Publicado en la sección de economía del diario "El País" por Santiago Carcar.
La cirugía sin anestesia, de combate, que está practicando el Gobierno en la economía ha tocado hueso y se acerca al nervio. Tras la reforma financiera y la del mercado de trabajo, toca reformar el sistema energético. Es un asunto delicado en un país con un sistema solo nominalmente liberalizado, con una dependencia exterior brutal (80%) y un consumo de energía que es un 20% superior a la media europea por unidad de PIB.
La reforma es crucial. No solo porque afecta a uno de los núcleos de poder e influencia más importantes del país, sino por la delicada situación que atraviesa, con una fuerte caída de la demanda de electricidad (2,1% en 2011, hasta el mismo nivel que 2006), un exceso evidente de potencia instalada (100.576 MW) y una fuerte competencia —forzada, según las empresas tradicionales— de las energías renovables, que el pasado año cubrieron el 33% de la demanda.
Con todo, el gran problema a resolver se llama déficit tarifario, una deuda contraída —por todos— con las grandes compañías eléctricas, que supera los 24.000 millones de euros acumulados en poco más de una década y que nadie sabe muy bien cómo resolver sin conflictos. Esa deuda convierte a España en una excepción. Es “el único país del mundo en el que los clientes mantienen una deuda con el conjunto del sector eléctrico, que se acumula creciendo de forma crónica año a año”. La descripción es de la consultora PwC en su informe Diez temas candentes del sector eléctrico español para 2012.
Pero hay que aclarar qué es el déficit tarifario. Y nadie mejor para contestar que la Comisión Nacional de la Energía (CNE): “Es la diferencia entre el coste real de la electricidad y el precio que los usuarios están pagando por ella”. Bien. Y ¿por qué se produce? “Hasta 2007”, explican los expertos de PwC, “porque la tarifa eléctrica vigente en esos años no recogía adecuadamente el coste de adquisición de la energía”. A partir de julio de 2008, por la diferencia entre los ingresos que se obtienen de los peajes que pagan los clientes y los costes reconocidos a las actividades reguladas del sector eléctrico (transporte, distribución y primas a las renovables, fundamentalmente).
La dimensión del nudo que debe desatar el nuevo ministro de Industria, José Manuel Soria, se comprende mejor si se comparan los números. La deuda contraída y reconocida a las eléctricas es la mitad del saneamiento impuesto a la banca (52.000 millones de euros) y casi el doble de la deuda del sistema sanitario público (15.000 millones). En números redondos, casi un 3% del producto interior bruto español.
Más como manifestación de voluntad que como medida efectiva, Soria aprobó a las pocas semanas de hacerse cargo del ministerio una moratoria temporal de las primas que reciben y que este año se situarán en 7.200 millones de euros. Pero la moratoria, que no afecta a los proyectos termosolares ya registrados, apenas supondrá un ahorro anual de 160 millones de euros. Una gota en el mar. Aunque sí lanza un mensaje claro: las cosas van a cambiar, y mientras cambian, la cartera estará más cerrada.
Así pues, son dos los problemas inmediatos a resolver: el déficit de tarifa —que no deja de ser una factura aplazada a 15 años— y el desarrollo de las energías renovables. Los dos problemas están relacionados. Para las grandes compañías energéticas agrupadas en la asociación patronal Unesa, las renovables son la causa principal de la deuda que oprime el sector por una doble vía: reciben primas en una cuantía que no está justificada y se benefician de una regulación que expulsa del mercado a unas tecnologías tradicionales que, en cualquier caso, son necesarias para respaldar el funcionamiento de sistemas todavía inmaduros.
Hasta el momento, Soria y su equipo para el área energética, dirigido por el exvicepresidente de la CNE, Fernando Martí, han encarado los problemas sin concretar medidas. “No nos ha recibido”, se quejaba esta misma semana el consejero delegado de una de las grandes compañías. Por parte de Soria, silencio y una idea repetida de varias formas y maneras allí donde ha habido ocasión: la solución a los problemas no recaerá solo sobre los consumidores. La idea no es original de Soria; el primero que la manejó fue el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su discurso de investidura.
