lunes, 30 de septiembre de 2013

La reforma energética no impide la escalada del déficit de tarifa


Fuente original: María Pachón EFE.

El déficit tarifario ha recuperado esta semana la actualidad del sector energético después de que el Gobierno haya reconocido que la deuda, que supera ya los 26.000 millones de euros, volverá a aumentar este año, sin despejar las razones y pese a las reformas emprendidas en el sector. 

En sentido estricto, el déficit de tarifa es el desfase que se produce porque los ingresos que obtiene el sistema eléctrico -mediante la aportación de todos los consumidores vía factura- no son suficientes para cubrir los costes regulados -transporte, distribución, primas a las renovables, ayudas al carbón y pagos por capacidad, entre otros-. 

Para atajarlo, el Gobierno aprobó en julio una reforma eléctrica para garantizar el equilibrio definitivo entre ingresos y gastos, mediante una serie de medidas y un mecanismo de corrección automática en caso de desvío, a partir del próximo año, que es cuando el paquete normativo entra en vigor. 

Paralelamente y de forma transitoria, para evitar que se genere déficit este año, el Gobierno diseñó tres mecanismos extraordinarios: una serie de impuestos a la generación eléctrica, destinar al sistema los ingresos por subastas de derechos de emisión de CO2 y un crédito de 2.200 millones por parte de los Presupuestos de este año. 

A esto se une, sobre el papel, la asunción, en los Presupuestos de 2014, de la mitad de los sobrecostes extrapeninsulares -una partida con la que se reparte entre todos los consumidores el precio adicional que tendrían que pagar por la electricidad en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla-; es decir, unos 950 millones de euros. 

A pesar de estas medidas, el ministro de Industria, José Manuel Soria, reconoció la pasada semana que este año se generaría un déficit tarifario de entre 2.500 y 3.000 millones. 

Expertos del sector aluden a varios "riesgos" para explicar ese desfase: el crédito de 2.200 millones continúa en trámite parlamentario, por lo que podría sufrir cambios; existe la posibilidad de que los Presupuestos no asuman los sobrecostes comprometidos y todavía no se ha definido el nuevo marco retributivo de las renovables ni, por tanto, los ahorros que supondrá. 

Además, los ingresos por CO2 llegan con retraso, lo que provoca desajustes. Ya en julio se reconoció que serían un tercio de lo inicialmente apuntado -150 millones en lugar de 450- dado que cotizan a la baja. 

Por último, no hay que olvidar que la demanda eléctrica suma un descenso del 3,2 % en los ocho primeros meses del año, frente al 0,2 % previsto para el conjunto del año, lo que se traduce en menores ingresos en concepto de peajes. El déficit tarifario es hoy una deuda de más de 26.000 millones de euros pero, ¿cómo ha alcanzado esta magnitud? 

El desequilibrio entre los ingresos y los gastos del sistema se produce desde el año 2000, cuando, por motivos coyunturales, la recaudación y los desembolsos no se ajustaron a las previsiones, de manera que las empresas eléctricas no cobraron todo lo que les correspondía por las actividades reguladas desempeñadas. 

Para acabar con esta inseguridad sin subir demasiado la tarifa, el Gobierno creó en 2002 un mecanismo por el que las empresas contabilizaban como derechos de cobro las posibles deficiencias de ingresos, para recuperarlo a lo largo de los quince años siguientes. 

Solución fallida 

Sin embargo, esta solución no funcionó como debía y el déficit coyuntural se convirtió en estructural y, además, creciente. 

Los costes experimentaron un enorme incremento -debido a la introducción de renovables, nuevas centrales de generación para atender la demanda, redes para electrificar barrios de reciente construcción, etc.- que no vino acompañada de subidas proporcionales en la tarifa. A esto se unió un nuevo coste, la propia financiación del déficit, a través de las denominadas anualidades -la devolución de una quinceava parte de la deuda de cada año y los intereses del resto-, que suponen más de 2.000 millones de euros anuales. 

Además, a partir de 2008, la caída del consumo consecuencia de la crisis económica mermó los ingresos por peajes. De esta manera, mientras los costes regulados crecieron un 230 % entre 2003 y 2012, las tarifas de acceso lo hicieron en un 82 %. En otras palabras, el desfase anual pasó de unos cientos de millones de euros a principios de la pasada década a los más de 5.000 millones de 2012. 

Ante esta situación, ya en 2010 comenzaron a tomarse las primeras medidas para controlar el déficit, tanto por el lado de los ingresos, con subidas de tarifas, como por el de los costes, con recortes a la retribución renovable. 

Además, se estableció un mecanismo para titulizar -colocar en el mercado con el aval del Estado- la multimillonaria deuda que se acumulaba en el balance de las eléctricas, al tiempo que se fijaron límites decrecientes de déficit que debían concluir con su desaparición en 2013. Estos límites nunca se cumplieron y, por ello, el actual Gobierno del PP emprendió una sucesión de reformas dirigidas a equilibrar las cuentas, fundamentalmente a través de recortes en la retribución de las actividades reguladas, culminada con la última normativa eléctrica del pasado julio. 

Tanto el Gobierno como las empresas coinciden en que los últimos cambios serán suficientes para acabar con el déficit de tarifa en 2014 pero, de momento, este continúa en aumento.

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