martes, 29 de julio de 2014

Las nuevas tarifas eléctricas indignan a los regantes del Guadalquivir


Un agricultor en uno de los regadíos de la zona de Nueva Jarilla, en Jerez. / ROMÁN RÍOS

En la campiña jerezana se barrunta un otoño caliente. Más de 2.000 regantes de la comunidad del Guadalcacín han dado la voz de alarma tras anunciarse la que puede ser la segunda subida eléctrica en un año. En 2013 soportaron un encarecimiento del recibo de la luz del 20% y ahora temen que la nueva orden del Gobierno, publicada en el BOE el pasado 19 de julio, suponga más incrementos de hasta el 40%. Una situación que retrata los agitados ánimos en toda la cuenca del Guadalquivir, donde se concentra la mayor parte de los 100.000 regantes y del millón de hectáreas de regadío que hay en Andalucía. Los agricultores han visto incrementado su recibo de la luz en 37 millones tras el tarifazoeléctrico del pasado agosto, a lo que hay que añadir el sobrecoste de los cánones por la construcción de los embalses de la Breña II y Arenoso. 

La subida del recibo la aplica el Estado, que recuperó las competencias del Guadalquivir en 2011. El regadío supone el 80% de los usos del agua y un 50% del empleo agrario andaluz. 

“Nos quieren subir tres céntimos el kilovatio, una auténtica burrada”, protesta Jacinto Carrasco, presidente de la comunidad del Guadalcacín en Jerez. Este comunero aporta un dato que refleja la situación de los regantes en la comarca: el 18% de los recibos de luz ya no se pagan en periodo voluntario. En su opinión, la falta de viabilidad está haciendo que muchos regantes abandonen sus explotaciones y otros sopesan volver al riego tradicional. “El problema es que los sobrecostes de luz no se pueden pagar con lo que se siembra”, agrega Carrasco. Los cultivos más perjudicados en la zona son el algodón, el maíz, la remolacha y, sobre todo, las hortalizas, que ya arrastran un invierno “desastroso”, según estos trabajadores, por la caída de la demanda en los países europeos. 

La gota que ha colmado la paciencia de los regantes ha sido la circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de la electricidad y que regula nuevos periodos y modalidades tarifarios. Aunque el alcance final de esta normativa se conocerá cuando se aprueben los nuevos peajes de acceso, los agricultores se temen lo peor. “Aún hay que esperar, pero vemos que puede haber aspectos negativos como la penalización en los consumos de agosto, aunque puedan atenuarse los tramos de junio y julio”, indica Pedro Parias, secretario general de Feragua, la principal federación de regantes. No obstante, esta organización recomienda a los agricultores que se preparen ante el nuevo escenario tarifario que les obligará a optimizar la potencia contratada y a modificar los hábitos de consumo para ajustarse a los nuevos periodos tarifarios. 

El sector desconfía de que el Gobierno central vaya a frenar a a las eléctricas. “Ya les habíamos pedido a los ministerios el IVA reducido y una tarifa especial para los regadíos. Y ni lo uno ni lo otro. Hablan mucho de crear empleo, pero esta nueva normativa sólo trae ruina y más paro”, se lamenta Carrasco. 

Junto al incremento de las tarifas eléctricas con carácter general, los regantes soportan además los sobrecostes derivados de los cánones de explotación de la Breña II y Arenoso, que suponen casi 20 euros por hectárea adicionales. Feragua, que plantea a los regantes un plante fiscal, ha anunciado que recurrirá el canon anunciado para 2015 ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía, al igual que hizo con las tasas impuestas en los dos últimos años, que contemplaban una subida del 30%. 

De igual forma, Feragua ha exigido al ministerio que rectifique y elimine la intermediación de Acuaes, la antigua Acuavir, en la explotación de estos embalses, al entender que esta intermediación solo provoca “un encarecimiento artificial del coste de explotación y de mantenimiento de medidas medioambientales que soportan los usuarios”. Feragua estima que una gestión directa por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir permitiría reducir el canon a una tercera parte al ampliar el periodo de amortización de 25 a 50 años, como ocurre en todas las presas estatales, que se amortizan en 50 años según la Ley de Aguas. Parias pone un ejemplo: por 16 presas del sistema de regulación general, la Confederación del Guadalquivir traslada unos costes de explotación de 4,3 millones, mientras que por solo dos presas, la sociedad Acuaes traslada 1,3 millones. 

Mientras, en el plano político el PSOE andaluz ha criticado que el PP rechazara en el Senado la moción presentada para reducir las tarifas eléctricas al regadío, para que paguen solo por la potencia real utilizada y no por la contratada, además de permitirles producir energías renovables para el autoconsumo. 

En alerta por los robos de cobre

Los transformadores de cobre de las comunidades de regantes se han convertido en uno de los objetos favoritos de los cacos. Tanto es así que los agricultores alertan del incremento de los robos en los últimos meses, y la sospecha de que se trata de bandas organizadas que actúan con impunidad en varios puntos de Andalucía. El secretario general de COAG en Jaén, Juan Luis Ávila, lo tiene claro: “Actúan siempre con el mismo método, de noche, y desconectando los sistemas de alarma. Entran en los centros de transformación de las comunidades de regantes, los desconectan y los vacían, llevándose el cobre de las instalaciones, añadiendo además toda la herramienta que puedan llevarse a su paso. Algunas comunidades ya han sido asaltadas varias veces”. 

La COAG y varias comunidades de regantes de la provincia de Jaén han mostrado su preocupación por esta escalada delictiva al subdelegado del Gobierno en Jaén, Juan Lillo, a quien le han pedido un plan de seguridad específico para el regadío, además de una mayor vigilancia también en los desguaces para que se controle la procedencia del cobre que entra y que se asegure que no es robado. El cobre se paga en el mercado negro a poco más de cinco euros el kilo, pero el coste para reponerlo resulta millonario para los agricultores. 

El Gobierno se remite al plan de vigilancia puesto en marcha en 2013 en el campo bajo la denominación de Equipos Roca. Son 25 grupos con un total de 96 agentes de la Guardia Civil, más unidades de refuerzo hasta alcanzar los 200 efectivos.


Autores: Ana Huguet y Ginés Donaire
Fuente: El País

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