miércoles, 19 de marzo de 2014

Una empresa italiana compra el pozo de petróleo más antiguo de España



El grupo Pansoinco negocia adquirir el yacimiento de Ayoluengo, descubierto en 1964 y que ahora está en manos de la firma británica Leni.


Yacimiento de Ayoluengo (Burgos).
Con una producción actual de apenas 100 barriles de crudo por día, el declive de actividad en los campos de hidrocarburos de Burgos ha sido imparable desde los años sesenta, cuando Chevron llegó a extraer 6.000 barriles diarios. Varios operadores, entre ellos Repsol, han fracasado en sus intentos por reactivar el yacimiento de Ayoluengo, situado en la localidad burgalesa de La Lora. 

Su propietario desde 2007, el grupo Leni Gas & Oil, cree que todavía quedan unas reservas de más de cien millones de barriles en esa zona, pero estima que hace falta una inversión de unos 25 millones de euros para extraerlas. Para financiar este desarrollo, Leni lleva dos años intentando vender o buscar un socio para sus activos españoles. 

Pansoinco, una compañía italiana que presta servicios de ingeniería y mantenimiento a empresas petroleras, puede convertirse en ese nuevo aliado si cierra las negociaciones que mantiene para adquirir un 65% de la Compañía Petrolífera del Sedano, filial de Leni que posee el yacimiento de Ayoluengo y otras concesiones para explorar gas y petróleo en el norte de España. 

Según el preacuerdo alcanzado entre las dos empresas, Pansoinco pagará inicialmente 2,8 millones de dólares (unos 2 millones de euros) por esa participación, y además asumirá los costes necesarios para desarrollar las instalaciones del yacimiento hasta 2017. En esa fecha vence la concesión de Ayoluengo, aunque existe una opción para renovarla por diez años. 

El cierre de la transacción depende de la due diligence de los activos. Hace un año, la venta de Ayoluengo a otra empresa interesada se vino abajo por problemas durante el proceso de búsqueda de financiación. Entonces, la operación se iba a realizar por 8 millones de euros. 

Leni asegura que sus activos en España están valorados en libros a 8,36 millones de libras (10 millones de euros), cifra muy superior al precio que pagará Pansoinco. Pero la firma británica cree que las inversiones que acometerá la compañía italiana en el yacimiento compensan la diferencia. 

En 2012, la filial española de Leni facturó 2,76 millones de libras y logró un beneficio bruto de 454.000 libras. La mayor parte del petróleo que produce Ayoluengo es utilizada por una fábrica cercana de Vidrala. 

Pansoinco asegura que su estrategia de inversión pasa por buscar yacimientos cerrados o con baja producción, pero que todavía cuentan con reservas que pueden ser aprovechadas si se invierte en nuevas instalaciones. 


Primera perforación con éxito en Ayoluengo (1964).

Estructura del campo petrolífero de Ayoluengo.


Articulo escrito por: Roberto Casado
Publicado en: Expansión.com

Las granjas de cerdos, últimas damnificadas del recorte en renovables



Los recortes presupuestarios acometidos en España amenazan la supervivencia de cientos de granjas porcinas. 


Durante años, miles de criadores de cerdos de todo el país enviaron toneladas de desechos porcinos a las 29 plantas eléctricas del país, que recibían importantes subsidios del Gobierno. 

Las instalaciones utilizaban el calor de la generación de electricidad para convertir los residuos en fertilizantes. El mes pasado, tras conocerse los últimos recortes a los subsidios, todas las plantas, a excepción de una, han visto amenazada su supervivencia. 

La regulación europea limita el volumen de desechos porcinos que un granjero puede arrojar a sus tierras. Los granjeros creen que, si se ven obligados a pagar una cuota para transportar estos residuos, sus escasos márgenes de beneficios se evaporarán. El martes, unos mil criadores de cerdos y empleados de las plantas de tratamiento se manifestaron arrojando el contenido de cientos de botellas de residuos frente al ministerio de Energía. 

Los criadores de cerdos son los últimos afectados por los recortes introducidos por todos los gobiernos europeos, que intentan reducir sus abultados déficit presupuestarios y responden al descontento del electorado ante el incremento de la factura de la electricidad. 