Mientras Soria y Martí estudian cómo tratar la delicada y cara vajilla energética sin romper piezas, el ministro ha deslizado algunas líneas de lo que piensa aplicar: reformar el mercado gasista para evitar que se reproduzca la situación creada en el sector eléctrico; mantener las ayudas al carbón —un asunto que cuesta más de 500 millones al año y con evidente impacto político en las zonas mineras del país— y aprovechar al máximo todas las tecnologías de generación disponibles, lo que incluye las centrales nucleares y la anunciada renovación del permiso de funcionamiento de Garoña.
Son pinceladas gruesas, aún por afinar, pero que han bastado para inquietar a las grandes compañías energéticas, que temen, con fundamento, que tras la moratoria “temporal” a las renovables, les haya llegado la hora del sacrificio. Si Economía (Luis de Guindos) logró imponer el gesto de recortar el salario de los banqueros apoyados con fondos públicos, no hay razón, admiten en el sector, para que el Ejecutivo no tenga otro gesto con fácil rédito de imagen al imponer supuestos sacrificios a las grandes empresas.
Una puerta abierta a la quita
El ministro Soria, sin despejar la incógnita, ha dejado la puerta abierta a lo que más temen los grandes empresarios del sector eléctrico: alguna forma de quita en la deuda reconocida a las empresas. Lo hizo, sin ir más lejos, la pasada semana en el transcurso de un almuerzo en el Foro Nueva Economía: “No se puede admitir que el déficit tarifario se convierta en un problema de déficit público”, argumentó. De alguna forma, sostiene el exconsejero de la CNE Jorge Fabra, ya lo es. Porque en su opinión, “el déficit tarifario a través de la titulización [colocación en los mercados con aval del Estado], compite con el Tesoro en la colocación de la deuda soberana”.
Fabra considera que no puede haber quita en la deuda reconocida “porque ese dinero, incorporado al balance de las empresas, ya se ha repartido, entre otras cosas, en forma de dividendo”. Sí se puede actuar, asegura, en el proceso de colocación de la deuda, que debería, en su opinión, correr a cuenta de las empresas.
En un sector tan especializado los números se examinan al céntimo para armar las críticas. Sobre el termosolar, los números caen de punta
Fabra, como otras voces (Asociación de Grandes Consumidores, AEG; Protermosolar, de empresas con proyectos termosolares, o Unef), consideran necesario revisar la situación de las centrales nucleares e hidroeléctricas, bien para rebajar los precios a los que son retribuidas por generar electricidad, bien para soportar una tasa que contribuya a aliviar el déficit. Lógicamente, las empresas propietarias se oponen ferozmente con todo tipo de argumentos: niegan que las instalaciones estén amortizadas y destacan que son indispensables para garantizar el suministro.
La cuestión es que, con el ajuste a la vista, cada cual defiende sus intereses lo mejor que puede y sabe. Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa, los grandes, apuntan sin disimulo a una tecnología, la termosolar (centrales que utilizan espejos durante el día para calentar fluidos, generar vapor y producir electricidad) como la principal responsable de los desequilibrios que amenazan al sistema en el futuro. El hecho de que en la moratoria para las renovables recién aprobada se haya respetado el plan de instalación de plantas termosolares preregistradas (2.525 megavatios) no ha hecho más que aumentar las críticas. “Nueva burbuja”; “una locura”; “un agujero imposible de financiar”. Las descalificaciones vuelan como cuchillos.
Los destinatarios de tanta crítica son un puñado de empresas que acumulan 2.525 megavatios autorizados en preregistro. Se trata de Abengoa, ACS, Acciona, Grupo Solar Milenium, Samca, Elecnor y Torresol. Los tres primeros grupos controlan más del 50% de los megavatios autorizados.
