viernes, 31 de enero de 2014

Reciclar agua de lluvia para uso doméstico



La idea de reciclar agua de lluvia no es para nada novedosa y tampoco algo impensable si tenemos en cuenta que en realidad es lo que hacen los embalses, por lo que supone ahora un buen método para que en casa podamos ahorrar en el consumo de agua potable o en el caso de que la sequía o escasez de agua sea realmente un problema. 

Muchas personas ya cuentan con sistemas que les permiten reciclar el agua de lluvia para uso doméstico, pero ahora ya vamos a poder encontrar casas que cuentan con un sistema incorporado y que nos permita recoger agua caída del cielo sin problema. Por ejemplo, en Galicia, la Consejería de Vivienda de la Xunta ya ha aprobado una norma que obliga a los constructores a edificar las nuevas viviendas con esta tecnología. Por su parte, algunas zonas de Levante y de las islas Baleares llevan desde hace tiempo instalando este tipo de equipos. 

Pensad que el consumo de agua medio en una casa y por persona, es de 150 litros diarios entre lo que se destina al inodoro, la lavadora, la limpieza general o el riego, lo que significa que podríamos utilizar para todo ello el agua de lluvia sin problema. Y en el caso de tener que beberla también se podría incorporar a su técnica de recogida, otro de depuración. 

Pensemos también en la poca cantidad de lluvia que en teoria se necesita para abastecer un hogar. Por ejemplo un chubasco de 30 litros/m2 y sobre una superficie de recogida de 150 m2, puede llevarnos a recoger 4.500 litros de agua que además al no contener cal, sería perfecta para tuberías y desagües de lavadoras. 

Cómo funciona un sistema de recogida de aguas doméstico.

Esto sistemas de recogida de los que os hablamos no se limitan a un cubo de gran superficie en el balcón o en el patio. Son sistemas que nos instalan empresas especializadas y que tienen en cuenta la cantidad de lluvia media sobre la zona en la que se coloca, así como el tamaño del tejado o cubierta sobre los que se instalan. 

No es más que un deposito que actúa como un contenedor subterráneo. Su funcionamiento es simple, ya que cuando llueve el agua del tejado se desplaza por unos canalones, se filtra, y se almacena en el tanque. Dentro de casa se instala una red paralela a la del agua potable que va suministrando el agua de lluvia mediante un equipo hidráulico. Algunos modelos incorporan incluso sensores de modo que le dan prioridad al agua recogida cuando se detecta que el tanque se ha llenado. 

Si el depósito se agota, el sistema enciende un control de abastecimiento que lo conecta automáticamente al agua de la red. Otros equipos son capaces de rellenar los depósitos con agua de otras procedencias aunque estos no son del todo recomendables. 

En España, tenemos varias empresas especializadas que ofrecen varios sistemas y equipos, e incluso se encargan de tramitar las posibles subvenciones de las administraciones para su instalación. Si quieres instalarte uno de estos sistemas siempre es mejor que preguntes a los responsables institucionales locales y autonómicos de vivienda y medio ambiente.

 

Arquitectura bioclimática ¿Gracias a la certificación energética?


La arquitectura bioclimática, aunque muchos ya lo teneis muy claro, es aquella que se diseña aprovechando las condiciones climáticas del lugar para conseguir el máximo confort con el mínimo consumo energético. Eso significa diseñar de forma inteligente para que el sol, los vientos, la vegetación o incluso la luvia, jueguen a favor del confort en el interior. 



Ya sé que la arquitectura bioclimática no es en absoluto nada nuevo, pero sí es nuevo que con las nuevas normativas de eficiencia energética en la edificación, los técnicos en general están empezando a reparar en que con pequeños gestos en el diseño de una vivienda mejora muchísimo el confort y el ahorro energético, por lo que sin saberlo están empezando a diseñar inteligentemente arquitectura bioclimática. 

Antes de la llegada de la certificación energética pocos arquitectos tenían en cuenta cómo afectaba térmicamente al edificio la disposición de huecos en una orientación u otra, o las grandes diferencias en el comportamiento térmico entre una vivienda compacta y una vivienda a base de volumenes diferentes. 