Durante 15 años, Alemania,_Reino Unido y otros países como España introdujeron los subsidios a las energías renovables como forma de combatir el cambio climático. Sin embargo, a medida que la economía europea fue retrocediendo, los Gobiernos optaron por adoptar políticas más rentables, dejando de lado las políticas que luchaban contra el cambio climático. 

El problema de España parece ser más grave, ya que los recortes han sido más extremos. Durante años, el Gobierno obligó a las compañías a subvencionar los proyectos de energías renovables, acumulando un importante déficit tarifario. La reforma energética anunciada el pasado verano tenía previsto reducir el crecimiento de este desfase en la tarifa a costa del contribuyente, pero el Gobierno cambió de planes y decidió introducir más recortes de las plantas eólicas y solares. 

Los criadores de cerdos utilizan los residuos de los animales como fertilizante de sus tierras. Después de que la UE decidiera imponer límites a esta práctica, el Gobierno decidió conceder subvenciones a las centrales eléctricas que procesaran los residuos porcinos. Los recortes anunciados por el Gobierno tendrán carácter retroactivo hasta julio de 2013. 

Al no estar dispuestos a asumir las pérdidas derivadas de esta decisión, los propietarios de algunas plantas prefieren cerrarlas. Se calcula que unas 4.000 granjas se verán afectadas por estas medidas. 



Artículo escrito por: Ilan Brat
Publicado en: Expansión.com


¿Qué exigen los gigantes europeos de la energía a sus gobiernos?



Es bastante interesante comparar lo que piden los "grandes de la electricidad" con los "renovables". 

Ayuda a saber en donde esta la situación.



Los máximos ejecutivos de las grandes compañías energéticas del continente (entre ellas Iberdrola, Gas Natural Fenosa y la matriz de Endesa) reclaman a los países de la UE "decisiones ambiciosas pero realistas" para sacar al sector del "estado crítico" en que se encuentra. ¿Qué exigen los gigantes europeos de la energía a sus gobiernos? 

Los grandes de la energía mueven ficha ante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que se celebra desde mañana en Bruselas. Una decena de gigantes energéticos del continente reclaman a los países de la Unión medidas "ambiciosas, pero realistas y oportunas" para embridar los grandes riesgos a los que, a su juicio, se enfrenta el sector: el incremento de los costes, la pérdida continua de competitividad y eventuales problemas de suministro. 

Los presidentes y consejeros delegados de las grandes empresas de la energía (Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Enel -que es la matriz de Endesa-, E.ON, RWE, GDF Suez, Eni, OMV, Gasterra y Cez Group) llevan meses adviertiendo del "estado crítico" en que se encuentra el sector en Europa y se quejan de que las políticas comunitarias y nacionales amenazan la seguridad de suministro, elevan las emisiones de CO2, desincentivan las inversiones y, al tiempo, hacen que las facturas de luz y gas que pagan los clientes sigan creciendo. 

Aunque consideran que el paquete de medidas propuestas por la Comisión Europea en materia de energía y medio ambiente para el periodo 2020-2030 van en el buen sentido, las compañías reclaman a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE que pacten una política energética europea más armonizada, con más interconexiones, mayor competitividad, y con mayor estabilidad y claridad regulatorias. "En definitiva, medidas que permitan a los ciudadanos contar con un acceso a energía limpia y segura a un precio competitivo", dicen los gigantes energéticos en un comunicado conjunto. Y para ello, las compañías leen la cartilla a sus gobiernos y realizan un detallado listado de nueve recomendaciones. 

1) Hacer más competitivos los precios de la energía. 

Para lo que las compañías reclaman la eliminación en las facturas de gas y electricidad de todas las cargas que no reflejen estrictamente los costes de producción, transmisión y distribución de la energía; dejando así fuera tasas y gravámenes adicionales vinculados con políticas sociales o medioambientales. 

2) Devolver el mercado de emisiones al centro de la política energética 

Los grupos reclaman que el Sistema de Intercambio de Emisiones (ETS) se mantenga como el principal instrumento para reducir las emisiones de la industria y del sector energético. Se pide a los Estados miembros que mantengan su apoyo a una rápida y eficaz reforma de los ETS, teniendo en cuenta, además de la capacidad de reserva, otras reformas estructurales de largo alcance. "El mercado de CO2 no debería depender de decisiones políticas sino reflejar directamente la situación económica". 

