martes, 30 de diciembre de 2014

El certificado de eficiencia energética sigue 'en tierra de nadie'


Las autonomías no valoran su importancia, 
lo que deriva en desinformación ciudadana 

Madrid ya ha abierto 21 expedientes sancionadores 
con multas de hasta 6.000 euros 

Los expertos coinciden en que la Administración 
debe abanderar una campaña informativa 

Imagen de un documento que desarrolla el certificado de eficiencia energética. EL MUNDO


2014 ha sido el año de la implantación y desarrollo del certificado de eficiencia energética, documento que el propietario debe mostrar al potencial inquilino o comprador de la vivienda o local antes de la formalización del contrato. 

Regulado por el Real Decreto 235/2013, este procedimiento básico de certificación ha sufrido diferentes desarrollos autonómicos para especificar cuestiones que la normativa dejaba abiertas. En el plano legislativo, reconoce el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, "sólo se ha trabajado para implantar el mismo de una forma más generalizada y dinamizar el funcionamiento tanto de los técnicos certificadores, como de los sistemas de registro, control e inspección que establecen las Comunidades Autónomas". 

Más allá del desarrollo de los registros oportunos, información sobre las tasas de registro y otras cuestiones generales establecidas por las CCAA, la tónica dominante es la desinformación que todavía tiene el ciudadano. En este sentido, "las Administraciones autonómicas no parecen valorar la importancia del certificado, que parece ser un documento administrativo más y no un documento técnico fundamental para iniciar el camino al ahorro energético y la reducción del consumo de energía primaria no renovable", lamenta Pilar Pereda, secretaria del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 

Las Administraciones, según Pereda, deben encarar la labor de difusión y formación a los ciudadanos y de control del intrusismo y las malas prácticas. De ello, por ejemplo, se está ocupando la dirección general de Industria Energía y Minas de la Comunidad de Madrid que prepara una orden para obligar a los técnicos a visitar in situ los inmuebles. "Algo inherente en el Real Decreto, pero que parece que algunos técnicos, y lo que es peor algunas asociaciones como la OCU, no habían interiorizado", denuncia Pereda. 

Inés García, de la plataforma de certificación Certicalia, confía en los avances que poco a poco están haciendo las CCAA. Así, en Navarra se han impuesto sanciones a algunas agencias inmobiliarias que anunciaban sus inmuebles sin indicar la calificación energética y en Cataluña también la Administración ha avisado a las agencias de la obligatoriedad de mostrar la etiqueta energética. 

"En Castilla y León y en la Comunidad Valenciana también se ha publicado el proceso para las inspecciones del certificado energético", destaca García. Ahora bien, "lo que no ha cambiado es que estas inspecciones se siguen dirigiendo, como en Madrid, a los inmuebles ya certificados para comprobar que el certificado energético es verídico", añade. E insiste en que "no se inspeccionan los inmuebles que se venden sin certificar y que están incumpliendo la normativa". 

Sobre la obligatoriedad de informar del número de certificados realizados, las CCAA deben aportar con regularidad sus datos a la Administración Central, según establece el RD 235/2013. Desde el IDAE confirman que estos datos se recogen y explotan semestralmente, y además existe un informe sobre el número de certificados por CCAA, así como por calificación energética en emisiones y en consumo. El último informe data de junio de 2014, "aunque actualmente se está trabajando para publicar uno nuevo con los datos actualizados a fecha de 31 de diciembre de 2014 que verá la luz en el mes de enero", dice este organismo. 

Comunidad de Madrid: 21 expedientes sancionadores 

ELMUNDO.es ha podido conocer los datos relativos a la Comunidad de Madrid durante 2014. Durante este año se han tramitado 120.397 certificados de eficiencia energética de inmuebles, cuyo desglose por calificación energética (de la letra A, más eficiente, a la G, menos eficiente) es el siguiente: A, 61 certificados, B, 524; C, 3.874; D, 17.190; E, 65.934; F, 11.583; y G, 21.231. 

La Comunidad de Madrid ha incoado 21 expedientes sancionadores en 2004 por los siguientes hechos: nueve por falsear la información en la expedición del certificado de eficiencia energética, ya que la información y los datos contenidos en dichos certificados no coincidía con la constatada por los inspectores de la Dirección General de Industria, Energía y Minas (DGI) cuando efectuaron las mediciones y verificaciones oportunas; nueve expedientes sancionadores por arrendar inmuebles careciendo del preceptivo certificado registrado de eficiencia energética; y, finalmente, tres expedientes por actuar como técnico certificador sin reunir los requisitos legalmente exigidos para serlo (carecer de la titulación habilitante). 

"Del total de los 21 procedimientos sancionadores, 16 expedientes ya han concluido, habiéndose sancionado finalmente a 14 infractores, y cinco están todavía en tramitación", señala la DGI. Si hablamos de las cuantías de las sanciones impuestas, la menor ha sido de 601 euros por arrendar inmuebles careciendo del preceptivo certificado registrado de eficiencia energética, mientras que en el resto de los expedientes los importes oscilan de 2.000 a 6.000 euros. 

La picaresca en los precios de emisión del certificado, que ha creado controversia entre los profesionales durante 2014, sigue acaparando las quejas de los mismos. "No es necesario más que hacer una búsqueda en Google para constatar que la oferta de precios del certificado de eficiencia energética sigue siendo similar a la de hace un año o incluso más baja", afirman desde la ACA. Esta situación ha hecho que muchos profesionales desistan de realizar más certificaciones al considerar que el precio no se corresponde. 

Los expertos consultados coinciden en señalar que la Administración Central debe abanderar una campaña informativa que explique las ventajas de esta normativa, la información tan valiosa que podría contener y la necesidad y el derecho a exigirlo de forma previa tanto en caso de alquilar como de comprar un inmueble. "Para su mejor implantación y para la mejor aceptación ciudadana, debería haberse impulsado una campaña de comunicación, tal como ha presentado recientemente el Ministerio de Fomento para promover la rehabilitación de edificios", concluye la ACA.


Autor del artículo: Juanjo Bueno
Publicado en: El Mundo

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