Ahora, con lo que nos gusta a los humanos poner etiquetas, el juego de la etiqueta energética nos va como anillo al dedo para empezar a competir por una letra más alta. Y para conseguirlo, por fin recurriremos a una forma de diseño que se acerca al diseño bioclimático. Por supuesto, no sólo con medidas bioclimáticas mejora la calificación energética, pero en lo que se refiere al diseño propio del edificio, sí. 

Así que por lo menos podemos estar de enhorabuena porque cuestiones como la inercia térmica o el exceso de soleamiento en acristalamientos a sur, sean tenidas en cuenta para poner una calificación, que aunque sus métodos de cálculo son muy criticables, empieza a introducir conceptos de arquitectura bioclimática en la carrera por hacer un edificio mejor. 

- ¿Mejor? ¿Por qué? 
- Porque lo dice la etiqueta…

Escrito por: Javier Manzanero y publicado en: ECOESMAS


miércoles, 29 de enero de 2014

La rehabilitación energética de un edificio ahorraría el 70 % del consumo


Madrid (EFEverde).- La rehabilitación energética de un edificio, si se hace de forma óptima, ahorraría el 70 por ciento del consumo y, además, con la generalización de esta práctica en España, se podrían crear 150.000 nuevos empleos. 



La rehabilitación energética es “necesaria” en España, donde la mayoría de los hogares es ineficiente, porque traería ahorros energéticos, reducciones de emisiones de CO2 y la creación de puestos de trabajo, según las conclusiones del informe presentado hoy por la Fundación Conama y el Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR). 

Este conjunto de expertos ha elaborado una estrategia “viable” para rehabilitar en España hasta 2050 unos 10 millones de viviendas principales, porque en segundos hogares y en los que están en “malas condiciones no resulta rentable invertir”, ha advertido el coautor del informe Albert Cuchí. 

Las reformas tienen que ser “integrales”: hay que mejorar el uso y la gestión de los recursos, aislar y evitar las pérdidas en la transmisión y ventilación, y también disponer de un equipo y una maquinaria eficientes. 

Transformar el sector de la edificación 

Hasta ahora, el sector de la edificación en España ha “descuidado” todos los aspectos ambientales y nunca se ha construido pensando que las viviendas son “máquinas” que necesitan combustible, ha explicado Cuchí, arquitecto de profesión. 

Para realizar el plan de acción que GTR propone hace falta reconvertir y “reeducar” al sector de la edificación hacia la rehabilitación energética, nuevo mercado en el que se podrían crear los 150.000 empleos directos. 

Todos los ámbitos relacionados con la edificación en España están orientados hacia la “nueva construcción”, por lo que son necesarios cambios en lo normativo, lo organizativo y lo financiero, ha señalado Cuchí. 

La Unión Europea, en la Directiva de Eficiencia Energética, ha dado de plazo a los estados miembros hasta 2014 para que publiquen una “Estrategia Nacional para la rehabilitación de edificios”, norma en la que el GTR está tratando de influir a través de su participación en un grupo de trabajo de la Dirección General de vivienda. 

Para Cuchí, la rehabilitación es “clave” porque el 30 por ciento de la energía consumida en España procede del gasto del parque inmobiliario, por lo que reducirlo disminuiría la dependencia energética española (76 por ciento).  

Además, mejorar la eficiencia energética de los inmuebles contribuye a la lucha contra el cambio climático (reduce las emisiones) y al objetivo europeo “20-20-20″, en el que se prevé que los hogares tengan un consumo “casi cero” en 2020, ha indicado el otro coautor del informe, Peter Sweatman. 

Financiación con los ahorros futuros 

Sweatman ha destacado que sus propuestas son viables, porque son conscientes de que la principal dificultad para realizar proyectos, en época de crisis, es económica, por lo que plantean métodos de financiación “reales y rentables”. 

El precio de llevar a cabo una rehabilitación energética en un bloque de viviendas sería de aproximadamente 24.000 euros por hogar, pero con su propuesta el propietario “sólo” tendría que aportar 6.000 euros, ha asegurado Sweatman. 