En este sentido, esta decena de compañías piden a sus gobiernos que apoyen decididamente un único objetivo vinculante basado en una reducción de las emisiones de CO2 para 2030. "La propuesta deberá constar de un objetivo ambicioso pero realista que busque reducir las emisiones de CO2 en todos los sectores de la economía". 

3) Conseguir una alianza global contra el cambio climático. 

Los grandes del sector energético reclaman que la UE no actúe sola en la lucha contra el cambio climático, sino que lo haga de manera multilateral para evitar penalizar a las compañías del continente. "Aunque es esencial que Europa establezca -pronto- su posición negociadora con un compromiso vinculante de reducción de emisiones de CO2 para 2030 ambicioso pero realista, debería aspirar a lograr un acuerdo vinculante durante las próximas negociaciones para el cambio climático previstas en París para 2015". Y si no se consiguiera el acuerdo, las compañías piden que se garantice la competitividad de la industria europea en el marco de la globalización. 

4) Moderar las ayudas públicas a renovables 

Los grupos energéticos avisan de que las ayudas públicas al fomento de las energías renovables han de moderarse. "Los mecanismos de apoyo a las fuentes de energías renovables han sido útiles para poner en marcha las inversiones en el sector", dice el comunicado, pero "algunos mecanismos mal diseñados resultaron en mayores costes para la sociedad que los inicialmente previstos, produciendo distorsiones en el mercado de la electricidad". 

En este sentido, mandan un recado específico al Gobierno español, subrayando que los países de la UE no deberían tomar decisiones con carácter retroactivo (los recortes que ultima el Ejecutivo de Mariano Rajoy a las primas a las renovables lo son), porque es "extremadamente perjudicial para la confianza de los inversores". 

En paralelo, las compañías dice que las nuevas instalaciones de las energías renovables ya implantadas(fotovoltaica, eólica terrestre, hidroeléctrica y biomasa) deberían poder competir gradualmente con fuentes de energía más convencionales. Esto es, las subvenciones deberán vincularse a los precios de mercado para incentivar la instalación de nueva capacidad en función de las necesidades del mismo. Y, por su parte, las tecnologías bajas en emisiones que sean menos maduras (como la undimotriz y la mareomotriz) deberían beneficiarse del fortalecimiento de la investigación y el desarrollo en lugar de subvenciones a la producción. 

5) Apoyar las tecnologías verdes con una ambiciosa política de I+D 

En el marco del programa europeo de innovación Horizonte 2020, se ha de contribuir al desarrollo de un sector industrial y energético con menores emisiones de carbono. Un objetivo que se conseguiría a través de proyectos concretos en los campos de las tecnologías inteligentes, la captura y almacenamiento de CO2, el almacenamiento de energía, la gestión de la demanda, la conversión de energía en gas combustible, la modernización de las redes de distribución, el gas de esquisto en Europa, la infraestructura de combustibles alternativos para el transporte y otras fuentes renovables aún inmaduras. 

6) Un mix energético más diversificado 

Según las grandes compañías, Europa necesita todos los tipos de energía, y subrayan que renovables y fuentes convencionales poco contaminantes ofrecen grandes oportunidades para garantizar la seguridad de suministro. "Un mix de generación equilibrado basado en las señales de mercado adecuadas es un elemento clave de una renovada política energética europea. El suministro de energía baja en emisiones y eficiente en costes deberá guiarse por la libre competencia entre todas las tecnologías bajas en emisiones". 

7) Más rutas de importación y más producción local 

Además de mejorar el uso de las infraestructuras existentes, las compañías creen que la UE debería fortalecerse la diversificación de las fuentes de suministro e importación de gas. Un llamamiento que llega en plena crisis con Rusia, el principal suministador de gas a Europa, a cuenta de Ucrania y Crimea. Los grupos europeos piden una "expansión acelerada" del sistema de gasoductos e interconexiones para garantizar la competencia en la Unión Europea y, por ende, la competitividad de los precios a largo plazo. 

Asimismo, Europa deberá apoyar la explotación de sus propios recursos energéticos, dicen las compañías. "El uso de fuentes de energía autóctonas constituye una ventaja competitiva y económica para Europa, pudiendo jugar un papel estabilizador de los precios y mejorar la independencia energética", apuntan, en un momento en que existen diferentes políticas nacionales para regular la explotación del gas pizarra a través del fracking. "Además de tener en cuenta las preocupaciones medioambientales, las reglas deben ser claras y razonables para atraer, en lugar de disuadir, las inversiones", indican. 

