Un excelente articulo publicado en ABC de un periodistas que pienso seguir:
Luis P. Arechaderra.
Cuando un consumidor abre el buzón y lee la factura de la luz, ve cifras que no dejan de subir trimestre tras trimestre, año tras año, y no conceptos de política energética ni del mercado eléctrico. Le preocupan las cuentas.
La mayoría de las viviendas españolas pagan a través de la Tarifa de Último Recurso (TUR) -a la que están sujetos aquellos consumidores que tienen contratada una potencia inferior a 10 kilovatios y no deciden acudir al mercado por su cuenta-. En teoría, es lo más cómodo y lo más barato. Pero esta factura lleva años sufriendo las consecuencias de un sistema eléctrico complejo, un jeroglífico difícil de entender pero que rasca el bolsillo. Este recibo ha crecido un 69,14% entre 2006 y 2011, según los datos de Eurostat; en el mismo período, la subida en la zona euro ha sido del 13,1%, y en la Unión Europea, del 19%.
Aunque pueda parecer lo contrario, esta tendencia no ha sostenido el equilibrio del sistema. Ni mucho menos. Desde 2004, los consumidores han acumulado una deuda de 24.000 millones de euros con las compañías eléctricas. Es lo que se denomina técnicamente déficit de tarifa, la diferencia entre los costes y los ingresos, que crece año a año. Y que la ley obliga a cortar en 2013.
Para entender este desajuste, hay que arrojar luz sobre el «oscuro» mecanismo de formación de los precios de la electricidad, que se liberalizó en su mitad en 1997. La tarifa se compone de dos apartados. Una parte regulada por el Gobierno, que cubre actividades indispensables para evitar abusos sobre la red, como el transporte y la distribución, y otras actividades que se asumen que el Gobierno debe impulsar, como la introducción de las energías verdes en el mix energético, razón por la que se incluyen las primas a las energías renovables. Una partida que se ha convertido en uno de los dolores de cabeza del sector. El impulso de estas tecnologías requiere fuertes inversiones iniciales, que se compensan a largo plazo. Pero la crisis ha incendiado la polémica. Sus representantes las defienden a capa y espada, con la misma intensidad con que las critican sus detractores, las eléctricas tradicionales. El debate se entiende como una guerra entre dos sectores empresariales que se reparten una tarta que está saturada de comensales. Y es que desde hace años la potencia instalada no deja de crecer al tiempo que cae la demanda.
La retribución de estos conceptos la fija la Administración cada tres meses. Y uno de los problemas del desequilibrio aparece cuando los gobiernos son tímidos en el ajuste de esta parte del recibo. Subir la luz nunca es popular. Pero no hacerlo, hasta que no se reforme el sistema actual, solo retrasa el problema. Las eléctricas siempre reclaman esta congelación del recibo. Y el Tribunal Supremo les ha dado la razón en el último caso: para el último trimestre de 2011 y el primero de 2012. Por eso, las compañías están incluyendo esta refacturación -lo que no se incrementó en su día- en las facturas actuales, desde agosto a diciembre, lo que está encareciendo el recibo una media del 7%. Otro pellizco más.
Nuevos impuestos
La otra parte del recibo se fija en el mercado a través de una subasta trimestral. Esta parte liberalizada se establece según la oferta y la demanda y cubre la producción de energía. La Comisión Nacional de Energía (CNE) ha investigado este proceso ante la sospecha de que las compañías manipulan la formación del precio con operaciones de compra y venta en los días previos a la subasta. La conclusión de la investigación negó esta hipótesis. Pero la CNE propuso reformar «los mecanismos de supervisión» ante la poca información que tiene de dicho mercado previo. La poca transparencia del proceso sigue sembrando dudas según fuentes del sector.
Con el objetivo de incrementar los ingresos del sistema, el Gobierno aprobó el 14 de septiembre nuevos impuestos a las empresas. Pero su intención de no cargar todo el esfuerzo sobre los consumidores no es realista. El precio de mercado lo marca la tecnología más cara. Y, según un artículo de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), cualquier incremento en sus costes se traslada totalmente al precio final. Estas tecnologías se verán afectadas por el impuesto general del 6% y por los impuestos sobre los combustibles fósiles, argumenta Fedea. Un impacto que subirá la tarifa doméstica en torno a un 5% a partir de enero y entre un 10 y 15% para los consumidores industriales.
El expresidente de Red Eléctrica Española (REE), Luis Atienza, afirmó que las eléctricas van a trasladar el 80% de estos nuevos impuestos a los consumidores. Un incremento que tendrá un efecto diferente en la cuenta de resultados de las empresas, según el artículo de los economistas Natalia Fabra y Gerard Llobet. Las centrales nucleares, las de carbón y fueloil y las de ciclo combinado compensarán el impuesto con la subida del precio; mientras que el coste neto sobre la producción hidráulica será de 200 millones de euros al año, debido sobre todo al canon específico para esta tecnología. Para las energías renovables, absorber el impuesto será más complicado, dado que «algunas reciben tarifas fijas y otras ven complementadas sus primas con los precios de mercado». Las primeras tendrán que asumir íntegramente el impuesto, dice Fedea; en las segundas, «el impacto dependerá de lo que represente el precio de mercado en su retribución».
Una realidad compleja que, hasta que no reforme su esencia, seguirá apuntando al mismo lugar: el bolsillo de ese consumidor que abre asustado el buzón y que solo ve cifras.
