miércoles, 6 de agosto de 2014

Donde dije verde, digo negro


Pancarta contra las prospecciones petrolíferas en la lonja del puerto de Castellón. / ÁNGEL SÁNCHEZ

La posición favorable del Gobierno a las prospecciones en el Mediterráneo pone en evidencia al PP valenciano, tras las críticas que dirigió a Zapatero “El paisaje beneficia a todos, el petróleo solo a la empresa inglesa que puede explotarlo. El petróleo es una energía antigua, sucia y a extinguir. Estamos en el tiempo no ya del oro negro, sino del oro verde”, decía el entonces diputado popular Esteban González Pons al ministro de Industria socialista, Miguel Sebastián, en febrero de 2010 en el Congreso. “No quisiéramos pensar que se autorizan prospecciones petrolíferas porque se trata de la Comunidad Valenciana”, seguía Pons, que emplazó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a optar por el “verde” y no por el “negro”. 

Con Mariano Rajoy en la Mocloa, se está optando decididamente por el negro. Ahora es un Gobierno del PP el que apoya las prospecciones. Las protestas sociales y de grupos ecologistas se han recrudecido en los últimos meses porque consideran tibia la oposición de la Generalitat para frenar un proyecto que, con la llegada del PP al poder en Madrid, ha pasado de ser una condena a una oportunidad

En marzo de 2011, el Gobierno de Zapatero autorizó a la empresa Cairn Energy la realización de sondeos sísmicos para buscar petróleo en los fondos mediterráneos. Hasta cinco zonas del Golfo de Valencia, de 7.380 hectáreas, fueron autorizadas. Inicialmente, el PP cargó contra ese proyecto. Ahora, esos permisos no solo no se revocarán sino que han pasado a considerarse estratégicos. “España podría ser parte de la solución para eventuales restricciones de gas ruso”, auguraba el ministro de Industria, José Manuel Soria, en junio. 

Ayuntamientos como el de Valencia o Cullera (ambos del PP) y la propia Generalitat valenciana presentaron recursos ante el Tribunal Supremo para tratar de paralizar el proyecto, pero fueron rechazados. El alto tribunal criticó duramente los débiles argumentos del Consell, asegurando que el recurso presentado carecía “del rigor técnico exigible” por su “generalidad” y falta de precisión. 

Las protestas hicieron que la empresa renunciara a realizar los sondeos sísmicos en la zona cercana a L’Albufera antes de haber obtenido la evaluación de impacto ambiental. Las mayores presiones vinieron, sin embargo, de la provincia de Castellón por la reserva natural de las islas Columbretes y los problemas derivados de la inyección de gas en el depósito de la plataforma Castor. “Es mejor no saber si hay petróleo o no, que seguro que hay y el día que alguien vaya a buscarlo se acabará el turismo en Castellón, la Comunidad Valenciana y Baleares”, decía en febrero González Pons ante cargos de su partido. 

Las autorizaciones de Industria permiten a la empresa desarrollar el proyecto en cuatro fases, desde la recopilación de información ambiental hasta la explotación del recurso. Las prospecciones del Golfo de Valencia están en la primera fase, que culminaría con la exploración sísmica. Con el Ministerio de Industria favorable a las prospecciones y a las puertas de obtener la declaración de impacto ambiental que dé luz verde, el Ministerio de Medio Ambiente ya ha dejado claro que los sondeos son una prioridad. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, defendió hace unos días los sondeos exploratorios porque es “razonable” que un Estado sepa de qué recursos energéticos dispone. “Luego se decidirá si explotarlos o no, si son reserva o son garantía, o si se pueden explotar con garantías medioambientales”, detalló el número dos de la nueva ministra, Isabel García Tejerina. 

Mientras Ramos hacía estas declaraciones, la consejera de Medio Ambiente, Isabel Bonig, mantenía una reunión con la ministra para pedirle “que la evaluación de impacto ambiental sea negativa”. La consejería sostiene que con esta expresión lo que se está pidiendo al Gobierno es que sea estricto en el cumplimiento de la ley. Fuentes de la consejería reconocen que, en caso de que la declaración de impacto saliera positiva, el único recurso que quedaría sería acudir a los tribunales para intentar parar un proyecto que en Canarias las gestiones del presidente, Paulino Rivero, con Industria e incluso con el presidente de Repsol, Antonio Brufau, no han logrado frenar. 

La contundencia de gobiernos como los de Baleares y Canarias, que han hecho de la lucha contra las prospecciones su estandarte, contrasta con la tibieza del PP valenciano. En marzo, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, coincidió con el entonces ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en unas jornadas sobre pesca en Valencia. Tras hablar con él sobre las prospecciones, aseguró que “a no ser que haya absoluta garantía de sostenibilidad y de mantenimiento de las condiciones actuales a través del estudio del impacto ambiental, no se producirían”. 

Organizaciones ecologistas, de pescadores y de vecinos han presentado alegaciones a la evaluación de impacto para mostrar su oposición a una exploración que la empresa Cairn Energy prevé que pueda comenzar a principios del próximo invierno. Ecologistas en Acción del País Valenciano, una de las más activas, alegó contra el proyecto el pasado mes de febrero. “La búsqueda de hidrocarburos en el Mediterráneo no supone más que perseverar en un modelo energético insostenible y moribundo, con graves consecuencias ambientales y sociales", explica Carlos Arribas, portavoz de los ecologistas. “No estamos en el Golfo Pérsico. En Tarragona, por ejemplo, donde ya hay pozos en explotación salen 8.000 barriles al día. Es muy poco teniendo en cuenta que España consume a diario 1,25 millones de barriles. No vale la pena”.


Artículo escrito por: Pilar Almenar Vara y Cristina Vázquez


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