8) Remunerar la capacidad disponible como garantía de suministro 

Las empresas firmantes apuntan que los países de la UE deben saber equilibrar la dinámica del mercado con los mecanismos de pago por capacidad (esto es, por tener instalaciones energéticas disponibles para su uso). "De lo contrario, podría ponerse en peligro la seguridad de suministro en el sector eléctrico. Los mecanismos de remuneración de la capacidad no son subvenciones, sino parte de un nuevo diseño de mercado y el pago de un servicio para garantizar la disponibilidad cualificada y la seguridad de suministro. 

9) Un mercado interno más fluido e interconectado 

"Un mercado interno de la energía, interconectado y que funcione correctamente es una pieza clave para mejorar la fiabilidad interna y el rendimiento en la Unión Europea", apuntan las empresas en el comunicado "De forma especial se necesita avanzar en el acoplamiento de los mercados eléctricos" En este sentido, los grupos subrayan que la coordinación transfronteriza en la UE (sobre mecanismos de remuneración de la capacidad, mecanismos de apoyo a las energías renovables...) requiere de "fuertes mecanismos de control" que eviten la fragmentación nacional. 


Artículo escrito por: David Page 
Publicado en: Expansión.com

Las tarifas de la luz que quiere imponer el Gobierno vulneran la Ley del Sector Eléctrico (FACUA)


La norma indica que los consumidores tienen derecho a "ser suministrados a unos precios fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios"


La que incumpliría el nuevo sistema tarifario incumpliría una norma impulsada por el propio Gobierno de Mariano Rajoy y publicada en el BOE hace sólo mes y medio.


El nuevo sistema de tarifas eléctricas que pretende imponer el Gobierno no sólo vulneraría la legislación en materia de protección de los consumidores, vigente desde mediados de los años 80. FACUA-Consumidores en Acción advierte de que también incumpliría la propia Ley del Sector Eléctrico, impulsada por el propio Gobierno de Mariano Rajoy y publicada en el BOE hace sólo mes y medio. 

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico establece en su artículo 44 que los consumidores tendrán derecho a "ser suministrados a unos precios fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios" (apartado 1.i). 

En contra de lo establecido en esta nueva norma, el borrador de Real Decreto por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor y su régimen jurídico de contratación plantea que los usuarios no podrán conocer las tarifas que les cobrarán hasta que no les lleguen las facturas. Así, el importe de cada kWh consumido será distinto cada día o cada hora, según el tipo de contador que tengan instalados los consumidores lo que supondrá la aplicación de sesenta tarifas distintas en cada periodo bimestral para quienes no tengan aún los nuevos contadores de telegestión habilitados y unas 1.500 tarifas para los que sí dispongan de ellos. 

El disparatado sistema facilitará a las compañías nuevas subidas injustificadas y provocará un auténtico caos, con un recibo infinitamente más opaco que hará prácticamente imposible verificar si se producen errores o fraudes en la facturación. 

Asimismo, la pretensión del Ejecutivo vulnera la legislación española en materia de consumo. FACUA señala que no pueden modificarse las tarifas de un servicio sin facilitar esta información previamente a los usuarios, de manera que puedan decidir si aceptan o no las nuevas condiciones. Se trata de un derecho reconocido en la legislación de protección de los consumidores desde mediados de los años 80. 

La información sobre el precio de un servicio antes de su contratación es un derecho esencial de los consumidores. Así lo recogen los artículos 20 y 60 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 

Asimismo, el artículo 85.10 de la citada norma considera abusivas "las cláusulas que prevean la estipulación del precio en el momento de la entrega del bien o servicio". 

FACUA recuerda que el eléctrico se ha convertido en el tercer sector más denunciado por los consumidores españoles, tras las telecos y la banca. El nuevo sistema puede provocar un incremento exponencial de las reclamaciones que las autoridades competentes de ámbito estatal y autónomico no están en absoluto capacitadas para atender dada su enorme falta de medios. 

Auténtica aberración 

FACUA considera que el sistema que pretende imponer el Ministerio de Industria, Energía y Turismo representa una auténtica aberración. Y es que implica la imposición al consumidor del pago de tarifas que no conocerá hasta recibir la factura y que dependerán del mecanismo de fijación de precios en el mercado mayorista diseñado por el Gobierno del PP a finales de los 90. Una fórmula que FACUA rechazó desde su implantación y que en la última década ha provocado subidas brutales que alcanzan el 75% para el usuario medio. Subidas que se han visto agravadas por la subasta impuesta por el Ejecutivo del PSOE en 2009, que introdujo un plus de especulación en el sistema. 