El informe propone una financiación “público-privada”: un 25 por ciento de subvención, un 22 por ciento de inversión del dueño y el 53 por ciento restante se sufragaría con los ahorros futuros en los consumos, en un período de 20 años. 

Además, la inversión inicial del propietario (los 6.000 euros) se compensaría con la “plusvalía verde”, la revalorización del precio de las viviendas que son eficientes, que en España se calcula que está en torno del 10 por ciento del precio total.

viernes, 24 de enero de 2014

¿Está dispuesto a pagar más por la gasolina si baja el recibo de la luz?


Un centro de investigación en el que participan algunas de las grandes eléctricas españolas propone una reforma fiscal verde. Entre sus propuestas está la de dejar de pagar las primas de las renovables con la factura eléctrica para hacerlo a través de otros impuestos, lo que podría rebajar el recibo de la luz hasta un 29%. 

Los españoles sufren en su bolsillo los efectos de vivir en el tercer país con la electricidad más cara de toda Europa (sólo por detrás de Malta e Irlanda, que disparan sus costes por su insularidad). En la última década, los consumidores han visto cómo el recibo de la luz se disparaba en torno a un 80%, y sin visos de que la tendencia al alza cambie próximamente. Y en el último mes han vivido con estupefacción cómo las reglas del sistema eléctrica les condenaban a un tarifazo del 11% en el nuevo año y el Gobierno les salvaba interviniendo el mercado e imponiendo una subida, un tanto aleatoria, del 2,3% desde el 1 de enero. 

Fuente: Economics for Energy


Desde hace tiempo, el sector eléctrico español al completo se ha instalado en una permanente guerra de todos contra todos, en un cruce de acusaciones constante sobre las responsabilidades de que el recibo no deje de encarecerse al tiempo que el agujero del sistema eléctrico (el desfase entre los ingresos y los costes reconocidos, el famoso déficit de tarifa) siga engordando; ya va por casi los 30.000 millones de euros. Las eléctricas tradicionales culpan a la generosa política de primas a las renovables, algunos señalan con el dedo acusador sólo a la energía solar, las energías verdes acusan a las nucleares e hidroeléctricas por sus beneficios caídos del cielo... Mientras, los clientes sólo esperan con recelo la siguiente factura. 

El cabreo ciudadano parece evidente. Pero no se limita al lío eléctrico y a sus consecuencias para el cliente. Y es que España también se encuentra entre los países europeos en que el ciudadano ha de asumir uno de los precios antes de impuestos más caros para llenar el depósito del coche tanto de gasolina como de gasóleo. Sí, antes de impuestos, porque en el ránking del precio final de carburantes (esto es, impuestos incluidos) España modera sus posiciones porque los conductores españoles disfrutan de una fiscalidad sobre los combustibles relativamente baja en comparación con la de nuestros vecinos europeos. 

Modesta fiscalidad energética 

Lo cierto es que, a pesar de los precios que asumen los consumidores son relativamente altos, los impuestos energéticos y medioambientales que rigen en España son comparativamente menores a los de los países de su entorno, y muy inferiores a los de otras economías desarrolladas: estos tributos energéticos representan el 4,6% de la recaudación fiscal total de la UE, el 7,8% en China o el 10,2% en Japón... mientras que en España representan el 4,1% de todos los ingresos fiscales (con datos de 2011). 

Fuente: Economics for Energy


Los sucesivos gobiernos centrales han utilizado de forma muy limitada la fiscalidad energética y ambiental atenazados por los supuestos efectos negativos sobre el crecimiento económico y sobre la competitividad de las empresas (ya de por sí poco competitivas con carácter general). Y las comunidades autónomas se han servido de los impuestos verdes de manera deficiente y con una repercusión económica relativamente baja. 

En un momento en que, con los efectos de la crisis aún a cuestas, los ciudadanos parecen en pie de guerra por el coste de sus diferentes facturas energéticas, algunos expertos proponen diferentes vías para hacer una reforma fiscal en el ámbito energético que, a la postre, implicaría aumentos de determinados tributos vinculados a la energía. 

