofrecen retornos económicos realmente muy aceptables. 

A mi modo de ver, el Gobierno estatal, autonómico y local debe priorizar y dar un impulso mucho más decidido a la implantación de sistemas de alta eficiencia energética centrándose en el verdadero "quid" de la cuestión: sólo la Administración central del Estado gestiona un parque de más de 7.000 edificios y locales -18 millones de metros cuadrados- con un elevado potencial de ahorro energético. 

Por tanto, si las Administraciones Públicas asumen un papel ejemplarizante y de liderazgo, serán un catalizador fundamental para facilitar la labor habitual de promoción de estos sistemas por parte del resto de integrantes del sector. Parece que en la nueva ley de economía sostenible quedará claro este papel por parte de la Administración. Esperemos que así sea y de ello se deriven políticas y planes de acción concretos e inmediatos. 

No podemos olvidar que la eficiencia energética nos ofrece la posibilidad de posicionarnos en un sector fuertemente innovador para competir con éxito en los mercados internacionales: la eficiencia energética es una necesidad global. Europa y España tienen la gran oportunidad de tomar realmente la delantera en este importante sector de futuro. 

Pero habrá que apurarse: nuestros competidores no se quedarán de brazos cruzados... ¿Vamos? 

Articulo escrito por Julio Rodríguez: director general de Schneider Electric para Europa, África, América del Sur y Oriente Medio.

Eficacia energética en viviendas (EnerBuilding)

Eficacia Energética en Edificios

martes, 3 de julio de 2012

La subasta de la energía CESUR. El motivo por el que el precio de la TUR sube



El resultado de esta subasta tiene un peso cercano al 50% sobre la Tarifa de Último Recurso; el resto corresponde al tramo regulado por el Gobierno. 

La decimonovena subasta de electricidad entre comercializadoras de último recurso (Cesur) se ha cerrado con una subida del 9,3%, lo que ejerce una presión al alza del 3,9% en la revisión de julio de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz, indicaron a Europa Press en fuentes del sector. 

Las fuentes explican que el producto base de energía subastado para el tercer trimestre arrojó un precio un 10,3% superior al del segundo trimestre, si bien los ajustes de estacionalidad y de apuntamiento posteriores situaron el incremento en el 9,3%. El resultado de esta subasta, en la que las comercializadoras encargadas de suministrar la tarifa regulada adquieren la energía correspondiente al tercer trimestre, tiene un peso cercano al 50% sobre la TUR. En este caso, su traslado al recibo de la luz supone una presión al alza del 3,9%.

La anterior subasta eléctrica, celebrada en marzo, se cerró con bajadas del 7%, si bien la TUR subió finalmente un 7% para recoger un incremento de peajes cercano al 23% con el que el Gobierno cumplía las sentencias del Tribunal Supremo y garantizaba el equilibrio entre costes e ingresos. La subida vino acompañada de un recorte de costes regulados de 1.700 millones. 

En la subasta de esta mañana, las cinco eléctricas que prestan el servicio de tarifa regulada, que son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC y E.ON, han adquirido 5.036 megavatios (MW) de carga base y a 575 MW de carga punta correspondientes al tercer trimestre del año. 

Tras conocerse el precio de la energía, el 50% restante de la TUR corresponde a los peajes eléctricos, en los que se recogen los costes regulados del sistema eléctrico y cuya cuantía está revisando el Gobierno como parte de la reforma energética para acabar con el déficit de tarifa. 

Endesa ha explicado en su junta de accionistas celebrada este martes que la reforma energética podría aprobarse previsiblemente en julio y que su importe podría asemejarse al recorte ya aplicado por el Gobierno en marzo al sistema eléctrico, de 1.700 millones de euros. 

Al margen de las decisiones que adopte el Gobierno relacionadas con la reducción de costes del sistema eléctrico, los expertos advierten de que será necesario elevar los ingresos del sistema y de que, para ello, no solo deberán subir las tarifas, sino también previsiblemente la fiscalidad.