El mercado mayorista eléctrico, conocido como pool, funciona mediante un sistema de pujas por el que se van adjudicando los paquetes de electricidad hasta cubrir la demanda total, siguiendo un rango de precio ascendente, esto es, de la oferta más barata a la más cara. El precio final de la electricidad o precio marginal, que es el que se paga a todos los generadores por igual, viene determinado por la última oferta en ser aceptada, es decir, la más elevada. 

Fuente: FACUA

lunes, 17 de marzo de 2014

Industria fijará en un 25% la rebaja en la factura para el bono social


El Ministerio de Industria, Energía y Turismo fijará en el 25% el descuento en el recibo de la luz del que pueden beneficiarse los consumidores vulnerables, según consta en el borrador de real decreto remitido al Consejo de Estado con el nuevo mecanismo de revisión de precios de la electricidad.

El bono social consiste en la actualidad en la congelación de la tarifa eléctrica en niveles de 2009, con lo que las subidas de luz se convierten en un ahorro relativo para sus beneficiarios. El descuento actual ya supera el 25% y habría ido en aumento si se produjesen nuevas subidas. 

En el artículo 16 del borrador de real decreto, Industria indica que los consumidores vulnerables pagarán una "tarifa de último recurso" que consistirá en el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) menos un 25%. 

El nuevo bono social será precisamente la diferencia entre la facturación del PVPC y esta tarifa de último recurso, señala Industria, que también precisa que el porcentaje del 25% podrá modificarse previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno. 

El bono social de la luz creado en 2009 para proteger a determinados colectivos vulnerables contaba a finales del año pasado con cerca de 2,5 millones de beneficiarios, según se aprecia en el informe de enero sobre indicadores eléctricos elaborado por la CNMC. 

Las familias numerosas, las familias con todos los miembros en paro, los consumidores con tarifa social y las pensiones mínimas pueden disfrutar de esta ayuda. La nueva Ley del Sector Eléctrico (LSE) añade a estos requisitos otro condicionado a la renta. 

Descuentos actuales 

El informe de la CNMC indica que, con precios de septiembre de 2013, la rebaja es del 25,6%, ya que los usuarios con tarifa pagan 18 céntimos por kilovatio hora (kWh) y los beneficiarios del bono social, 13,4 céntimos. 

Este descuento es en realidad mayor en la actualidad, ya que desde septiembre del año pasado se han producido dos subidas del recibo eléctrico, una del 3,1% en octubre y otra del 2,3% en enero, cuando el Gobierno, tras suspender la subasta eléctrica de diciembre, elevó un 0,9% la parte regulada de los peajes y un 1,4% la referida al coste de la energía. 

Fuentes de la noticia: Europa Press y Expansión.com

sábado, 15 de marzo de 2014

Modelo de carta de reclamación para Gas Natural-Fenosa por el tema de los contadores inteligentes



Es uno de los temas "nuevos" que vamos a ir tratando por lo que supone de actualidad.



Escrito Fenosa by Juan Carlos Soriano Gimenez

Informe Lagares: aumento del Impuesto de Electricidad


Los temas fiscales van a ser uno de los auténticos "caballos de batalla" en temas relacionados con el suministro de electricidad en los próximos meses. En esta entrada solo queremos dejar constancia de lo que dice el ya famoso "Informe Lagares" sobre el tema de la Reforma Fiscal que va a llevar adelante el Gobierno. 


El ministro de Hacienda: Cristóbal Montoro.


Recordar que son propuestas de una comisión de expertos a los que se les han consultado y no necesariamente son vinculantes.

El informe recomienda suprimir el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, ya que fue creado por el Gobierno para financiar el déficit tarifario pero «no responde a ningún criterio medioambiental sino que tiene un fin meramente recaudatorio». 

Como compensación, los expertos proponen aumentar el Impuesto sobre la Electricidad. No obstante, lo recaudado por ese incremento no correspondería a las comunidades autónomas, que actualmente perciben el 100% de la recaudación.

Escrito por: Y González 
Publicado en: Expansión.com