El centro de investigación Economics for energy (organización en la que participan universidades como la Pontificia de Comillas o la de Vigo, entidades financieras como Santander o NCG, pero también grupos energéticos como Iberdrola, Gas Natural Fenosa o Acciona) ha elaborado un completo informe en el que analiza diferentes escenarios y distintas medidas para abordar una reforma fiscal verde en profundidad en España [consulte aquí el informe completo o aquí un amplísimo resumen ejecutivo]. 

Escenarios que, aunque por lo general implican un incremento de los impuestos vinculados a la energía y al medio ambiente, no tienen por qué conllevar una mayor presión fiscal ni para ciudadanos ni para empresas, dado que la mayor recaudación 'verde' podría destinarse a rebajar los impuestos de la renta o las cotizaciones sociales, por ejemplo. 

Fuente: Economics for Energy


Pagar menos por la luz... ¿y más por otras energías? 

La factura del desarrollo de las energías renovables que ha soportado el sistema eléctrico español ha sido uno de los grandes campos de batalla del sector en los últimos años, y las alternativas sobre cómo reducir el gasto en subvenciones o cómo minorar el impacto tanto para el consumidor como para el propio sistema eléctrico han sido uno de los ejes del crudo debate que se ha venido produciendo. 

Actualmente, las primas que reciben las energías renovables están incluidas como una de las partes que componen la factura eléctrica que todos los clientes pagan (amén de engordar el déficit de tarifa porque los ingresos procedentes del recibo no cubren todos los costes reconocidos del sistema, y siguen sin cubrirlos después de la reforma eléctrica). Uno de los escenarios que se plantea en el informe de Economics for energy es sacar del recibo de la luz el coste de las subvenciones a las energías verdes para empezar a financiarlo mediante otros impuestos. Una medida que serviría para rebajar sustancialmente la factura de la luz que usted paga, pero que implicaría irremediablemente asumir el encarecimiento de otras partidas que (también) usted paga. 

Las primas a las energías del régimen especial (renovables, cogeneración y residuos) superarán en 2013, según las últimas previsiones de la CNMC, los 9.300 millones de euros. De los que, en torno a 7.500 millones, corresponderán exclusivamente a las primas a energías renovables. Según el informe de Economics for energy, si ese importe dejara de financiarse a través de la factura eléctrica, el recibo de la luz se abarataría muy fuertemente. 

Usted podría pagar un 14% menos por la electricidad si la factura no incluyera el coste de las renovables y empezara a cubrirse mediante el incremento de la fiscalidad que soportan otros tipos de energía. La factura de la luz sería menor, sí, pero tendría que pagar un 13% más por la gasolina y el gasóleo, o un 10% más por el gas natural de su casa. Y el precio de la luz podría ser incluso un 29% más barato si las primas de las renovables se traspasara al conjunto de los sectores económicos a través de otros impuestos (lo que, en la práctica, implicaría que casi todos los productos y servicios se encarecerían). ¿Está dispuesto a pagar más por la gasolina o por la calefacción si con de esa manera reduce su factura eléctrica? 

Nueva fiscalidad verde para captar hasta 6.600 millones 

La razón de ser de los impuestos energéticos, además de los efectos recaudatorios y de redistribución de rentas, es la corrección de los impactos negativos medioambientales que tiene el propio sector. Y, al tiempo, tienen una serie de limitaciones, como los efectos regresivos sobre la renta (los hogares más pobres gastan mayor proporción de renta en energía, por lo que una subida impositiva puede tener un impacto desproporcionadamente mayor), suelen generar mayor rechazo social por la visibilidad para todos los ciduadanos, puede tener efectos sobre la competitividad de toda la economía... Con estas virtudes, y estas limitaciones, los expertos de Economics for energy plantean otros escenarios posibles para llevar la reforma fiscal verde que tiene pendiente España. 