En el modelo ideal, con sobrecapacidad de generación y demanda a la baja, los precios deberían tender también al descenso. Y sin embargo, no es así
En un sector tan especializado como el eléctrico, los números, para bien y para mal, se examinan al céntimo para armar las críticas. Y sobre el sector termosolar, los números caen de punta. Como chuzos. Según las cuentas que circulan por las grandes empresas, la termosolar es la más cara de las renovables (320 euros MWh) y tendrá un coste para el sistema de 2.000 millones de euros al año si se cumplen las previsiones y se instalan los 2,5 GW autorizados. Un coste que se extendería durante al menos 25 años. En 2011 las empresas cobraron en torno a 400 millones de euros y en 2012 la previsión apunta a 553 millones.
Por supuesto, las empresas agrupadas en la asociación Protermosolar también manejan números. Favorables, faltaría más. Según las cuentas elaboradas por la consultora Deloitte, en 2020 los proyectos termosolares contribuirán al PIB con 3.516 millones al año, ahorrarán la importación de 140.692 toneladas equivalentes de petróleo (tep) y en 2015 su actividad habrá ahorrado la emisión a la atmósfera de 3,1 millones de toneladas de gases.
Visiones absolutamente divergentes en un sector, el energético, que ha registrado un importante proceso especulativo con los huertos solares y que tiene poco que ver con lo que, en numerosas ocasiones, se ha publicitado para el sector eléctrico: una actividad teóricamente en competencia, liberalizada y moderna.
Escasa competencia y fiscalidad elevada
Aunque la teoría se quiebra. En el modelo ideal, con sobrecapacidad de generación —las centrales de ciclo combinado, que suman más de 25.000 megavatios, solo funcionan una cuarta parte de las horas posibles— y demanda a la baja, los precios deberían tender también al descenso. Y sin embargo, no es así. Las razones son múltiples. La escasa competencia y la fiscalidad de la electricidad explican en parte el problema. Hasta un 28% de la factura son impuestos. Y de los costes totales del sistema (en torno a 31.000 millones), más de un tercio tienen que ver con decisiones de política energética o lo que es lo mismo, con decisiones que toma el Gobierno de turno. Un error, como sucedió con la estimación del negocio solar fotovoltaico, o una decisión política arriesgada —contener artificialmente las tarifas eléctricas, como se hizo en 1998— puede hipotecar el futuro.
Y luego toca enmendar errores. El consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, es uno de los representantes del sector eléctrico y gasista que ha solicitado “limpiar” la tarifa eléctrica de todo aquello que, estrictamente, no es electricidad. Desde el coste de mantener el sistema en Baleares y Canarias, los llamados extrapeninsulares, hasta las subvenciones al carbón, pasando por la llamada interrumpibilidad (descuentos a las grandes industrias por admitir restricciones de suministro en caso necesario), que suman, según sus números, 600 millones por año.
Pero en un contexto de crisis, el responsable de Industria lo tiene difícil para taponar agujeros sin soliviantar ánimos. Y no se trata solo de empresas. En el descontrol de los huertos solares, que en 2010 ya sobrepasaban en un 800% el objetivo fijado en 2005 para su desarrollo, además de la favorable retribución, tuvo mucho que ver la duplicidad de competencias entre el Estado central y las comunidades autónomas. Es algo a solucionar. Pendiente.
Como pendiente está una apuesta decidida por el ahorro energético. Es una cuestión económica fundamental, mal resuelta hasta ahora y que ha hecho perder competitividad al conjunto de la economía.
Y aunque con las dificultades económicas las cuestiones medioambientales parecen haber pasado a un segundo plano, no conviene perderlas de vista. Lo recuerda en sus documentos la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que, para frenar el cambio climático, considera que el 60% de las medidas a adoptar deberían ser acciones relacionadas con la eficiencia energética; el 20% relacionadas con las energías renovables; en un 10%, con la energía nuclear, y en otro 10%, con el secuestro de carbono.
