España es junto con Rumania y Malta el país de la Unión con más pobreza energética

El denominado bono social, que proporciona precios de la luz más baratos a determinados colectivos, llega al 10% de los hogares, cifra solo superada por el 13% de Rumanía y el 12% de Malta. 

España es, junto con Rumanía y Malta, uno de los países europeos con mayor volumen de contratos de la luz acogidos a bonificación por razones sociales. Así se desprende de las estadísticas que elabora la Agencia de Cooperación de Reguladores Energéticos (Acer). Esta agencia, dependiente de la UE, aglutina a todos los reguladores de energía en la UE, entre ellos, la antigua Comisión de Energía (CNE) española, ahora integrada en la Comisión de Competencia (CNMC). 

En su último informe, Acer detalla que en España en torno al 10% de los hogares están acogidos a lo que se denomina bono social. En concreto, en 2011 eran el 10,2% y en 2012 eran el 9,5%. Este mecanismo permite a esos hogares pagar por la luz por debajo de los precios actuales, ya que tienen congeladas las tarifas desde el año 2009. 

Según algunas estimaciones, un hogar medio acogido a bono social estaría pagando ahora en torno a 413 euros al por la luz, frente a los 557 euros de otro que no está acogido. Es decir, un hogar con bono social pagaría un 34% menos. 

El bono social fue introducido en 2009 por el anterior gobierno del PSOE para proteger de las subidas de la luz a algunos colectivos sociales, como familias numerosas, parados y personas desfavorecidas económicamente. Luego se restringió a usuarios de la luz con menos recursos, entre ellos los pensionistas con rentas escasas. 

Desde su implantación, el bono social en España ha sido fuente de polémica. Sobre todo porque eléctricas y Gobierno no se han puesto de acuerdo en quién tenía que financiarlo, y se han enfrentado en los tribunales por ello. 

Las eléctricas han luchado para evitar tener que ser ellas la que cubrieran el coste, y han llegado a ganar pleitos en los tribunales, logrando que se reconozca que tiene que ser todo el sistema eléctrico (es decir, el resto de usuarios), los que asuman el peso del bono social, con recargos en sus facturas. 

España queda por debajo tan solo de casos como el de Rumanía, con un 13% de los hogares con suministro de luz subvencionado, y de Malta, donde el porcentaje alcanza el 12,4%. En contra de lo que pueda parecer, hay países sin subvenciones energéticas a las familias, como Estonia y Hungría. 

En el foco de atención 

La reforma eléctrica en España ha puesto en el foco de atención el bono social, y otro fenómeno paralelo, el de la pobreza energética. Este concepto se ha puesto de moda en España en los últimos meses, como síntesis de las cada vez mayores dificultades que están teniendo algunos usuarios de energía para pagar sus facturas, ante el incremento de precios, especialmente de la luz. 

Diversos partidos, sin éxito, han intentado promover en el Congreso medidas contra la pobreza energética, mientras el PP ha sacado adelante su nueva ley eléctrica. La reforma eléctrica, en cualquier caso, trata de redefinir el bono social y restringirlo a colectivos que realmente sean considerados "vulnerables" desde el punto de vista económico. 

Quién paga esto 

Se defina un tope o no para el bono social, el problema sigue siendo su financiación. Y en esto, Acer no da la razón ni a las eléctricas ni al Gobierno. El organismo que aglutina a los reguladores no está en contra de que haya subsidios sociales en el mercado eléctrico, pero dice que, si los hay, esos subsidios, en tanto que son ayudas públicas, no deberían estar financiadas por el sistema eléctrico, porque eso introduce distorsiones en la competencia, sino por los Presupuestos Generales del Estado en tanto que son políticas sociales.

Artículo publicado por Míguel Ángel Patiño en Expansión