Entre las propuestas presentadas figura la aplicación de los tipos impositivos que marca una Directiva elaborada por la Comisión Europea para las diferentes fuentes de energía, que elevaría la recaudación en más de 1.600 millones de euros, o igualar esos tipos con los de otros países europeos (por encima de la propuesta de Bruselas), lo que incrementaría la recaudación en casi 5.300 millones. 

En paralelo, los expertos apuntan la posibilidad de crear nuevos impuestos a las emisiones de óxido de azufre y el óxido de nitrógeno (principales causantes de la lluvia ácida), lo que reportaría a las arcas públicas españolas entre 2.700 y 5.350 millones, en función del gravamen aplicado. Y también plantean empezar a aplicar un gravamen por emisiones de CO2 a sectores o agentes que ahora no participan en el mercado europeo de emisiones, como el transporte o los hogares, lo que implicaría una recaudación de entre 2.200 y 6.600 millones de euros cada año. En cualquier caso, se destaca en el informe, estos nuevos gravámenes o estas alzas impositivas tendrían un efecto neutro en las cuentas públicas porque esta eventual reforma verde compensaría su efecto en empresas y ciudadanos mediante rebajas de otros impuestos (renta, cotizaciones sociales...).

Articulo publicado por David Page en Expansión

jueves, 23 de enero de 2014

España es junto con Rumania y Malta el país de la Unión con más pobreza energética


El denominado bono social, que proporciona precios de la luz más baratos a determinados colectivos, llega al 10% de los hogares, cifra solo superada por el 13% de Rumanía y el 12% de Malta. 




España es, junto con Rumanía y Malta, uno de los países europeos con mayor volumen de contratos de la luz acogidos a bonificación por razones sociales. Así se desprende de las estadísticas que elabora la Agencia de Cooperación de Reguladores Energéticos (Acer). Esta agencia, dependiente de la UE, aglutina a todos los reguladores de energía en la UE, entre ellos, la antigua Comisión de Energía (CNE) española, ahora integrada en la Comisión de Competencia (CNMC). 

En su último informe, Acer detalla que en España en torno al 10% de los hogares están acogidos a lo que se denomina bono social. En concreto, en 2011 eran el 10,2% y en 2012 eran el 9,5%. Este mecanismo permite a esos hogares pagar por la luz por debajo de los precios actuales, ya que tienen congeladas las tarifas desde el año 2009. 

Según algunas estimaciones, un hogar medio acogido a bono social estaría pagando ahora en torno a 413 euros al por la luz, frente a los 557 euros de otro que no está acogido. Es decir, un hogar con bono social pagaría un 34% menos. 

El bono social fue introducido en 2009 por el anterior gobierno del PSOE para proteger de las subidas de la luz a algunos colectivos sociales, como familias numerosas, parados y personas desfavorecidas económicamente. Luego se restringió a usuarios de la luz con menos recursos, entre ellos los pensionistas con rentas escasas. 

Desde su implantación, el bono social en España ha sido fuente de polémica. Sobre todo porque eléctricas y Gobierno no se han puesto de acuerdo en quién tenía que financiarlo, y se han enfrentado en los tribunales por ello. 

Las eléctricas han luchado para evitar tener que ser ellas la que cubrieran el coste, y han llegado a ganar pleitos en los tribunales, logrando que se reconozca que tiene que ser todo el sistema eléctrico (es decir, el resto de usuarios), los que asuman el peso del bono social, con recargos en sus facturas. 

España queda por debajo tan solo de casos como el de Rumanía, con un 13% de los hogares con suministro de luz subvencionado, y de Malta, donde el porcentaje alcanza el 12,4%. En contra de lo que pueda parecer, hay países sin subvenciones energéticas a las familias, como Estonia y Hungría. 

En el foco de atención 

La reforma eléctrica en España ha puesto en el foco de atención el bono social, y otro fenómeno paralelo, el de la pobreza energética. Este concepto se ha puesto de moda en España en los últimos meses, como síntesis de las cada vez mayores dificultades que están teniendo algunos usuarios de energía para pagar sus facturas, ante el incremento de precios, especialmente de la luz. 