Fuente Original:

http://www.libremercado.com/2012-06-26/la-subasta-electrica-obliga-a-subir-la-luz-un-39-1276462332/

lunes, 2 de julio de 2012

Subida en Julio 2012 de la TUR un 4,967%


Hemos elaborado esta tabla del incremento de la TUR en la que se reflejan los complicados incrementos que ha experimentado esta tarifa que fija el gobierno y que en teoría esta diseñada para fijar un precio razonable de la energía para los consumidores de pocos recursos. 

Vamos a explicarla mejor:

Los precios anteriores al RD 13/2012 fueron modificados con carácter retroactivo tal y como se refleja en nuestro cuadro para compensar a las Compañías Eléctricas del llamado "Déficit Tarifario". Este incremento se va a distribuir en las facturas de todo el año con la consiguiente distorsión que supone para los usuarios que suelen solo mirar el monto total de la factura sin desglosarla.

Como ya hemos comentado en entradas anteriores las comercializadoras están aprovechando el rio revuelto para ir pasando todos los clientes de TUR que puedan al  Libre Mercado Eléctrico. Pueden ser de la misma compañía pero son dos razones sociales diferentes. Se continua en Iberdrola y sale en la factura el logo grande de la misma compañía pero en pequeño no es la misma razón social.

Cada cual hace lo que más le conviene, pero también hace falta tener bastantes pocos escrúpulos para tal y como estan las cosas endosarle a algún que otro jubilado que puede tener viviendo con él hijos en el paro y hasta nietos un contrato en mercado libre sabiendo que a la larga tras la oferta de los primeros meses va a tener que pagar más por la luz que consume.

Ser profesionales es asesorar lo que mejor conviene al cliente y hay una franja significativa de mercada que el único asesoramiento que en esto puede esperar es de los servicios sociales de su ayuntamiento o barrio porque entran de lleno en la franja de lo que se conoce como pobreza energética.

Recomendaciones energéticas de Europa a España

  1. El sistema de tarificación de la electricidad en España sigue siendo ineficiente y presenta un nivel de competencia insuficiente. 
  2. La suspensión de las ayudas a las energías renovables desalienta la inversión en el sector y hará difícil que España alcance sus objetivos energéticos y climáticos en el marco de la Estrategia Europa 2020. Por otra parte, con una menor proporción de energías renovables, la dependencia de España de la energía importada aumentaría respecto de la tasa actual del 79% (que es ya muy superior a la media de la UE, del 54%). 
  3. La simplificación de los complejos procedimientos de autorización y planificación y la supresión de otros obstáculos al desarrollo de las energías renovables pueden contribuir a reducir el coste de estas energías, cuestión que aún está pendiente para España. 
  4. Aunque una reducción de los costes de la electricidad debería contribuir a disminuir el déficit tarifario, la subida de las tarifas aplicadas a los consumidores puede frenar el consumo interno y reducir la competitividad exterior de las empresas. 
  5. Una competencia insuficiente en el sector energético ha contribuido, al menos en parte, a la constitución del déficit tarifario al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas, ya amortizadas, o al mantener la concesión de subvenciones ineficientes y perjudiciales para el medio ambiente a las minas de carbón. Estas medidas no se han traducido en menores precios, por lo que obstaculizan el crecimiento económico. España tiene uno de los niveles de interconexión más bajos de la UE. La finalización de las estructuras de interconexión de la electricidad y el gas con Francia y Portugal, actualmente en construcción, contribuiría a intensificar la competencia en el sector energético. El aumento de la capacidad para intercambios transfronterizos de la red eléctrica, especialmente con Francia, permitirá a España aumentar los intercambios con sus países vecinos y equilibrar la oferta de energías renovables, como, por ejemplo, la de energía eólica. En realidad, la baja capacidad de transmisión transfronteriza ha contribuido a un despilfarro de recursos de las empresas que operan en el sector de las energías renovables, que deben acometer grandes inversiones en costosas instalaciones de energía.
Fuente original del artículo Servicios Energéticos escrito por Javier Sierra Marco.