Diversos partidos, sin éxito, han intentado promover en el Congreso medidas contra la pobreza energética, mientras el PP ha sacado adelante su nueva ley eléctrica. La reforma eléctrica, en cualquier caso, trata de redefinir el bono social y restringirlo a colectivos que realmente sean considerados "vulnerables" desde el punto de vista económico. 

Quién paga esto 

Se defina un tope o no para el bono social, el problema sigue siendo su financiación. Y en esto, Acer no da la razón ni a las eléctricas ni al Gobierno. El organismo que aglutina a los reguladores no está en contra de que haya subsidios sociales en el mercado eléctrico, pero dice que, si los hay, esos subsidios, en tanto que son ayudas públicas, no deberían estar financiadas por el sistema eléctrico, porque eso introduce distorsiones en la competencia, sino por los Presupuestos Generales del Estado en tanto que son políticas sociales.

Artículo publicado por Míguel Ángel Patiño en Expansión

miércoles, 22 de enero de 2014

Sobran instalaciones eléctricas


En España no solo sobran aeropuertos, autopistas o casas. 
También sobran decenas de instalaciones de producción eléctrica. 
A pesar de ello, se siguen construyendo más. 




España tiene un exceso de instalaciones de producción eléctrica como nunca antes lo había tenido. Prácticamente la mitad de las instalaciones están infrautilizadas. Algunas funcionan incluso muy por debajo del mínimo de eficiencia técnica y de sostenibilidad económica. A pesar de esta situación, se siguen instalando nuevos megavatios. 

Según los últimos datos de Red Eléctrica, el sistema eléctrico español finalizó el año 2013 con un total de 108.148 megavatios de potencia de generación instalados. Es un 0,6% más que en 2012. Aunque el crecimiento es relativamente pequeño, con apenas 650 megavatios más, sorprende que el país siga aumentando su capacidad eléctrica teniendo en cuenta que no tiene cabida. 

La potencia máxima que se necesitó el pasado año para atender la demanda de todo el país en un momento punta fue de 40.277 megavatios, el día 27 de febrero. Supone menos de la mitad de los megavatios que hay instalados. Incluso teniendo en cuenta un margen de seguridad de hasta el 20%, en España hoy no se necesitarían más de 48.000 ó 50.000 megavatios. 

La potencia disponible sigue estando incluso muy por encima del máximo histórico de demanda, ocurrido el día 17 de diciembre de 2007, con 45.450 megavatios. Todavía no había llegado la crisis a España en toda su virulencia. No es probable que ese récord se vuelva a alcanzar a corto o medio plazo. Ayer, por ejemplo, en plena ola de frío, la demanda máxima prevista no superaba los 39.000 megavatios. 

En el sistema eléctrico de cualquier país, una sobrecapacidad de instalaciones es casi un problema peor que la escasez de instalaciones. Las instalaciones ociosas en un sistema eléctrico son un problema por partida doble. Si se mantienen disponibles para echar a andar en cualquier momento, tienen un coste fijo difícil de soportar. Y si se deciden hibernar y reactivarlas en un futuro, corren el riesgo de quedarse obsoletas. Hay centrales, además, que incluso en estado de hibernación tienen un coste. Es el caso de los ciclos combinados, o centrales térmicas de gas, que necesitan un mantenimiento para no deteriorarse. 

Lo que más creció el pasado año fueron las centrales termosolares, que aumentaron un 15%, hasta los 2.300 megavatios, seguido de las fotovoltaicas, que a pesar de los recortes a las subvenciones sufridos desde 2011, aumentaron en un 3,2%, hasta superar los 4.680 megavatios. 

La eólica también siguió creciendo. Aumentó un 0,8%, hasta los 22.900 megavatios, y ya casi supera a la tecnología más abundante, los ciclos combinados, que tienen 27.206 megavatios.

Articulo escrito por Miguel Ángel Patiño y publicado en Expansión

martes, 21 de enero de 2014

Los 4 culpables del fracaso de la certificado de eficiencia energética




Han pasado siete meses y medio desde la implantación de la certificación energética en España. Desde el pasado 1 de junio de 2013, cualquiera que quiera vender o alquilar su vivienda necesita contar con el certificado energético. Una pegatina con una letra y un color que nos indica cómo de eficiente es el inmueble, es decir, cuánta energía necesita consumir para mantenerse a una temperatura agradable tanto en verano como en invierno. 

A diferencia de otros países como Francia o Alemania, donde en 2007 se implantó dicha certificación, España ha hecho los deberes en el último momento y según diferentes expertos, si hubiera que evaluar lo realizado hasta ahora, suspenderíamos con nota. Pero, ¿por qué? 

1.- Prisas y tardanza del Gobierno 

Para Pilar Pereda, secretaria general del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), no puede hablarse de un solo culpable en el fracaso de la certificación energética en nuestro país. Pero, sin duda, gran parte de culpa la tiene el Gobierno. “El real decreto ha llegado tarde y con prisas”, destaca Pereda. Las comunidades autónomas, que son las que tienen cedidas las competencias para su implantación, apenas dispusieron de tres meses para habilitar los registros. Algunas de ellas, como Aragón, todavía no cuentan con él. Ni tampoco Ceuta ni Melilla. 

"Desde que entró en vigor la normativa, las comunidades han aplicado fórmulas diferentes y a distinto tiempo para el registro de los certificados energéticos", apuntan desde Certicalia.com, empresa encargada de poner en contacto a los técnicos certificadores con los clientes. "A día de hoy, aún falta por abrir el registro de Aragón". 

Sin olvidar que algunas comunidades han implantado un 'tasazo' solamente por registrar los certificados. "Existen comunidades en las que, aunque hasta ahora era gratuito realizar el registro, van a imponer tasas en 2014. Este es el caso de la Comunidad Valenciana, que va a cobrar 10 euros y La Rioja, 37,95; o Castilla y León, donde el registro cuesta 29,10 euros". 

Las prisas han provocado, además, una aplicación incorrecta de la regulación. “La falta de información de la que disponen los ciudadanos acerca del certificado energético hace que no se aplique la normativa de manera correcta. Encontramos propietarios que piensan que no necesitan el certificado hasta la firma del contrato. En general, desconocen que la obligación es la de mostrar la etiqueta energética en el anuncio del inmueble, tanto si es para venta o para alquiler”, apuntan desde Certicalia.com. 

2.- Guerra de precios entre técnicos 

“El tema de la certificación energética se ha convertido en una tarta enorme. Hay miles de viviendas que certificar, lo que ha provocado que muchos profesionales quieran una parte del pastel. Algunos, de hecho, se quieren llevar el trozo más grande y, para conseguirlo, no se han planteado hacerlo bien, sino hacerlo al menor precio posible, algunos prácticamente gratis”, lamenta Pilar Pereda. “Algunos técnicos están haciendo los certificados incluso por teléfono, preguntando directamente al propietario de una vivienda por la densidad de sus muros o el material de las ventanas”. 

“La crisis y la falta de trabajo están afectando a los técnicos y muchos no se dan cuenta de la responsabilidad que se están echando a las espaldas. Con tal de trabajar les da igual y están perjudicando a toda la profesión", añade Pereda. 

Tanto es así que, como ya informó El Confidencial, se ha producido y se sigue produciendo un auténtico mercadeo con la certificación energética. Con cupones descuento y técnicos que pujan a la baja por realizarlo. 

Una situación, según denuncian muchos de estos profesionales, a la que ha contribuido la falta de unas tarifas oficiales que marquen unos honorarios mínimos. De hecho, para las certificaciones de inmuebles públicos, el Ministerio de Hacienda sí ha fijado unos precios mínimos: 184 euros hasta 80 metros cuadrados. "Deberían haber existido, pero la Ley de la Libre Competencia las prohíbe", recuerda Pilar Pereda. 

Desde Certicalia.com señalan que durante estos siete meses de normativa, "el precio del certificado energético ha bajado adaptándose a la situación del mercado. Actualmente, el precio medio ofertado por un técnico en Certicalia para una vivienda de 100 metros cuadrados es de 93 euros, un 15% más barato que en junio de 2013, mientras que el certificado de un unifamiliar ha bajado un 20% hasta los 140 euros para 180 metros cuadrados". No obstante, son precios orientativos, puesto que cada técnico fija el precio que quiere aunque eso le suponga, en algunos casos, trabajar a pérdidas. 




3.- Una sociedad sin conciencia energética 

El hecho de que la certificación energética no haya terminado de cuajar también es un problema de responsabilidad ciudadana. "En España, la sociedad no valora en absoluto los temas energéticos. Además, en un momento de crisis como el actual, a la gente no se le puede hablar de emisiones de CO2, hay que hacerlo en términos de ahorro económico. Cómo le vas a hablar a una familia de reducir emisiones de CO2 cuando apenas tiene dinero para comprar la comida para sus hijos. Hablémosles de ahorro en euros. De cómo subiendo la letra de una vivienda de E a B podemos conseguir un ahorro energético del 70% de energía", explica Pereda. 

Para Certicalia.com, “el certificado energético nos informa de las medidas específicas necesarias para ahorrar energía. Según los datos recogidos en los certificados energéticos por nuestra empresa, si se aplicasen las medidas de mejora sugeridas por los técnicos, en España ahorraríamos el 40% de la energía que gastamos en nuestros hogares”. 

Con el ahorro económico que ello supondría. “La mayoría de los compradores e inquilinos no conoce la importancia de la eficiencia energética tanto para su economía como para su confort. La elección de una vivienda con una calificación u otra puede marcar una gran diferencia en el gasto mensual y en la calidad de vida”. 

4.- Un programa informático que permite la trampa 

Para Pilar Pereda, el fracaso también viene de la mano de los propios programas informáticos diseñados para realizar los certificados energéticos. “En su afán por simplificarlos permiten que muchísimos datos aparezcan por defecto. Con cuatro datos permite realizar el certificado energético. Y esto ha sido un enorme error. Elaborar un certificado es mucho más complicado, hay que tener conocimientos técnicos y es absolutamente necesario que el técnico se desplace y vea in situ la vivienda a certificar".

Articulo publicado originalmente en: El Confidencial

domingo, 19 de enero de 2014

La inversión en renovables en España se hunde hasta mínimos históricos


La reforma eléctrica en España, con sucesivos recortes a las subvenciones que reciben las energías renovables, entre otras medidas, ha dejado la inversión en el segmento de las energías verdes en mínimos históricos. 

Según el ránking que elabora anualmente Bloomberg, España canalizó inversiones por valor de 1.1.00 millones de dólares (menos de 850 millones de euros al cambio actual) en 2013. Esa cifra es casi una tercera parte de lo que se invirtió en 2012, un año en el que, en plena reforma eléctrica, las inversiones ya habían caído un 68%. 

Una antigua potencia, ahora a la cola 

El informe de Bloomberg refleja que España, que en su día fue una 'potencia' mundial en inversiones de renovables, está ahora a la cola de los grandes países europeos, a pesar de que se ha producido una bajada generalizada en todos ellos. 

Alemania ha bajado desde los 26.200 millones de dólares de 2012 hasta los 14.100 millones en 2013. En Francia, la reducción ha sido desde los 6.200 millones de dólares hasta los 4.100 millones, aproximadamente la misma cantidad que en Italia, un país que en 2012 tuvo 15.200 millones de dólares de inversión en renovables. El único caso europeo que aguanta el tipo es Reino Unido, que se sitúa en los 13.100 millones de dólares, frente a los 14.300 millones de 2012. 

El informe contabiliza un total de 254.000 millones de dólares de inversión en renovables en todo el mundo, lo que supone un 12% menos que en 2012. Las cifras están lejos del record de 317.900 millones de dólares de 2011, según ese ránking, como conocido como Bloomberg New Energy Finance. Los dos países con mayor inversión siguen siendo China y Estados Unidos, que captaron 61.300 millones y 48.400 millones de dólares de inversión, respectivamente.

Articulo original publicado por M. Á. Patiño en Expansión